Primer ministro de Haití justifica su permanencia en el poder ante vacío legal

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AFP.- El Primer ministro haitiano, Ariel Henry, justificó el lunes su permanencia en el poder ante el vacío jurídico que cumple siete meses tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, estimando que la crisis en el país no permite distracciones políticas. 

“La situación del país es demasiado grave para que perdamos nuestro tiempo jugando a las sillas musicales a la cabeza del Estado”, declaró Henry. 

Desde julio, el mandatario sufría ya una falta de legitimidad, al no haber sido instalado oficialmente en su cargo dado que Moïse lo nombró penas dos días antes de su asesinato. 

Hoy, sus detractores impugnan su permanencia en el puesto después del 7 de febrero, fecha en que se celebra el traspaso del poder presidencial. La Constitución haitiana fija esta fecha en recuerdo de la caída de la dictadura de los Duvalier de 1986. 

“Nadie tiene ni la autoridad ni el derecho de reunirse en un hotel o en el extranjero para decidir, en ‘petit comité’, quién será presidente o Primer ministro”, criticó el jefe de Estado, llamando al diálogo. 

Desde inicios de año, varios grupos de la oposición organizaron reuniones en Haití y Estados Unidos, con el fin de nombrar dirigentes para eventuales regímenes de transición. 

Pero desde el atentado que le costó la vida a Moïse, la clase política no encuentra consenso.

Las calles de la capital Puerto Príncipe estaban desiertas este lunes ante temores de eventuales manifestaciones violentas. No obstante, no se registraron mayores inconvenientes en la ciudad, donde el fin de semana ocurrieron varios secuestros y actos violentos de bandas delictivas. 

Antes de la intervención del Primer ministro, el presidente del Senado declaró que Henry solo tenía autoridad hasta la medianoche, momento a partir del cual solo tendría que ocuparse de asuntos de actualidad.  

Aunque ante una oposición dividida y beneficiándose del apoyo de la comunidad internacional, Henry renovó el lunes su plan de organizar elecciones lo antes posible y una consulta popular para la adopción de una nueva Constitución.