Santo Domingo.- El secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinatrae), emplazó este jueves a las autoridades sanitarias a mostrar dónde están las camas para pacientes con COVID, esto luego de que Salud Pública asegurara que hay camas disponibles en los hospitales para la demanda de la población.
“Fue penoso la declaración que hizo la viceministra de salud porque nosotros seguimos insistiendo que cuando están contabilizando las camas de pacientes de COVID están contando con camas de hospitales que quedan en provincias o en municipio donde hay una baja porcentaje de contagios”.
Julio César García dijo que en el país se han identificado cinco zonas de mayores contagios entre ellas: el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, San Francisco de Macorís y Azúa, “yo quiero que ellos digan en esa cinco zonas donde están las camas disponibles. Aquí hay compañeros que están acá que trabajan en el Marcelino Velez, no hay camas”
Resaltó que de acuerdo a los reportes tanto en el Gran Santo Domingo como en Santiago las camas están ocupadas.
“Están improvisando camillas en algunos casos”
Sobre la declaración de que ofreció este miércoles la coordinadora del Gabinete de Salud y vicepresidenta, Raquel Peña, de que hay pruebas PCR suficientes para la demanda de la población, César García dijo que solo buscan tranquilizar a la ciudadanía.
“Aquí hay personas que están llegando a las 5 de la mañana hacer filas en los laboratorios y no han podido conseguir una prueba porque también aquí hay un tema que hay que dejarlo claro, el Estado le entregó el monopolio de las pruebas al sector del laboratorio privado lo que ha provocado dificultades“
Sobre el tema de la vacunas de AstraZeneca que el Gobierno comenzará a aplicar en el país en los próximos meses, el secretario general de SINATRAE advirtió que no aceptarán vacunas para sus enfermeras y enfermeros afiliados que no garanticen efectividad y que no estén certificadas por la Organización Mundial de la Salud.
“Hay muchos negocios con el tema de la vacuna”
Señaló además que el Gobierno se precipitó al contratar 10 millones de dosis de una vacuna que no se había demostrado su eficacia, aunque este miércoles Salud Pública defendió la calidad de ese fármaco.
