El Ministerio Público de República Dominicana pidió este martes cuatro meses más para presentar la acusación formal contra Santiago Hazim y otros nueve imputados en el caso que investiga una presunta estafa de más de 19,000 millones de pesos (USD 325,621.25) al sistema público de salud de República Dominicana, una causa que además sigue abierta y podría incorporar nuevas imputaciones.
La solicitud fue presentada ante la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, por el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz. El expediente será remitido al juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que deberá notificar a las defensas y a los representantes del Estado dominicano antes de fijar una audiencia para decidir sobre la prórroga.
La revisión obligatoria de la medida de coerción fue fijada para el 30 de julio. Ese día, Peguero conocerá la situación de los imputados que siguen en prisión preventiva en la cárcel de Las Parras, en una audiencia que puede incidir en la situación procesal de quienes cumplen la medida más restrictiva.
Cinco de los 10 acusados iniciaron acercamientos con el órgano persecutor para negociar un acuerdo penal abreviado y admitir culpabilidad, según informó Listín Diario.
De acuerdo con el medio, esas conversaciones avanzan mientras la fiscalía prepara una nueva etapa de la pesquisa, identificada como “Senasa 2.0”.
Una fuente vinculada a la investigación, citada por la publicación, atribuyó esas gestiones a la “solidez de las pruebas” reunidas. El caso, según esa misma línea de investigación, no está cerrado y todavía abarca a otras personas físicas y jurídicas.
Junto a Hazim figuran como imputados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma. Los cinco primeros permanecen en prisión preventiva en Las Parras, mientras Ledesma cumple arresto domiciliario.
También están imputados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, todos bajo arresto domiciliario. Los tres admitieron ante el tribunal haber pagado sobornos a Hazim y a otros funcionarios de Senasa, una colaboración que les permitió obtener esa medida de coerción en lugar de la prisión preventiva.
La acusación del Ministerio Público sostiene que la estructura habría operado entre 2020 y 2025 y que el fraude al Estado dominicano supera los 19,000 millones de pesos. Esa cifra elevó la estimación inicial, que situaba el perjuicio en más de 15,000 millones de pesos.
Según la investigación, la maniobra afectó de forma directa el sistema público de riesgos de salud. Los delitos atribuidos a los acusados incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.
El Ministerio Público reiteró que la causa permanece abierta. Esa definición implica que, además de los arrestados actuales, otras personas y empresas continúan bajo investigación y que podrían producirse nuevas imputaciones en los próximos meses.
