Después de ser ratificado por la corte en el caso Operación Medusa, el juez Amauri Martínez seguirá conociendo este viernes el expediente de corrupción en el que se vincula al exprocurador Jean Alain Rodríguez (2016-2020), cuya etapa preliminar tiene ocho meses sin que el Ministerio Público haya podido empezar a leer la acusación.
En esta semana, la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó la recusación que presentara el día 12 del mes corriente el acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, quien imputó al magistrado estar parcializado en el proceso.
El tribunal de segunda instancia consideró que las razones presentadas por Solano Augusto contra el magistrado del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional no constituían motivos algunos para recusar a un juez, según el artículo 78 del Código Procesal Penal.
El pedimento para que se apartara del proceso a Martínez fue el último incidente que ha provocado que el juicio preliminar, llamado juicio de las pruebas, se haya postergado en cuatro ocasiones, la primera vez por un plazo de 60 días, sin incluir los días feriados, para que los más de 60 encartados prepararan sus medios de defensas contra el expediente de más de 12,200 páginas y 3,500 pruebas del Ministerio Público.
Una petición parecida la hizo el exprocurador general, pero antes de la etapa preliminar, cuando solicitó en marzo del 2022, que sustituyeran del caso a 29 fiscales, que también fue considerada «improcedente, carente de base legal y falta de seriedad procesal».
Junto a otras 40 personas, entre exfuncionarios de su confianza y empresarios que supuestamente pagaron sobornos para ser favorecidos en licitaciones para construcciones en el Plan de Humanización Penitenciario, a Rodríguez se le acusa de estafar al Estado con más de 6,000 millones de pesos.
Dos años en los tribunales
El proceso contra Jean Alain Rodríguez cumple dos años el 29 de este mes de junio. Comenzó con su detención cuando acudió a la Procuraduría General, supuestamente para saber sobre la investigación en su contra y se ejecutó una orden de arresto que pesaba sobre él. Después de 18 meses en prisión, al exfuncionario se le impuso arresto domiciliario y grillete electrónico, medida coercitiva que cumple actualmente.
