Tras más de una década de deterioro constante, la economía venezolana alcanzó un punto de no retorno. La combinación de una hiperinflación acumulada, el colapso del sistema financiero nacional y una deuda pública que compromete a las futuras generaciones tiene al país en un estado de parálisis fiscal.
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Ante este escenario, analistas y expertos coinciden en que las herramientas monetarias convencionales están definitivamente agotadas. Por ello, la dolarización oficial de la economía se perfila como la única alternativa capaz de detener el colapso, recuperar la estabilidad y crear las condiciones necesarias para reactivar el aparato productivo.
El balance de la ruina: tres generaciones despojadas de su patrimonio
El impacto de las políticas monetarias aplicadas durante los últimos años redujo la actividad económica a una fracción de lo que representaba en 2013.
Esta contracción no solo pulverizó el valor de la moneda local, el bolívar, sino que también destruyó el ahorro acumulado por millones de trabajadores después de décadas de servicio público y privado.
Apagones en Venezuela por la crisis energética. Foto:EFE
La magnitud del colapso económico queda reflejada en las cifras. El tamaño de la economía nacional se ha reducido a cerca del 30 por ciento de lo que representaba en 2013, mientras la deuda pública acumulada alcanza los 240.000 millones de dólares.
A esto se suma una carga anual de intereses de entre 11.000 y 18.000 millones de dólares, que limita aún más la capacidad del Estado para responder a las necesidades del país.
Frente a este panorama, los ingresos fiscales proyectados para 2026 oscilan apenas entre 25.000 y 37.000 millones de dólares. Se trata de una cantidad insuficiente si se tiene en cuenta que solo los costos estimados para la reconstrucción tras los eventos sísmicos de junio de 2026 ascienden a unos 37.000 millones de dólares.
Para el politólogo Daniel Arias Alfonzo, quien realizó estos cálculos, el nivel de deterioro hace inviable aplicar planes de estabilización graduales o reformas monetarias tradicionales.
Estas medidas, implementadas históricamente en otros países de la región, han permitido frenar procesos hiperinflacionarios sin abandonar la moneda nacional. Sin embargo, la magnitud de la crisis venezolana dejaría poco margen para seguir ese camino.
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“La devaluación continuada de la moneda nacional está ahorcando a las clases populares de manera sostenida e inevitable, si no se toman medidas verdaderamente radicales y diferentes a todo lo ocurrido en tiempos pasados”, señaló Arias.
Dependencia externa y emergencia humanitaria
La precariedad fiscal impide al Estado asumir por cuenta propia la reconstrucción del parque industrial, atender la infraestructura básica o financiar programas de asistencia social.
En este contexto, las remesas familiares enviadas desde el exterior se han convertido en uno de los principales soportes del consumo de los hogares.
El ingreso de estas divisas permite mantener un nivel mínimo de gasto y evita que el deterioro económico tenga un impacto todavía mayor sobre los índices de nutrición y salud.
El tamaño de la economía venezolana se ha reducido a cerca del 30 por ciento. Foto: Ana María Rodríguez Brazón. EL TIEMPO
A esta situación se suma la dificultad para contratar y ejecutar obras públicas sin asistencia financiera internacional.
Por ello, cualquier estrategia de recuperación requeriría una inyección directa de capitales foráneos, la privatización de activos estratégicos como la industria petrolera y la adopción formal del dólar estadounidense como moneda de curso legal. El objetivo sería reducir el riesgo país, generar confianza y atraer nuevas inversiones.
El factor geopolítico en la reestructuración económica
El análisis geopolítico apunta a que la dolarización trasciende lo estrictamente financiero y se relaciona también con la reconfiguración del mapa energético y de seguridad regional.
El reciente acuerdo petrolero entre Caracas y Washington es una muestra de esta transformación. Anunciado a finales de agosto de 2026, el convenio contempla el desarrollo de 17 campos petroleros venezolanos con reservas estimadas en unos 65.000 millones de barriles y una inversión que, según las autoridades venezolanas, podría superar los 100.000 millones de dólares.
El acuerdo también contempla una participación accionaria del 35 por ciento para el Gobierno estadounidense en la empresa privada encargada del proyecto (Nabep) y mecanismos que garantizan a Estados Unidos acceso preferente a parte de la producción.
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Más allá de sus términos económicos, el acuerdo revela un cambio profundo en la estructura de la economía venezolana: la recuperación de su principal industria dependerá de capital extranjero, tecnología internacional y de una relación cada vez más estrecha con Washington.
De hecho, días después del anuncio, Venezuela firmó nuevos acuerdos con Chevron y Eni para adaptar sus operaciones al nuevo marco legal y fiscal del sector petrolero.
La vinculación de los recursos naturales como el petróleo, gas natural y minerales a las dinámicas del mercado internacional y a la participación de empresas multinacionales presiona de manera directa hacia la adopción de una moneda dura que garantice mayor certidumbre para las inversiones y las operaciones.
La devaluación continuada de la moneda nacional está ahorcando a las clases populares de manera sostenida e inevitable, si no se toman medidas verdaderamente radicales y diferentes a todo lo ocurrido en tiempos pasados
En ese sentido, la dolarización podría funcionar como una herramienta para estabilizar los precios y recuperar la confianza, y convertirse en parte de una nueva arquitectura económica en la que Venezuela busca integrarse nuevamente a los mercados internacionales.
ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN – Corresponsal de EL TIEMPO – Caracas
