El procurador adjunto Wilson Camacho afirmó que 706 medios de prueba llevaron a 13 imputados a admitir los hechos durante la audiencia de coerción de la Operación Cobra 2.0-A, que investiga una red acusada de sustraer fondos públicos del Seguro Nacional de Salud de República Dominicana, SeNaSa. El Ministerio Público de República Dominicana solicitó prisión preventiva, arresto domiciliario para quienes colaboraron y la declaración de complejidad del proceso.
La causa también se vincula con la Operación Onco14, puesta en marcha en junio contra una estructura que habría afectado al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, al Instituto Oncológico Regional del Cibao, a pacientes con cáncer y al SeNaSa. Tres personas fueron arrestadas en esa línea de investigación.
El juez Rigoberto Sena se reservó el fallo sobre las medidas de coerción para el domingo 27 de septiembre a las 19:00. Camacho encabezó el equipo litigante junto con la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa; el procurador de corte Héctor García, y los fiscales Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka Holguín.
Camacho sostuvo que las admisiones ante el tribunal refuerzan la acusación: “Hemos presentado la medida de coerción que ha traído el Ministerio Público; que terminada la presentación de la medida no solamente está sustentada en unos 706 medios de prueba que ha aportado el Ministerio Público, sino, que, además, esas pruebas han llevado al menos a 13 de los imputados a admitir los hechos ante el tribunal”.
La fiscalía mantiene el pedido de prisión preventiva por 18 meses y la declaración de caso complejo para Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo y Rodríguez Nova. La misma medida fue solicitada para la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
También afrontan el pedido de prisión preventiva las médicas Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Laura Altagracia Santana Evangelista y Yocaira Antonia Méndez Beltré, además del médico Wander Manuel Díaz Encarnación.
La solicitud inicial fue modificada para nueve imputados: Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Víctor Felipe Rodríguez García, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo. El Ministerio Público pidió que cumplan arresto domiciliario en las viviendas que presentaron ante el tribunal.
La variación responde a que admitieron los cargos y colaboran con la investigación. Camacho precisó que esa conducta no suspende el proceso: “Una parte de los implicados han colaborado con la investigación del Ministerio Público y, nosotros, siendo coherentes, como lo hemos hecho en todos los casos, en la medida en que las personas muestran: primero, arrepentimiento; admiten los hechos, pidiendo, incluso, excusa ante el tribunal, y aunque esto no es suficiente y el proceso sigue, sí el Ministerio Público solicitó al tribunal que se le imponga a estas personas, tomando en cuenta su colaboración, el arresto domiciliario”.
El director general de Persecución aseguró que la fiscalía entregó elementos suficientes para justificar las medidas requeridas. También cuestionó que las defensas presentaran certificados académicos y otros documentos que, a su juicio, no desvirtúan el peligro de fuga relacionado con la pena posible y el daño económico que debería repararse.
La acusación no se limita a las sumas recibidas por cada imputado, sino que se centra en el daño al derecho a la salud, planteó Mirna Ortiz. La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa señaló que las defensas intentaron reducir el caso a montos económicos y sostener que una percepción menor no configura delito.
“Esto no se trata de los montos percibidos, porque el bien jurídico en este proceso no radica en cuánto recibió o dejó de recibir la persona, el bien jurídico protegido aquí es un derecho fundamental, que es el derecho a la salud”, expresó Ortiz.
La procuradora de corte indicó que la investigación permanece abierta y que los montos expuestos en la audiencia no necesariamente son los únicos recibidos por los involucrados. Añadió que parte de los pagos habría sido entregada en efectivo, por lo que no podría rastrearse mediante operaciones bancarias, aunque la fiscalía afirma contar con otros medios probatorios y con declaraciones de algunos imputados.
El Ministerio Público solicitó que el expediente sea declarado complejo por la pluralidad de hechos, víctimas y posibles implicados, bajo la hipótesis de delincuencia organizada. La medida permitiría continuar la investigación sobre la vinculación entre cada acusado y los hechos atribuidos.
La primera fase de la Operación Cobra llevó el año pasado al arresto de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, señalado como cabecilla de la estructura. Junto con él fueron detenidos Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
La fiscalía procura sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos que, según su imputación, fueron sustraídos al Estado dominicano. Al grupo se le atribuyen los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La investigación identificó presuntos sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y programas especiales sin respaldo jurídico que habrían servido para desviar fondos mediante maniobras fraudulentas. El órgano acusador sostiene que el esquema fue instalado desde la dirección ejecutiva del SeNaSa, con funcionarios de la aseguradora de riesgos de salud y prestadores de servicios médicos.
En la Operación Onco14 fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao; su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez. Vargas Sánchez se divorció de Lora Cruceta en 2014 y ocupó la vicepresidencia, además de actuar como auditora interna y externa del patronato durante su presidencia.
Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez permanece bajo arresto domiciliario.
