Este año, al menos 59 mujeres dominicanas han muerto a manos de un hombre. Es la cifra que reconoció la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, a mediados de agosto de 2026, el conteo más alto en años, y que sigue subiendo: solo en los primeros once días de ese mes, Neliza Figueroa, Nelqui Alejandra Rodríguez García y Génesis Brito se sumaron a la lista. Cincuenta y nueve veces alguien tuvo que reconocer un cuerpo, cerrar un ataúd, explicarle a un hijo por qué su madre no vuelve.
El aumento no es un salto repentino, es una curva sostenida. Según los boletines oficiales de la Dirección Nacional Contra la Violencia de Género del Ministerio Público, el país registró 22 feminicidios entre enero y marzo, cerca de 30 hacia mayo, y llegó a 59 en agosto. Yanina Fondeur, presidenta de la Fundación Vidas sin Violencia, ya advertía en julio un incremento de más del 80% frente al año anterior para esa misma fecha.
No son estadísticas abstractas. Tienen nombre. Miguelina Uribe Recio, de 25 años, sobrevivió el 1 de julio a un ataque con arma blanca en Santo Domingo Este; su expareja fue detenido días después. Clarinete Asencio no corrió la misma suerte: perdió la vida en San Cristóbal, presuntamente a manos de su pareja. Cada nombre es una alerta que llegó tarde, o que nadie supo leer a tiempo.
Pero mirar la violencia de género solo a través del feminicidio es mirar apenas la última página de una historia que empieza mucho antes, y que la salud pública dominicana está obligada a leer completa: en el cuerpo, en la mente, en las brechas estructurales que sostienen el silencio.
Patrón repetido
Hace unas semanas, el país entero habló de Marie Claire González, la influencer y empresaria panameña que murió tras semanas denunciando en sus redes el maltrato psicológico que vivió con una expareja. Su caso no está clasificado como feminicidio, las autoridades panameñas siguen investigando las circunstancias de su muerte, pero sí regaló, sin querer, una lección que aplica exactamente a lo que vivimos en República Dominicana: el maltrato psicológico rara vez llega solo. Es el prólogo silencioso de historias que después terminan en los titulares que sí clasificamos como feminicidio.
Marie Claire describió con precisión las señales: la humillación disfrazada de broma, el aislamiento progresivo, el «estás exagerando» que invalida el dolor, el desgaste que no se ve porque la víctima sigue sonriendo, trabajando, motivando a otros. Eso mismo describen, una y otra vez, las mujeres dominicanas que llegan a las fundaciones de apoyo cuando ya es tarde.
Y aquí está el dato que más inquieta: según cifras oficiales, solo el 13% de las víctimas de feminicidio en el país había denunciado antes de morir. No porque no hubiera señales. Porque no fueron escuchadas, o porque el sistema no llegó a tiempo.
Cuerpo y silencio
Hay una dimensión de la violencia de género que rara vez entra en la conversación pública, y que Manuel A. Castillo Rodríguez, socio fundador del Centro Médico Universal y autor del libro Cicatrices Invisibles, aborda con particular claridad: el trauma no siempre se queda en el recuerdo, muchas veces se instala en el cuerpo.
En entrevista para #MásAlláDelTitular, transmitido por CDN+ en enero de 2026, Castillo Rodríguez explicó el vaginismo, es una contracción involuntaria del tercio anterior de la vagina, es como una manifestación física de traumas emocionales pasados, entre ellos el abuso sexual, que el cerebro almacena de forma subconsciente. El cuerpo se cierra como mecanismo de defensa ante el miedo o el dolor, incluso años después de ocurrido el hecho que lo originó.
El propio Castillo Rodríguez fue enfático en algo que conecta directamente con el problema de salud pública que nos ocupa: el silencio no protege, perpetúa la violencia. Muchas mujeres callan por secretos familiares, vergüenza, culpa o presión social, y ese silencio impide que el trauma se procese, resultando en que se manifieste físicamente en la edad adulta, afectando la calidad de vida y las relaciones personales de quien lo carga.
