La reforma condiciona los pagos a los servicios prestados y amplía la capacidad de decisión de los pacientes
La resistencia a las reformas del sistema de salud establecidas en la Ley 87-01 refleja una disputa por el control de los recursos y el poder de decisión de los pacientes, en un contexto en el que el gasto nacional en salud se estima en RD$500,000 millones durante este año, según un análisis de la Fundación Seguridad Social para Todos (FSSPT).
El documento sostiene que el Seguro Familiar de Salud (SFS) contribuye a reducir las desigualdades en la relación entre médicos y pacientes al fortalecer los derechos de los afiliados, permitirles elegir dónde recibir atención y vincular los pagos a la prestación efectiva de los servicios.
Según el análisis de Arismendy Díaz Santana, presidentedelafundación,, el poder dentro del sistema sanitario no depende únicamente de quién financia los recursos, sino también de quién autoriza y ejecuta los pagos. Cuando el Estado concentra esas funciones, argumenta, disminuye la capacidad del paciente para influir directamente en la atención que recibe.
El afiliado gana poder de decisión
El texto compara la relación de los pacientes que pagan directamente a sus médicos con la de quienes acuden a hospitales públicos. En el primer caso, sostiene que la posibilidad de elegir y pagar al profesional incentiva una mejor atención. En el segundo, considera que los salarios fijos y las estructuras de nombramiento pueden debilitar la capacidad de decisión del usuario.
El análisis atribuye al predominio de una medicina pública centralizada y verticalizada parte de las desigualdades existentes y señala al Colegio Médico Dominicano (CMD) como uno de los actores que, mediante paros y huelgas, ejerce presión sobre el Estado para defender sus intereses.
Frente a ese escenario, destaca seis mecanismos del SFS: la participación de las administradoras de riesgos de salud (ARS) y los prestadores de servicios de salud (PSS), tanto públicos como privados; la libre elección de los afiliados; la autorización de servicios por las ARS; la firma del paciente para autorizar pagos a médicos y centros sanitarios; la administración del riesgo para detectar fraudes y prescripciones innecesarias; y la atención primaria como puerta de entrada a la red de servicios.
El documento también resalta la función de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), a la que los usuarios pueden acudir para reclamar sus derechos y obtener orientación de su ARS.
Controles frente a excesos y fraudes
La FSSPT sostiene que la oposición al SFS está relacionada, entre otros factores, con los controles sobre la facturación y los pagos, así como con la supervisión de las prestaciones médicas. El análisis denuncia prácticas contrarias a la ética profesional, como la prescripción de pruebas, estudios y medicamentos innecesarios a cambio de comisiones, aunque no aporta cifras sobre su incidencia.
Asimismo, cuestiona los cobros excesivos por diferencias y copagos y advierte que la falta de eficiencia institucional puede impedir que la salud se garantice como un derecho.
La fundación defiende un modelo que permita mejorar los ingresos de los médicos que ofrecen servicios oportunos y de calidad, al tiempo que fortalezca la capacidad de los afiliados para elegir y reclamar.
Finalmente, la FSSPT llama a mantener las reformas orientadas a reducir los abusos de poder y los privilegios dentro del sistema sanitario. Su planteamiento es que la atención médica debe responder a los derechos de los pacientes y que las decisiones sobre los recursos destinados a la salud deben contribuir a proteger a las familias más vulnerables.
