El abogado Pascal Peña , especialista en nuevas tecnologías aplicadas al derecho, demostró que la inteligencia artificial (IA) podría convertirse en una herramienta de apoyo para la detección temprana de casos de violencia de género en República Dominicana. No obstante, advirtió que el país aún enfrenta importantes desafíos tecnológicos e institucionales para implementar un sistema integrado entre salud y justicia.
“En República Dominicana no existe todavía un sistema integral de IA interconectado entre salud y justicia”, afirmó Peña a elDinero , al explicar que la tecnología podría ayudar a identificar señales de alerta desde los centros de salud mediante cuestionarios digitales validados internacionalmente y sistemas capaces de analizar notas clínicas para detectar patrones asociados a posibles situaciones de violencia.
“La IA no vendría a decidir sola ni sustituiría al médico ni al juez, sino que su función es alertar, priorizar y sugerir” , señaló. No obstante, indicó que uno de los principales obstáculos es la ausencia de un expediente clínico electrónico único e interoperable que permita el intercambio seguro de información entre hospitales, autoridades judiciales y organismos de protección.
“Se podría implementar, pero requiere primero resolver el tema del expediente clínico electrónico único, establecer un protocolo interinstitucional, realizar pilotos en hospitales de referencia, crear un comité de ética, capacitar al personal y evaluar el impacto”, sostuvo el también docente universitario.
El especialista subrayó que cualquier mecanismo de interconexión entre los sistemas de salud y justicia debe respetar las garantías legales y la protección de datos personales. “No se puede convertir el sistema de salud en un brazo policial sin control. La interconexión con la justicia debe tener base legal, orden judicial o un supuesto de flagrancia o riesgo grave”, advirtió.
Respecto al valor de las pruebas médicas en los procesos judiciales por violencia de género, Peña explicó que documentos como certificados médicos, historias clínicas, informes psicológicos y peritajes tienen un peso importante, aunque deben ser evaluados junto con el resto de las evidencias.
“La prueba médica tiene un valor probatorio alto, pero no automático. En el proceso penal se valora bajo el principio de la sana crítica, junto con el resto de las pruebas”, precisó.
Agrega que estos documentos pueden acreditar lesiones, secuelas o indicios de violencia, pero que, por sí solos, no prueban la autoridad ni el contexto en que ocurrieron los hechos, por lo que deben complementarse con testimonios, investigaciones y otros elementos probatorios.
Esta entrevista forma parte del reportaje “Del hospital a los tribunales: las grietas del sistema sanitario ante la violencia de género en RD”, publicado en elDinero en septiembre de 2026.
