El gobierno está obligado a actuar ante el escándalo por las denuncias de alegadas irregularidades en las licitaciones de Edeeste y EDENORTE-CCC-LPN-2022-0009, compra de cables concéntricos y materiales eléctricos, que forzaron al administrador de esta última empresa a cancelar temporalmente una adjudicación por RD$222 millones de pesos a un proveedor que supuestamente no cumple los requisitos técnicos ni legales”, plantea el movimiento cívico Sed de Justicia.
En ese sentido, la entidad no partidista reclama a la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, iniciar la investigación conducente a recomendar al presidente Luis Abinader la destitución de los señores Andrés Astacio Polanco, secretario del Consejo Unificado, y Andrés Cueto, administrador gerente general de Edenorte, por los supuestos vínculos de la empresa beneficiaria con ejecutivos de las edes.
“De acuerdo a otras empresas proveedoras de materiales eléctricos, que han sostenido la denuncia pública y una decena de impugnaciones, existe la sospecha de que se pudo tratar de un proceso de compra hecho a la medida de esa empresa adjudicataria, argumentos que de ser ciertos colocarían a los gestores de esa licitación en una situación jurídica delicada”, destaca la entidad en un comunicado de prensa.
La destitución y sometimiento a la Justicia es pedida también contra los integrantes del Comité de Compras de Edenorte, señores Felipe Rodríguez Tatis; Juana Elizabeth Cruz Almanzar, Domingo Antonio Guzmán, Gustavo Adolfo Martinez , Alberto José Padilla Rosario y el encargado de Control de Calidad, Félix Alberto Jiménez Sosa.
“Tomándole la palabra al presidente Luis Abinader, quien ha garantizado cero impunidad durante su gobierno, nos permitimos, respetuosamente, solicitarle iniciar una investigación para destituir y someter a la Justicia a estos funcionarios”, dice una misiva remitida por Sed de Justicia a la Dra. Ortiz Bosch.
La querella en contra de los funcionarios por ante la Procuraduría General de la República, a través de una denuncia depositada ante la Magistrada Mirna Ortiz por una comisión de Sed de Justicia, bajo los cargos de prevaricación, intento de estafa contra el Estado, violación a la ley de compras y otros delitos, algunos de los cuales conllevarían prisión y la degradación cívica, explica la entidad no partidista.
