Santo Domingo.- Mediante comunicación núm. MHE-2026-033877 del pasado día 9, el Ministerio de Hacienda y Economía le remitió a la Procuraduría General de la República (PGR) el expediente correspondiente al cumplimiento de la sentencia firme que la condenó al pagarle RD$1,132,800.00 a Cury & Cury, SRL, por servicios de asesoría legal adeudados desde el 2020.
La condena fue dictada por la sentencia civil núm. 034-2025-SCON-00370 del 7 de abril de 2025, de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual adquirió posteriormente autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
El conflicto, sin embargo, todavía tiene consecuencias económicas pendientes de determinación judicial. La firma de abogados ha solicitado la indexación de los RD$1,132,800.00 reconocidos como deuda principal, a fin de compensar la pérdida del valor adquisitivo experimentada desde que la obligación se hizo exigible.
Sostiene que la actualización monetaria encuentra fundamento en el principio de reparación integral, de suerte que preserve el valor real del crédito después de varios años de incumplimiento. “Una deuda del 2020 no representa económicamente lo mismo seis años después, y el transcurso de tanto tiempo no puede terminar beneficiando precisamente a quien incumplió”, expresó el Dr. Julio Cury.
Destacó la paradoja de que la PGR, órgano llamado a promover el respeto a la legalidad y a las garantías del debido proceso, no solo se haya negado a satisfacer voluntariamente una deuda contraída en el 2020, obligando a su acreedor a demandarla, sino que después de años de litigio y de adquirir firmeza la sentencia condenatoria, insista en negarse a cumplirla.
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“Quien diariamente le exige a los ciudadanos respetar la ley y las decisiones de los tribunales debería someterse a ellas cuando les resultan adversas. La cosa juzgada no puede ser obligatoria para el ciudadano y facultativa para el Ministerio Público”, afirmó.
La sentencia tampoco limitó la condena al pago del principal. La PGR fue condenada, además, al pago de daños y perjuicios a ser liquidados por estado y a las costas del procedimiento, conceptos ambos respecto de los cuales se encuentran pendientes las correspondientes decisiones judiciales.
La comunicación de Hacienda señala que el Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa y presupuestaria y cuenta con una asignación individualizada dentro del Presupuesto General del Estado. Sobre esa base, remitió el expediente a la PGR para que cumpla con la decisión judicial.
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