El sistema de salud de República Dominicana, tanto en su vertiente pública como en la privada, enfrenta una crisis silenciosa pero importante en sus salas de emergencias. En ese sentido, lo que debiera ser un recurso para salvar vidas se convierte en un cuello de botella del sector sanitario, advierte el doctor Nelson Rodríguez Monegro, exdirector del Servicio Nacional de Salud y exviceministro de Salud Colectiva.
El congestionamiento crónico compromete la calidad de la atención y pone en riesgo a los pacientes críticos. Sin embargo, este colapso no solo responde a un problema de saturación de pacientes, analiza.
Lo que ocurre
Se trata de un síntoma, un entramado de fallas estructurales, desinformación ciudadana, prácticas comerciales abusivas y una profunda crisis de gestión, fiscalización y dignidad laboral en el personal médico de los hospitales.
Uno de los mayores disparadores del colapso es el desconocimiento ciudadano sobre la diferencia entre emergencia, una urgencia y un problema para tratar en consulta ambulatoria.
La emergencia
Rodríguez Monegro explica que una emergencia implica un riesgo inminente de muerte o daño irreversible (como un infarto, un accidente cerebrovascular o un trauma severo por accidente de tránsito).
La urgencia
Una urgencia requiere atención con cierta rapidez, pero no compromete la vida de inmediato (una fractura menor o una fiebre alta controlable).
Salas llenas
En el país, las salas de espera se llenan a diario de pacientes que padecen resfriado común, dolores de cabeza crónicos o erupciones cutáneas benignas que bien podrían manejarse por consulta externa o en un primer nivel de atención.
La gente busca atajo
Para el ciudadano, acudir a una emergencia es percibido como un atajo rápido. En el sector público, obtener una cita con un especialista puede tomar hasta meses debido a las interminables listas de espera. Esto lleva a los pacientes con enfermedades crónicas a descompensarse y acudir en masa a la emergencia como única opción de auxilio.
El problema
Una de las verdades más incómodas y menos denunciadas del sistema hospitalario público es la grave deficiencia gerencial y el incumplimiento de horarios por parte de un sector del cuerpo médico especializado, revisa.
Para intentar paliar las largas listas de espera en las consultas ambulatorias, las autoridades sanitarias suelen recurrir al aumento de nombramientos de médicos especialistas. La lógica indica que, a mayor cantidad de médicos, mayor disponibilidad de citas.
Fraude
En la práctica dominicana, la realidad es diametralmente opuesta y constituye un abierto fraude al erario, asegura el profesional. Esto se debe a la debilidad e indiferencia de las direcciones hospitalarias, médicos especialistas incurren con frecuencia en dividirse los días de trabajo entre ellos por mutuo acuerdo y de espalda a la ley, explica el galeno.
Un ejemplo
Si un departamento cuenta con cuatro especialistas nombrados para cumplir un horario diario de lunes a viernes, estos profesionales se reparten la semana de manera informal: uno asiste el lunes, otro el martes, y así sucesivamente. “El resultado es catastrófico: la nómina se infla significativamente, pero el número real de médicos disponibles por día en los consultorios sigue siendo exactamente el mismo”, afirma como conocedor de la realidad. Las listas de espera no se reducen y los pacientes, frustrados, terminan saturando a las emergencias.
Entramado
La distorsión sobrevive debido a un complejo entramado de complicidades y un doble discurso gremial, afirma Rodríguez. Cuando se denuncia el ausentismo, la representación sindical suele desmarcarse argumentando que el control de asistencia es una tarea exclusiva de las autoridades. Sin embargo, cuando la gerencia de un hospital intenta poner coto a la situación, el gremio reacciona denunciando supuestos atropellos y defendiendo un supuesto «derecho adquirido» que en la práctica perpetúa privilegios de impunidad laboral.
Fraccionamiento
Este nocivo fraccionamiento de horarios es también el síntoma de un sistema de remuneración históricamente deprimido que empuja al profesional al pluriempleo para poder subsistir y mantener un estatus digno, asegura Rodríguez Monegro.
Para romper este círculo vicioso, el Estado dominicano debe desmontar de una vez y por todas esa manida y cínica frase de pasillo hospitalario que reza: «el Estado hace como que paga y los médicos hacen como que trabajan», eso se repite.
Afirma que, si esto se resuelve, se adquiere, entonces, toda la fuerza moral y legal para exigir el cumplimiento de cada minuto contratado en favor del paciente.
Existen médicos que si cumplen con responsabilidad su trabajo.
Cuando el paciente, asfixiado por las carencias del sector público, decide buscar ayuda en el sector privado, choca de frente con la muralla burocrática de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).
Salas comerciales
Las salas de emergencia privadas, lejos de ser espacios de intervención médica inmediata, se han transformado en antesalas de negociación financiera.
El principal escollo radica en la dilación extrema para la aprobación de coberturas de procedimientos, analíticas especializadas o internamientos urgentes. Los médicos de guardia se ven obligados a pasar valiosos minutos, que a veces marcan la diferencia entre la vida y la muerte, llenando formularios repetitivos o esperando que un auditor de la ARS conteste una llamada o autorice un código a través de plataformas digitales siempre lentas.
Los copagos
A esta tortuosa espera se suma el cobro de copagos desproporcionados, conocidos popularmente como la diferencia. Aunque el afiliado cotiza puntualmente cada mes, al pisar una emergencia privada descubre que su seguro apenas cubre una fracción de los insumos mínimos, obligándolo a desembolsar miles de pesos de su propio bolsillo en un momento de total vulnerabilidad.
Mercantilización de salud
Para Rodríguez Monegro, la manifestación más grave de esta mercantilización de la salud es la exigencia de un depósito en garantía, el mal llamado anticipo, antes de ingresar a un paciente a una unidad de cuidados intensivos o autorizar una cirugía de emergencia.
Violación a leyes
Esta práctica viola de forma directa la Ley General de Salud 42/01 y las resoluciones de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), las cuales prohíben taxativamente condicionar la atención médica de emergencia al pago previo de dinero.
El impacto de esta retención económica es demoledor. Cuantas más vueltas dan los familiares desesperados buscando el dinero o realizando transferencias de emergencia, más corre el reloj en contra del paciente. Esto es una realidad del día a día.
