El pasado sábado, un terremoto de magnitud 5,2 sacudió Granada. Se sintió hasta en Madrid, con epicentro en Alhendín y decenas de réplicas por Andalucía. Pero otro terremoto, uno legal, lleva semanas removiendo los cimientos económicos de media región sin aparecer en ningún sismógrafo. Trece personas han caído por exprimir el hueco fiscal más rentable de España. Hablamos del alcohol y las bebidas que no pagan IVA hasta el último tramo de la cadena.
Quién. La Policía Nacional, la Agencia Tributaria y el Servicio de Vigilancia Aduanera desarticularon el 14 de julio la operación Drink/Alambique, con nueve registros en empresas de La Puebla de Cazalla (Sevilla), Córdoba, Badajoz y Valencia, y un domicilio particular en la localidad sevillana. Resultado: trece detenidos, otros 4 investigados, 66.000 euros en efectivo, relojes de lujo, 35 cuentas bloqueadas y once inmuebles embargados.
Cuánto. La cuota defraudada entre 2018 y 2025 asciende a 11,9 millones de euros. Hacienda admite que puede crecer conforme avance el análisis de pruebas. Detrás, más de treinta sociedades y 173 cuentas bancarias bajo lupa, con importaciones masivas de alcohol desde depósitos fiscales de Países Bajos y Portugal hacia instalaciones similares en España, según detalla AionSur. En Córdoba, la investigación llegó a través del registro de una empresa mercantil.
El truco. No esconde ningún misterio técnico, solo aprovechamiento de un depósito fiscal: almacén donde el alcohol circula sin pagar IVA ni impuestos especiales mientras permanece dentro del régimen suspensivo. El impuesto se devenga solo cuando la mercancía sale al mercado. Ahí entran las «truchas» o empresas fantasma: compran, asumen la obligación de ingresar el IVA repercutido, revenden con descuento gracias a ese ahorro y desaparecen antes de que Hacienda llame a la puerta. El resto de la cadena deduce mientras tanto un IVA que nadie ingresó jamás. Competencia desleal financiada con dinero público que no llega a ningún sitio.
En España, superar los 120.000 euros de cuota defraudada convierte la infracción administrativa en delito contra la Hacienda Pública, según el artículo 305 del Código Penal, con pena base de uno a cinco años de cárcel. Si la cuota supera 600.000 euros o la trama actúa como organización criminal, como es el caso, el tipo agravado del artículo 305b eleva la horquilla a 2-6 años. Los cabecillas de Drink/Alambique lo superan casi cien veces.
La magia del fraude carrusel. O missing trader fraud, la variante intracomunitaria del fraude de IVA que Bruselas persigue desde hace más de una década. Drink/Alambique ni es un caso aislado ni el mayor. En marzo de 2026, otra operación de Hacienda desarticuló una red con dieciocho detenidos y un agujero de 32,8 millones en Barcelona, Tarragona y Valencia: cuarenta inmuebles embargados, más de 430.000 euros en efectivo.
Y en julio de 2025, la UCO de la Guardia Civil, esta vez sí, investigó a 93 empresas por el mismo mecanismo, bajo dirección de la Fiscalía Europea. El sector del automóvil de lujo sufrió algo parecido: la Fiscalía Europea calculó otro fraude de 12 millones en la reventa de coches usados en Valencia, con un Rolls Royce incautado entre catorce vehículos.
Lo que dejan de ingresar. En 2023, los veintisiete dejaron de ingresar 128.000 millones de euros en IVA por incumplimiento, según el informe VAT gap de la Comisión Europea: un 9,5% de lo que deberían recaudar. Francia, Alemania, Italia, Polonia, Rumanía y España concentran el 75% de ese agujero. España, contra lo que sugiere el ruido mediático, no destaca por incumplimiento: su brecha ronda el 7,5%, bastante por debajo de la media europea. El problema español va por el lado del «policy gap», esa recaudación que se pierde por exenciones y tipos reducidos. Ahí casi batimos récords, según el informe de Bruselas que reclama subir el IVA de la hostelería del 10% al 21%.
Soluciones truchas. El Consejo aprobó en noviembre de 2024 el paquete IVA en la era digital, que obligará a facturar electrónicamente las operaciones intracomunitarias casi en tiempo real. La idea era cruzar los datos de compra y venta entre países antes de que una sociedad «trucha» tenga tiempo de facturar, cobrar y desaparecer. Pero la detección sigue dependiendo de análisis patrimoniales: rastrear coches, inmuebles o relojes de lujo que no cuadran con lo declarado.
Ya se sabe que el alcohol, a diferencia de los alimentos, no goza de tipo reducido. Está gravado con el IVA general del 21% y, además, un impuesto especial que en las bebidas derivadas alcanza 958,94 euros por hectolitro de alcohol puro. Ese margen fiscal tan alto convierte el fraude en un negocio con retorno inmediato, porque cada litro que escapa del circuito legal vale, en impuestos evitados, más que el propio producto.
Sobra mercado para sostener la trama. España consume una media de 11 litros de alcohol puro por persona al año, por encima de la media de la OCDE (8,5 litros) y en tendencia contraria al resto de Europa: mientras la mayoría de países bebe menos desde 2013, España, junto con Portugal y Rumanía, sumó más de dos litros por cabeza en la última década, según datos de la OCDE.
Es verdad que la gen Z bebe menos y la gráfica general muestra una importante caída, pero siguen dándose muchos atracones (binge drinking) y se sigue vendiendo a espuertas. España ocupa el noveno puesto mundial en consumo per cápita según el último ranking de la OMS, y las ventas de bebidas alcohólicas tocaron máximo histórico en 2022, con 5.764 millones de litros.
Imágenes | EFE
