La gobernadora Jenniffer González anunció este viernes que someterá a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) una propuesta para eximir del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) la compra de alimentos preparados en restaurantes a lo largo de noviembre y diciembre, como medida para paliar los elevados costos de la tarifa de luz que estarán vigentes, al menos, hasta fin de año.
“Entraría en vigor como determinación administrativa del secretario de Hacienda”, dijo González, durante un mensaje transmitido en sus plataformas de redes sociales.
En este trimestre, que se extiende de octubre a diciembre, la tarifa residencial asciende a 33.86 centavos por kilovatio hora (kWh), la cifra más alta registrada desde 2020. Aunque el aumento de más de cinco centavos por kWh entró en vigor a inicios de mes, la propuesta se someterá a la JSF a cerca de una semana de que arranque el período de exención propuesto por la administración de González.
Por escrito, la JSF indicó que advino en conocimiento de la propuesta por medio de la transmisión de la gobernadora, a pesar de que, el pasado miércoles, el director ejecutivo, Robert Mujica, estuvo en La Fortaleza reunido con González, el zar de Energía, Josué Colón, y el jefe de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera Berríos, entre otros funcionarios. El ente a cargo de las finanzas públicas del país se limitó a indicar que las medidas “fueron recibidas luego del anuncio de la gobernadora y serán evaluadas”.
“La Junta de Supervisión reconoce que los altos costos de electricidad, provocados por circunstancias que pudieron haberse evitado y otros factores que inciden en los precios del combustible, afectan directamente a las familias y los negocios de Puerto Rico. Todas las medidas deben ser fiscalmente responsables para asegurar que Puerto Rico se mantenga encaminado hacia la estabilidad fiscal”, añadió el organismo.
González sostuvo, en el mensaje, que su administración evalúa otras medidas para mitigar el elevado costo de la factura de luz que también requerirían legislación o la autorización de la JSF, organismo con el que anticipó que se reunirá nuevamente la semana entrante. Durante la transmisión del mensaje, a espaldas de la mandataria podía observarse sentados a una mesa a la secretaria de la Gobernación, Norma Burgos; el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja; Rivera Berríos; Colón; la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes; el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Carlos Ríos Pierluisi; y el director ejecutivo interino de la Autoridad de Energía Eléctrica, Fernando Osorio Caño.
“Nos mantenemos evaluando otras iniciativas que pudieran llegar y convertirse en legislación, por lo que están sobre la mesa otros posibles créditos que nos ayudarían a mitigar este posible impacto. Una vez las tengamos, y tendremos reunión la semana que viene nuevamente con la JSF y parte de este equipo para discutirlas, vamos a seguir trabajando sobre el tema”, dijo González, en la transmisión.
En pasados días, el Centro Unido de Detallistas advirtió que el costo de energía podría redundar en el cierre de hasta 12,000 comercios. Se anticipa que mañana, sábado, comerciantes se manifiesten frente a la sede de LUMA en Santurce.
González también tronó contra LUMA Energy, al señalar que el costo anual del operador se ha incrementado desde $764 millones, en el año fiscal 2022, hasta los $1,126 millones en la actualidad. Sus expresiones se produjeron en respuesta al vídeo que el jueves circuló la presidenta de LUMA, Janisse Quiñones, en el que señaló los costos internacionales del combustible como la causa del alza en las facturas que entró en vigor este mes, e instó a la ciudadanía a dirigir sus “preguntas y comentarios” a Genera PR, como operador de la flota generatriz, y el Negociado de Energía, el regulador que aprueba el monto de las tarifas.
A raíz de la revisión de la tarifa base que concluyó en abril –procedimiento que evalúa el componente de costos fijos del que proviene lo que se paga anualmente a LUMA–, el presupuesto asignado para cubrir sus operaciones y la compensación contractual se elevó de $919 millones a $1,126 millones, una diferencia de $207 millones que se traduce en alrededor de 1.3 centavos por kWh en la factura.
El ajuste de 5.29 centavos por kWh que se aplicó más temprano este mes, en cambio, responde a la reconciliación trimestral sobre los costos de adquisición de combustible y compra de energía a cogeneradores privados.
“Resulta irónico que la presidenta de LUMA exhorte al pueblo de Puerto Rico a protestar por el costo de electricidad cuando su propia empresa tiene que responder por el desempeño ineficiente del sistema de transmisión y distribución que administrar”, expresó González, cuyo gobierno mantiene dos recursos ante el Tribunal Supremo en busca de cancelar el contrato del consorcio.
Un portavoz de LUMA indicó que la empresa no emitiría comentarios.