Castillo Rodríguez también señaló el peso de la cultura en la génesis de estos patrones: el machismo arraigado, la falta de educación sexual adecuada y la hipersexualización de la infancia contribuyen a perpetuar heridas que después el sistema de salud debe atender sin nombrarlas correctamente.
Su mensaje sobre el camino a la sanación es claro: se requiere un enfoque integral y multidisciplinario, que incluya terapia psicológica, terapia sexual y rehabilitación del piso pélvico, muchas veces involucrando a la pareja para romper el ciclo del silencio.
Esta es, quizás, la evidencia más contundente de por qué la violencia de género no puede seguir tratándose como un asunto exclusivamente judicial: sus secuelas son también clínicas, y exigen una respuesta desde el sistema de salud, no solo desde los tribunales.
Brechas estructurales
Para entender por qué la violencia de género se sostiene en el tiempo, hay que mirar también las condiciones que la rodean. Rosa Matos, directora de Transversalidad de Género del Ministerio de la Mujer, lo explicó en entrevista para #MásAlláDelTitular, transmitido por CDN+ en abril de 2026: es vital analizar cómo los problemas sociales afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres, porque ahí está buena parte de la raíz.
Matos señaló una paradoja reveladora: las mujeres representan el 69% de los graduados universitarios en el país, y sin embargo enfrentan tasas de desempleo más altas y una brecha salarial persistente. A esa desigualdad económica se suma lo que ella describe como una «triple carga»: el 98% de las 852,000 personas dedicadas al cuidado no remunerado en el hogar dominicano son mujeres. Esa cadena invisible de responsabilidad doméstica limita su autonomía, su tiempo y, en muchos casos, su capacidad real de salir de una relación violenta.
El gobierno, explicó Matos, impulsa actualmente una Política Nacional de Cuidados para certificar y respaldar a las personas cuidadoras, además de «presupuestos sensibles al género» desde 2022, que obligan a cada institución pública a destinar recursos específicos para cerrar estas brechas. Son pasos institucionales concretos, aunque, como en el caso de la neurodivergencia o el calendario escolar, la pregunta de fondo sigue siendo la misma: si la ejecución avanza al ritmo de la necesidad.
Denuncia insuficiente
Violeta Quezada, directora de Violencia de Género del Ministerio de la Mujer, aportó en el mismo episodio de #MásAlláDelTitular por CDN+ la pieza que conecta las brechas estructurales con la violencia directa. Las denuncias han aumentado un 442% en los últimos quince años, un dato que, lejos de sugerir más violencia, refleja mayor disposición social a denunciar, gracias a mecanismos como la línea 911 y la atención especializada del Ministerio de la Mujer.
Pero Quezada fue clara en que el aumento de denuncias no cierra la brecha por sí solo: persisten desafíos sistémicos para que una mujer complete el proceso de denuncia, y las autoridades que la reciben deben actuar con mayor empatía. Es, en esencia, el mismo patrón que revela el 13% de víctimas de feminicidio que sí habían denunciado antes de morir: el problema no es solo que las mujeres no hablen, es que el sistema no siempre está preparado para escuchar a tiempo ni acompañar después.
Protección incompleta
El tramo más frágil de la ruta crítica no es la denuncia, es lo que viene después. Según el primer boletín estadístico de 2026 de la Dirección Nacional Contra la Violencia de Género, del Ministerio Público, durante el primer trimestre del año las autoridades emitieron 7,644 órdenes de protección provisionales, pero solo 2,234, menos de un tercio, se transformaron en medidas formales ante los tribunales. Esa distancia entre lo provisional y lo definitivo es, en la práctica, la ventana de tiempo en la que una mujer queda más expuesta.
El mismo boletín documenta que, en ese trimestre, 305 hombres fueron atendidos en los Centros de Intervención Conductual del Distrito Nacional, y 1,086 mujeres recibieron asistencia en el Centro para Sobrevivientes de Violencia. Son cifras que muestran una demanda creciente de apoyo legal, emocional y de protección, tanto para víctimas como para agresores, y que confirman lo que Matos y Quezada señalaron en entrevista: las instituciones están respondiendo, pero la ejecución todavía no alcanza el ritmo de la necesidad.
