Más allá de las medallas y la inversión de aproximadamente US$160 millones realizada por el Estado dominicano en la construcción y remodelación de 16 instalaciones deportivas para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el principal desafío será garantizar que estas infraestructuras mantengan su utilidad social y económica una vez concluido el evento el próximo 8 de agosto.
Así lo plantea la ingeniera civil Ydalia Martínez Mejía, especialista en estructuras y proyectos de inversión pública, quien considera que las intervenciones ejecutadas en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Parque del Este responden a necesidades acumuladas durante años y no únicamente a los requerimientos de la justa deportiva.
Ingeniera civil Ydalia Martínez Mejía, especialista en estructuras y proyectos de inversión pública.
“Considero que el proceso de construcción, acondicionamiento y rehabilitación de las instalaciones deportivas destinadas a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, especialmente las ubicadas en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y en el Parque del Este, responde a necesidades acumuladas durante muchos años. La celebración de los Juegos constituyó el motor que permitió convertir estas intervenciones en una realidad”, afirmó en entrevista a elDinero.
La especialista sostiene que las adecuaciones realizadas cumplen con estándares internacionales y representan una oportunidad para fortalecer la preparación de los atletas dominicanos. Sin embargo, enfatiza que el valor de estas obras trasciende el deporte de alto rendimiento y debe beneficiar a la población en general.
“Desde la perspectiva de la gestión pública, una infraestructura de esta naturaleza debe concebirse como un activo público al servicio del desarrollo humano y no únicamente como el soporte físico de un evento determinado”, señaló la docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Martínez Mejía explicó que el aprovechamiento de estas instalaciones podría generar impactos positivos en las comunidades cercanas, tanto en términos de calidad de vida como de desarrollo urbano. A su juicio, la rehabilitación de estos espacios puede contribuir a dinamizar el entorno, fortalecer la convivencia comunitaria y propiciar nuevas actividades económicas y sociales.
“Desde el punto de vista urbano, la rehabilitación de estas instalaciones puede contribuir a recuperar y dinamizar el entorno, incrementar el uso del espacio público, fortalecer la convivencia comunitaria y generar nuevas actividades económicas y sociales”, indicó.
No obstante, advirtió que estos beneficios no surgirán de manera automática. Según explicó, la infraestructura por sí sola no garantiza resultados sostenibles si no existe una gestión adecuada y una participación activa de las comunidades.
“La infraestructura constituye una condición necesaria, pero no suficiente. Para generar un impacto sostenible debe estar acompañada de programas permanentes, mecanismos de participación ciudadana, recursos para su operación y mantenimiento, normas claras de uso e indicadores que permitan evaluar su contribución efectiva a la salud, la convivencia, la inclusión y la calidad de vida”, expresó.
Respecto al riesgo de que las instalaciones se conviertan en “elefantes blancos”, Martínez Mejía considera que el éxito de la inversión dependerá de la capacidad del Estado y de los distintos actores sociales para garantizar un uso continuo y una administración eficiente de los espacios.
“El éxito de la construcción de una infraestructura pública, independientemente de su naturaleza, no depende solamente de la calidad de la obra, sino también del uso, la gestión y el mantenimiento que reciba a lo largo de su vida útil”, sostuvo.
Asimismo, afirmó que el papel de las autoridades no debe concluir con la entrega de las instalaciones una vez finalizados los Juegos, sino que debe incluir la creación de un modelo de gestión sostenible.
“Es necesario establecer un modelo de gestión posterior al evento que defina claramente quiénes serán responsables de administrarlas, mantenerlas, financiar sus operaciones, regular su uso y rendir cuentas sobre los resultados alcanzados”, agregó.
La especialista también destacó la importancia de desarrollar políticas públicas intersectoriales que involucren a diversas instituciones para promover el deporte, la inclusión social y el bienestar de la población, así como la necesidad de recopilar información que permita evaluar el impacto de las inversiones realizadas.
Martínez subrayó que el verdadero legado de Santo Domingo 2026 no dependerá exclusivamente de los resultados deportivos obtenidos durante la competencia, sino de la capacidad de las obras para generar beneficios duraderos.
“La verdadera medida del éxito de estas obras no será solamente la celebración de los Juegos Santo Domingo 2026, sino su capacidad para continuar generando valor público, inclusión, salud, convivencia y oportunidades para la población durante muchos años”, puntualizó.
