Paramilitares, falsos testigos y sobornos, describen la relación entre el expresidente colombiano Álvaro Uribe y su abogado

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La detención preventiva del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez decretada el pasado martes por la Corte Suprema de Justicia del país andino es la última decisión de una larga investigación que se originó en 2012, dos años después de que dejara el poder. El caso es una maraña en la que se mezclan paramilitares, las sombras de coacciones y falsos testimonios. Y sus consecuencias han provocado un terremoto político. Si el fondo de las acusaciones iniciales era la supuesta relación del exmandatario con grupos de autodefensas, la razón que llevó a los jueces a decretar por unanimidad una medida cautelar de arresto domiciliario es la sospecha de manipulación de testigos.

El jefe de la Sala Especial de Instrucción, Héctor Javier Alarcón Granobles, lo calificó de “presunto determinador de delitos de sobornos a testigos en actuación penal y fraude procesal”. El jueves, el tribunal dispuso la misma medida contra el abogado de Uribe, Diego Cadena, quien fue contratado para desmontar los señalamientos del senador izquierdista Iván Cepeda. La Corte tomó una decisión arriesgada, sin precedentes en Colombia, que se enfrenta a las resistencias de una parte de la sociedad, convencida de que existe una persecución, y a los reparos del actual presidente, Iván Duque, que defiende la inocencia de Uribe. La justicia tendrá que establecer su grado de implicación en la estrategia de defensa. ¿Qué sabía el expresidente?

EL PAÍS ha tenido acceso a informes e interceptaciones telefónicas de la Fiscalía General, incorporados al sumario del caso, que muestran el interés del actual senador y jefe del partido de Gobierno, el Centro Democrático, en cada paso de la investigación, la búsqueda de testigos, sus reacciones y disposición a colaborar. Las comunicaciones entre el político y su abogado son constantes. Cadena habla abiertamente de una declaración manuscrita que él mismo redactó y registró como prueba y pide ayuda a Uribe para que interceda personalmente ante un posible testigo con el que se reunió en Miami. Ambos comparten su preocupación por las indagaciones de una magistrada auxiliar del tribunal. En definitiva, concluyen los investigadores, “Diego Cadena se comunica con el señor Álvaro Uribe Vélez en varias oportunidades, a quien le informa cada acción que adelanta frente al caso objeto de investigación”.

Estas conversaciones se remontan al primer semestre de 2018, cuando la contienda judicial entre el exmandatario y Cepeda dio un giro. La Corte comenzó entonces a ahondar en la actuación de Uribe y en la presunta contaminación de pruebas. Y hoy la Sala de Instrucción esgrime precisamente los “posibles riesgos de obstrucción de la justicia” para argumentar la detención cautelar. El despacho del actual abogado de Uribe, Jaime Granados, rechaza esa medida y pide al tribunal que levante el secreto de sumario. “El país debe saber que el presidente Uribe no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo, ni dio instrucción alguna para que se consiguieran testigos”, señaló Granados.

En el caso hay dos testigos determinantes, los antiguos paramilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez. Ambos en la cárcel, declararon ante el juez que fueron presionados con ofrecimientos para modificar las versiones que vinculaban al exmandatario, que gobernó entre 2002 y 2010, y a su hermano Santiago a la creación, en los años noventa, de un bloque de las autodefensas en una hacienda familiar. En una comunicación entre Cadena y su cliente, el 9 de abril de 2018, queda reflejada la inquietud de ambos por el hecho de que Monsalve ya no esté tan dispuesto a cambiar su testimonio.

“Debemos persistir”

-Cadena: Mire las incoherencias, el tipo cuando yo lo entrevisto por petición de él llega y me dice “doctor Cadena, yo estoy muy preocupado porque aquí en la Picota [la cárcel de Bogotá] se filtró que yo iba a retractarme y tengo temor por mi vida”. Se acuerda de que él estaba pidiendo la seguridad que le íbamos a hacer en la petición formal a la Corte.