En materia de sanción, el nuevo Código Penal, promulgado por el presidente Luis Abinader y vigente desde agosto de 2026, tipifica por primera vez el feminicidio como delito independiente, con una definición clara: la muerte de una mujer en razón de ser mujer. Es un cambio que las propias autoridades reconocen como necesario pero insuficiente si no viene acompañado de capacitación judicial y policial sobre las nuevas tipificaciones.
La respuesta sanitaria
Fuera del circuito judicial existe otra ruta, menos visible, que también debería activarse en cada caso: la sanitaria. El Ministerio de Salud Pública cuenta con la Norma para la Atención Integral en Salud de las Personas en Situación de Violencia y con un Protocolo específico para la Atención Integral en Salud a Mujeres en Situación de Violencia Basada en Género, de uso obligatorio en todo el Sistema Nacional de Salud desde hace más de una década.
El protocolo instruye a estandarizar la atención clínica, articular los servicios de urgencias, ginecología, salud mental y trabajo social, y coordinar la referencia oportuna hacia el Ministerio Público y el Sistema de Protección cuando corresponde.
El propio Ministerio de Salud Pública reconoce en su documentación técnica que las mujeres que viven violencia acuden a los centros de salud con más frecuencia que quienes no la viven, lo que eleva el gasto sanitario y convierte cada consulta en una oportunidad de detección temprana. El protocolo existe; la pregunta, igual que con las órdenes de protección, es si cada médico de atención primaria, cada sala de emergencia, sabe hoy reconocer una señal y aplicarlo a tiempo.
Esa pregunta empezó a tener respuesta institucional este año. En abril de 2026, Atallah encabezó junto a la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, la sesión del Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas que aprobó el Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia, un instrumento que por primera vez articula la respuesta del Estado en mesas técnicas con roles definidos: marco legal, prevención, atención institucional, reparación de daños, datos y seguridad.
La mesa de Atención y Respuesta Institucional, liderada por la Procuraduría General de la República mientras el sector salud aporta su propio componente técnico, se reúne cada tres semanas para dar seguimiento a los acuerdos.
Esa aprobación tiene, sin embargo, un antecedente que conviene no pasar por alto. En junio de 2024, el propio Atallah había suspendido y puesto en revisión un programa de Igualdad y Equidad de Género que su ministerio impartía en centros educativos, luego de que se hiciera viral una imagen con la frase «hombre/mujer no nacen, se hacen».
El ministro justificó la medida asegurando que su gestión está «comprometida con los valores de la familia dominicana». El Foro Feminista Magalí Pineda cuestionó públicamente la decisión, al considerar que la verdadera amenaza contra las familias es la violencia derivada de las desigualdades de género, no los programas que buscan prevenirla.
Ese antecedente importa porque el protocolo de atención en salud que debería aplicarse en cada hospital depende, precisamente, de que el personal médico maneje un enfoque de género: reconocer que la violencia contra la mujer responde a patrones estructurales y no a hechos aislados.
Un ministerio que en 2024 frenó la formación en esa perspectiva dentro de sus propios centros, y que en 2026 preside una mesa que depende de esa misma perspectiva para funcionar, revela una tensión que no se resuelve con la sola firma de un plan.
Esa tensión no es solo institucional, también se siente en el terreno clínico. Manuel A. Castillo Rodríguez, quien atiende directamente a víctimas de violencia y trauma sexual en su práctica, ha venido desarrollando su propia propuesta de protocolo de atención con enfoque dominicano, estructurada en torno a tres pilares: prevención, protección y asistencia directa, y sanción, con indicadores clínicos concretos para que el personal de salud sepa identificar a una víctima desde la primera consulta.
