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El desembarco que quedó a mitad de camino: esperaban a Kicillof en Entre Ríos, pero el gobernador no llegó

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El peronismo entrerriano sin su figura principal, -quien había anunciado su presencia en Paraná-, comenzó a mostrar con mayor nitidez las distintas corrientes que buscarán disputar el rumbo del espacio de cara a 2027.

En ese escenario, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el armado que tiene como principal referente a Axel Kicillof, concretó su desembarco formal en Paraná con un plenario que reunió a más de 200 dirigentes, sindicalistas y militantes.

La convocatoria tuvo una doble dimensión. Por un lado, expresó el respaldo a la construcción nacional que impulsa el gobernador bonaerense y a su proyección presidencial.

Por otro, abrió una discusión sobre el funcionamiento del Partido Justicialista entrerriano, con sectores que reclaman mayor participación interna, renovación de las estructuras y mecanismos democráticos para definir las candidaturas.

Entre los dirigentes que participaron estuvieron el presidente de la Departamental Paraná del PJ, Jorge “Kinoto” Vázquez; el viceintendente David Cáceres; el exdiputado nacional Marcelo Casaretto; los intendentes Laura Rupp y Damián Arévalo; concejales, exfuncionarios y representantes sindicales de distintos sectores.

La composición del encuentro dejó en evidencia que el espacio busca ampliar su presencia territorial y no limitarse a una expresión vinculada exclusivamente a una agrupación.

Vázquez sostuvo que se deben generar las condiciones para que la llegada del mandatario bonaerense sea en el marco de una muestra de “la unidad más amplia”. Para ello, se requieren mesas de debate y aportes regionales para aportar al proyecto futurista cuáles son las prioridades en la provincia. “¿Qué es lo que estamos viendo los entrerrianos, qué es lo que estamos necesitando?”, precisó.

El documento utilizado como base para el debate incorporó además una definición política de fuerte contenido simbólico: reivindicó a los gobiernos kirchneristas y los ubicó como “los que dieron al pueblo argentino los mejores momentos vividos en 40 años de democracia”.

Esa definición marca una identidad política concreta y, al mismo tiempo, plantea una discusión con otros sectores del peronismo que buscan construir una renovación discursiva y electoral.

La apuesta del MDF no parece circunscribirse, por lo tanto, a acompañar desde Entre Ríos el proyecto de Kicillof. El armado pretende intervenir en la discusión sobre qué peronismo llegará a 2027 y cómo se resolverán las candidaturas.

En Paraná, esa disputa aparece atravesada por el reclamo de internas y por la intención de algunos dirigentes de evitar que las decisiones electorales vuelvan a quedar concentradas en acuerdos entre pocos sectores.

La disputa con Milei y el escenario entrerriano

El escenario nacional también ocupó un lugar central en las intervenciones. El MDF plantea la construcción de una alternativa política frente al gobierno de Javier Milei y busca convertir la proyección de Kicillof en una referencia nacional hacia 2027.

Ese proceso ya había tenido expresiones previas en Entre Ríos y en la región, donde dirigentes peronistas comenzaron a articular apoyos al gobernador bonaerense.

En Paraná, las críticas también alcanzaron a la administración de Rogelio Frigerio. Pero el debate no quedó reducido a una confrontación con el oficialismo provincial: buena parte de la discusión se concentró en la propia situación del peronismo y en la necesidad, planteada por los participantes, de modificar las formas de funcionamiento interno.

La cuestión no es menor. El recuerdo de las tensiones que atravesaron al PJ durante el armado electoral de 2023 aparece como antecedente para quienes ahora reclaman un mecanismo diferente de selección de candidatos.

Casaretto llamó a ampliar la construcción peronista

Marcelo Casaretto fue uno de los dirigentes que imprimió mayor contenido político a la jornada. El exdiputado nacional planteó la necesidad de movilizar al peronismo en todo el territorio entrerriano y ampliar la convocatoria hacia sectores que hoy mantienen posiciones diferentes dentro del movimiento.

En esa línea, cuestionó la posibilidad de que la discusión quede reducida a la conformación de listas de minoría y sostuvo la necesidad de conversar con distintas expresiones del peronismo. Incluso mencionó sus contactos con dirigentes nacionales como Guillermo Moreno y Máximo Kirchner, una señal de que el espacio pretende presentarse como una construcción abierta a distintas vertientes del justicialismo.

La discusión sobre la unidad, sin embargo, convive con otra demanda: la de democratizar los mecanismos internos. Esa combinación —unidad hacia afuera y mayor participación hacia adentro— será uno de los desafíos que deberá resolver el peronismo entrerriano en los próximos meses.

Stratta y una contratación que vuelve a poner el foco en la Legislatura

En otro frente de la política provincial, Laura Stratta quedó nuevamente bajo cuestionamientos a partir de la situación de Jesica Villagra, pareja de Leonardo “Nano” Centurión, dirigente estrechamente vinculado a su estructura política y legislativa.

