El senador nacional por Chaco Juan Cruz Godoy defendió los cambios propuestos a la Ley de Salud Mental y sostuvo que el objetivo central es brindar una respuesta más rápida a las familias y a los pacientes que atraviesan situaciones de riesgo. En diálogo con NOVA, el legislador explicó que la iniciativa apunta a agilizar los procedimientos de internación involuntaria cuando existe un peligro inminente, sin eliminar la intervención de la Justicia ni las responsabilidades de los profesionales de la salud.
“Lo mejor que podemos hacer es darle una herramienta a las familias y a los pacientes que tengan algún problema de salud mental, que sea más ágil para poder definir una internación”, afirmó Godoy al referirse a las expectativas por el debate parlamentario.
El senador señaló que uno de los principales puntos de discusión fue la necesidad de evitar demoras en situaciones que requieren una intervención urgente. Según explicó, el esquema vigente permite las internaciones involuntarias, pero el procedimiento puede quedar condicionado por los tiempos de una resolución judicial.
“A día de hoy, la internación puede ser involuntaria. Sucede. Nada más que tiene que esperar una sentencia judicial”, indicó.
En ese sentido, advirtió que las demoras pueden agravar situaciones críticas. “Cuando ya se determinó que hay peligro inminente, cuando el médico profesional ya puede diagnosticar, determinó que hay un peligro y que hay que resguardar a esa persona, ya se puede proceder con la internación, se informa al juez y eventualmente se puede realizar el caso otra vez”, explicó.
Para Godoy, el cambio permitiría actuar con mayor celeridad a partir de un informe médico profesional, mientras se informa a la autoridad judicial correspondiente. El legislador remarcó que la propuesta no busca desconocer las competencias de los distintos actores involucrados, sino modificar los tiempos de respuesta ante una emergencia.
La intervención médica y el rol de la Justicia
Durante la entrevista, el senador insistió en que la reforma procura mantener la participación de los profesionales de la salud y de los jueces, pero evitar que una situación de riesgo inminente permanezca sin una respuesta adecuada mientras se espera una resolución judicial.
“Buscamos una respuesta que pueda ser rápida, ágil, que resuelva el problema y que no desconozca las funciones de los profesionales, que no desconozca la función del médico, del psicólogo y sobre todo del juez que participa e interviene”, sostuvo.
El legislador también hizo referencia a situaciones en las que, según su evaluación, las demoras en la toma de decisiones impidieron actuar a tiempo. En esos casos, consideró que la posibilidad de intervenir de manera más rápida puede resultar determinante para proteger la vida de los pacientes.
La discusión sobre las internaciones involuntarias, sin embargo, involucra un delicado equilibrio entre la atención urgente, los derechos de las personas y las garantías que deben regir cualquier medida que limite la libertad individual. Por ese motivo, la implementación de los cambios y los mecanismos de control judicial serán aspectos centrales para evaluar el alcance de la reforma.
Una mirada federal sobre la atención en salud mental
Otro de los puntos destacados por Godoy fue la desigualdad en el acceso a los servicios sanitarios especializados según la región del país. Desde su perspectiva, una normativa nacional debe contemplar las diferencias entre las grandes ciudades y las localidades que cuentan con menos infraestructura y profesionales disponibles.
“No todos los lugares de la Argentina tienen las mismas condiciones, la misma cercanía a un centro de salud, a una clínica, mucho menos a un lugar de salud mental y a profesionales expertos en el área”, señaló.
El senador consideró que esa realidad territorial debe formar parte de las decisiones legislativas, especialmente cuando se trata de responder a emergencias que requieren atención inmediata.
Finalmente, Godoy destacó el proceso de discusión que precedió al dictamen y valoró los acuerdos alcanzados entre los distintos sectores involucrados. “Fue un tiempo de lucha y de consenso bastante largo donde se tomaron en cuenta todas las opiniones y creo que se llevó a un dictamen muy superado”, concluyó.
La reforma abre así un nuevo capítulo en el debate sobre la atención de la salud mental en la Argentina, con el desafío de combinar respuestas oportunas ante situaciones críticas, garantías para los pacientes y un sistema de atención capaz de responder a las necesidades de todo el territorio nacional.
