El miedo –alimentado a punta de amenazas y disparos indiscriminados estratégicamente difundidos por redes sociales– que esta semana se sintió en Santa Marta no es nuevo.
El ‘paro armado’ con el que la banda de ‘los Pachenca’ intentó responder a la durísima ofensiva del Estado, que en apenas quince días cortó dos principales cabezas criminales, es la versión 2026 de la fórmula utilizada por décadas por el exjefe ‘para’ Hernán Giraldo y otros capos de la Sierra Nevada cada vez que sentían amenazados sus intereses: golpear a la población civil para tratar de frenar la acción de las autoridades.
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Después de cuatro años de expansión en medio de la ‘paz total’ (en los que la banda criminal pasó a ser reconocida por el gobierno Petro como ‘Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada’), el gobierno del presidente Abelardo De la Espriella ha puesto la mira en la organización, integrada por unos 800 delincuentes que, en medio de la indiferencia y la inoperancia de décadas del Estado, heredó el poder de Giraldo.
Este excapo, que fue socio de Pablo Escobar y hoy paga condena por los crímenes sexuales cometidos contra niñas de la Sierra, formó en los 80 su propia banda, ‘los Chamizos’, que terminó desmovilizada en el proceso de paz con las AUC bajo el nombre de ‘Resistencia Tayrona’, para tratar de darle alguna apariencia política a lo que fue y siguió siendo una organización de narcos purasangre. Exactamente la misma estrategia usada 20 años después por los ‘Pachenca’.
Extorsiones que no respetan estrato ni ingreso –la gente dice que paga desde el que vende tinto en las esquinas hasta el dueño de sofisticados proyectos turísticos– y el narcotráfico y el contrabando que siempre se han movido por La Guajira, Magdalena y parte del Cesar alimentan los bolsillos de la banda. Pero la violencia sin miramientos y el control social son sus principales activos.
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Fuerza Pública en zona comercial de Santa Marta. Foto:Cortesía
Eso explica por qué la muerte de un delincuente como José Luis Villanueva, alias Cholo, logró alterar la rutina de una capital de más de medio millón de habitantes. Negocios cerrados, transporte reducido, calles vacías y familias encerradas demostraron que el problema supera la mera presencia de hombres armados escondidos en las montañas. A comienzos de mes, alias Bendito Menor, otro capo abatido por la Fuerza Pública, fue despedido por centenares de personas que lo lloraron en Riohacha.
Como no se veía hace años, las autoridades han mantenido una ofensiva contra esta estructura criminal que combina labores de inteligencia, allanamientos, capturas y operaciones aéreas y terrestres para cercar a sus principales cabecillas: Orlando Pérez Ortega, alias Patillazo; alias Santiago, conocido también como Comando ‘77’, y el gran cabecilla, Freddy Castillo Carrillo, alias Pinocho.
En los operativos recientes, coordinados entre la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía y otras capacidades de la Fuerza Pública, se han producido capturas e incautaciones de armas, municiones, drogas, dinero y equipos de comunicación, mientras se reforzó la presencia de uniformados en la zona. Pero no es una batalla fácil.
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La Fundación Ideas para la Paz (FIP) define lo que hay en Santa Marta como un modelo de “gobernanza criminal”: una estructura que obtiene recursos de economías ilegales, interviene en actividades legales, regula comportamientos y ejerce influencia sobre la vida cotidiana. Y, recuerda el investigador y analista del conflicto Lerber Dimas, “el conflicto en la Sierra Nevada no se puede medir desde una temporalidad reciente. Esto empezó en los 70 con la bonanza marimbera. Llevamos por lo menos tres generaciones”. Por el territorio han pasado guerrillas, estructuras de autodefensa, paramilitares y organizaciones criminales surgidas de sucesivas transformaciones.