Según documentación citada en publicaciones recientes, Villagra ingresó al Estado en 2016 y posteriormente quedó vinculada a la estructura administrativa de la Cámara de Diputados durante el período en que Stratta presidió ese cuerpo.

El interrogante planteado públicamente no apunta solamente a su vínculo contractual, sino a precisar qué función cumplió, cuáles fueron sus responsabilidades y qué tareas concretas realizó.

El antecedente adquiere mayor sensibilidad política por la historia contractual atribuida a Fabiola Soraya Claret, primera esposa de Centurión, cuyo nombre aparece en investigaciones sobre contrataciones estatales.

En ese caso se denunciaron presuntas irregularidades vinculadas a la utilización de su identidad y firma. Se trata de un episodio diferente y que debe ser considerado dentro de su propio expediente y alcance, pero su mención vuelve a colocar bajo escrutinio el circuito de contrataciones relacionado con el dirigente.

Dos meses sin respuestas sobre la política de salud mental en Concordia

La política municipal de salud mental en Concordia también quedó bajo cuestionamiento a partir de un pedido de información que, según fue informado, permanece sin respuesta desde el 31 de julio.

El abogado Javier Orduna, apoderado legal del PJ de Concordia, solicitó conocer la cantidad de trabajadores del área, cuántos son profesionales, bajo qué modalidades están contratados y qué programas se encuentran actualmente en funcionamiento. También pidió información sobre los trabajadores que dejaron de prestar funciones desde el comienzo de la actual gestión y si fueron reemplazados.

El planteo fue presentado por Mesa de Entradas y se invocaron normas de acceso a la información pública. El plazo señalado para responder era de diez días hábiles, pero según Orduna ese período transcurrió sin que el Ejecutivo municipal entregara la documentación solicitada.

La demora adquiere especial relevancia porque el propio municipio viene difundiendo actividades vinculadas con prevención y concientización en salud mental.

Filipuzzi y Fleitas: una foto que ya se lee en clave 2027

Mientras el peronismo comienza a ordenar sus propias piezas, La Libertad Avanza también exhibe movimientos que pueden ser leídos en clave electoral. En ese contexto, la reunión entre el presidente del partido en Entre Ríos, el diputado Roque Fleitas, y el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Luciano Filipuzzi, plantea interrogantes que exceden el contenido formal de las iniciativas anunciadas.

Fleitas informó que trabajan en propuestas vinculadas con capacitación y participación, entre ellas una actividad relacionada con la Boleta Única de Papel y otra sobre salud mental en adolescentes. Ambas cuestiones pueden formar parte legítimamente de una agenda universitaria y de extensión institucional.

El punto sensible aparece cuando esas iniciativas son impulsadas públicamente junto al principal referente partidario del oficialismo libertario en la provincia, precisamente en un período en el que comienzan a definirse las estrategias electorales hacia 2027.

La UADER, como institución pública de educación superior, tiene una responsabilidad que va más allá de cualquier coyuntura partidaria. Por eso, cualquier vínculo de sus autoridades con dirigentes políticos requiere criterios claros de transparencia, institucionalidad y autonomía.

No se trata de cuestionar que una universidad dialogue con funcionarios o representantes de distintos espacios políticos, sino de establecer con claridad dónde termina la cooperación institucional y dónde podría comenzar una construcción política.

En ese sentido, sería relevante conocer bajo qué mecanismos se acordaron estas iniciativas, qué áreas de la universidad estarán involucradas, cuáles serán los recursos destinados, quiénes participarán y qué criterios se utilizarán para garantizar que las actividades tengan un carácter institucional y no se conviertan, directa o indirectamente, en plataformas de posicionamiento partidario.

La preocupación adquiere mayor dimensión por la circulación del nombre de Filipuzzi como posible protagonista de la futura disputa política en Paraná. Esa circunstancia no permite concluir que exista un acuerdo electoral con Fleitas, pero sí vuelve más necesario que cualquier actividad conjunta entre una autoridad universitaria y un dirigente partidario se desarrolle con la mayor transparencia posible.

La fotografía, no debería ser analizada solamente por lo que muestra, sino también por las preguntas institucionales que abre. En un año previo a una elección provincial, la utilización de estructuras, espacios o iniciativas de una universidad pública exige extremar los recaudos para preservar su autonomía y evitar cualquier confusión entre una política universitaria y una estrategia partidaria.

Si el objetivo es estrictamente institucional, la propia universidad y los dirigentes involucrados tienen la posibilidad de despejar esas dudas con información concreta sobre el alcance y los mecanismos de los acuerdos anunciados. De no ser así, estamos ante una probable nueva disputa territorial en la muy vapuleada LLA en Entre Ríos.


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