Que un médico en ejercicio sienta la necesidad de construir su propia guía, en paralelo a la que ya existe en el papel desde hace más de una década, es en sí mismo un indicador de que la brecha entre el protocolo oficial y su aplicación real en los consultorios sigue abierta.
Es la primera vez que el titular de Salud Pública se sienta formalmente en la misma mesa que la ministra de la Mujer para esta agenda, lo que sugiere una intención real de dejar de tratar el protocolo como un documento de archivo.
Pero la pregunta que queda abierta es si esas reuniones trimestrales se van a traducir en capacitación efectiva en los hospitales y centros de primer nivel, incluyendo la perspectiva de género que el propio ministerio frenó hace dos años, o si el plan corre el riesgo, como tantas políticas anteriores, de quedarse en la fase de aprobación.
Un testimonio
Ese vacío entre la denuncia y la protección real tiene nombre propio. Macier Guerra Valenzuela, abogada y comunicadora, contó a Diario Libre que la orden de alejamiento contra su presunto agresor, tras denunciarlo por violencia, tardó dos años en emitirse. En esa entrevista, publicada en agosto de 2026, describió cómo denunciar no le devolvió la tranquilidad: dudaba si llegaría segura a su casa cada día y sentía que, ante el sistema, la víctima carga siempre con la sospecha.
Su caso ilustra con nombre y rostro lo que revelan las cifras institucionales: entre la solicitud de una orden de protección y su formalización puede pasar el tiempo suficiente para que el miedo se instale como rutina.
Avances pendientes
No todo es alarma. República Dominicana cuenta hoy con herramientas que antes no existían: los «Puntos Vida» en bancos, farmacias y comercios, donde una mujer puede pedir ayuda de forma segura; unidades especializadas de la Policía Nacional; y un nuevo Código Penal que tipifica el feminicidio como delito independiente, con una definición clara: la muerte de una mujer en razón de ser mujer.
A esto se suma un dato que rara vez se menciona fuera de los círculos institucionales: en 2024, República Dominicana alcanzó un hito histórico de representación política, con mujeres ocupando entre el 36% y el 37% de los escaños en la Cámara de Diputados.
Rosa Matos y Violeta Quezada coincidieron en algo que vale la pena repetir: la igualdad es sinónimo de democracia, y ambas expresaron su convicción de que una mujer está plenamente preparada para ocupar la Presidencia de la República Dominicana.
Ese es el progreso real. El problema no es la falta de leyes o de mecanismos institucionales; es que la cultura que produce estos casos: el machismo estructural, la normalización del control, la hipersexualización desde la infancia, el silencio cómplice de quienes ven las señales y prefieren no involucrarse, sigue caminando más rápido que las instituciones.
Salud pública
Si algo dejan claro las voces de Rosa Matos, Violeta Quezada y Manuel A. Castillo Rodríguez es que la violencia basada en género no cabe en una sola categoría. Es un problema económico, porque limita la autonomía de las mujeres. Es un problema cultural, porque se sostiene en patrones de crianza y educación.
Y es, de manera innegable, un problema de salud pública, porque deja huellas físicas y psicológicas que un sistema de salud no puede seguir tratando como síntomas sueltos, sin preguntar de dónde vienen.
Reconocer una señal de maltrato psicológico en la persona que tenemos al lado: una amiga, una hermana, una compañera de trabajo, no es meterse en lo que no nos importa. Es, muchas veces, la única alerta que esa mujer va a tener.
Las señales no son sutiles cuando aprendemos a mirarlas: el aislamiento progresivo, la vigilancia disfrazada de «preocupación», las disculpas después de cada episodio de control, el miedo a «hacerlo enojar». Nombrarlas en voz alta: en la mesa familiar, en el consultorio, en las políticas públicas es, también, prevención.
No escribo esto para generar miedo. Lo escribo porque cada cifra que compartimos hoy con nombre, contexto y una mirada de salud pública es una oportunidad menos de que la sociedad diga «no lo vimos venir».
Las señales estaban ahí. La pregunta es si, esta vez, decidimos verlas, y decidimos tratarlas como lo que son: una emergencia de salud pública.