Cada etapa dejó hombres, rutas, economías clandestinas y formas de control que alimentaron la siguiente. “Desde los años 70 no hemos tenido un solo día en que no haya presencia de un actor armado en el territorio”, afirma Dimas. Y no es solo influencia sobre comunidades aisladas: los ‘paras’ de Giraldo y ‘Jorge 40’ impusieron gobernador en el Magdalena en el 2003, y esa incidencia sobre las elecciones puede haber cambiado, pero no ha desaparecido.
Las organizaciones criminales de la Sierra no solamente aprendieron a matar; aprendieron a administrar y a utilizar las redes sociales como vitrina y medio de comunicación. Ese modelo permite que la organización termine convertida, simultáneamente, en cobrador, vigilante, juez, autoridad y verdugo. Y detrás de todo está el miedo que genera en la ciudadanía. La otra columna del poder es el dinero. La FIP estima que solamente la extorsión podría generar a los ‘Pachenca’ entre 6.000 y 7.000 millones de pesos mensuales en su zona de influencia.
En Santa Marta seguirán los operativos contra Los Pachenca para frenar la extorsión al comercio. Foto:Archivo particular
El analista Edwin Vásquez sostiene que ese mecanismo ayuda a explicar lo ocurrido durante el paro. Con el tiempo, señala, la estructura consiguió establecer mecanismos de presión sobre actividades comerciales y turísticas mediante cobros ilegales presentados como pagos por seguridad. Vásquez resume la capacidad de intimidación: “Mientras la Policía podía ubicarse afuera de un local para evitar que llegaran hombres en moto, ellos podían advertir mediante una llamada”.
El presidente Abelardo de la Espriella lideró un nuevo consejo de seguridad en Santa Marta. Foto:Archivo particular
Esa es quizás una de las imágenes más preocupantes de la crisis. Para cerrar una ciudad ya no necesariamente hacen falta hombres armados en cada esquina. Basta que la población crea que la amenaza pueda cumplirse. Ese es el desafío hoy.
Durante tres días la ciudad estuvo paralizada por un paro armado. Foto:Archivo particular
La respuesta institucional fue extraordinaria. Llegaron refuerzos policiales y militares con más de 1.100 uniformados, y las autoridades recorrieron sectores comerciales buscando devolver la confianza. El propio presidente Abelardo De la Espriella lideró una caravana de seguridad. Aun así, durante buena parte de las 72 horas, miles de ciudadanos prefirieron quedarse en casa.
Fuerza Pública en zona comercial de Santa Marta. Foto:Cortesía
“Es cierto que uno por estos días vio mucha presencia de policías y militares. Pero preferí abstenerme de abrir porque recibí una llamada en la que me pidieron que colaborara dejando cerrado el negocio para evitar problemas con el grupo”, relató a EL TIEMPO el propietario de un almacén, cuya identidad se reserva por seguridad. Su testimonio resume la dimensión de la crisis. Según cuenta, desde hace meses, hombres que se presentan como integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada visitan su establecimiento y le cobran lo que denominan un “impuesto de seguridad”.
“No hay otra alternativa que pagar o no puedo trabajar. Ellos dicen que es una colaboración, pero uno sabe lo que puede suceder si no se paga”, sostiene.
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La Cámara de Comercio de Santa Marta calculó en 39.590 millones de pesos diarios las pérdidas asociadas a las dificultades para desarrollar normalmente las actividades comerciales, productivas y de transporte. Pero, más allá de los dineros que dejaron de ingresar, la confianza fue la factura imposible de calcular.
A diferencia de otras muestras de poder de las bandas, en esta oportunidad Santa Marta vio a un presidente de la República que se apareció en plena crisis en sus calles. La militarización fue la respuesta inicial del Estado, pero todos los analistas coinciden en que para romper el ciclo de las violencias recicladas hace falta una estrategia que va mucho más allá y que empieza por convencer a la gente de que la seguridad y el control estatal que hoy se ven en esquinas y playas van a permanecer.
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