Han pasado 14 años desde que el gobierno de Evo Morales nacionalizó el litio en Bolivia, el llamado «oro blanco» que se ha convertido en uno de los metales críticos para la fabricación de baterías eléctricas o el almacenamiento de energías renovables.
Es tan codiciado que las proyecciones de expertos estiman que su precio podría subir exponencialmente en los próximos 20 años en medio de la transición energética que está experimentando el mundo para reducir las emisiones contaminantes.
Y ahora que la guerra en Ucrania le ha dejado en claro a Occidente que es peligroso depender del gas y el petróleo que exporta Rusia, hay una acelerada carrera por conseguir aquellos metales necesarios para electrificar las economías.
Siendo parte de los metales considerados como «el nuevo petróleo» del siglo XXI, la producción de litio pasó a ser en 2008 un producto manejado por el Estado de Bolivia con el objetivo de que la riqueza de su venta beneficiara a todos los bolivianos.
A más de 6.000 kilómetros de distancia, el gobierno mexicano puso sobre la mesa hace unos días el plan de nacionalizar el codiciado recurso reformando la Ley de Minería para que el litio sea explotado «únicamente por el Estado».
El blindaje al litio mexicano
«No saben (…) la ambición que despierta en las grandes potencias porque es un mineral estratégico para el desarrollo del futuro», dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando presentó su propuesta.
La reforma estipula que «la exploración, explotación y aprovechamiento del litio estarán exclusivamente a cargo del Estado», que será patrimonio de la nación y «se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México» por lo que «no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia».
