
El nuevo Código Penal dominicano contempla penas de prisión para quienes abandonen a personas adultas incapaces de valerse por sí mismas, cuando exista una obligación de vigilancia o cuidado.
Autora: Mag. Darihana Linarez Corporan, Magíster en Derecho Médico y jueza del Poder Judicial, parte del Staff legal de JURISALUD.
Imagine que un médico concluye su jornada laboral y se retira del hospital, dejando a un paciente en estado crítico sin garantizar que otro profesional asuma su atención. Horas después, el paciente sufre una complicación grave. ¿Estamos frente a una falta ética, un incumplimiento profesional o una conducta que podría constituir un delito?
El nuevo Código Penal dominicano, instituido mediante la Ley núm. 74-25 y modificado por la Ley núm. 44-26, contempla el abandono de personas adultas incapaces de valerse por sí mismas. Aunque esta infracción no está dirigida exclusivamente a los médicos, tiene especial importancia en los establecimientos de salud, donde la atención de determinados pacientes implica asumir ciertas obligaciones.
El artículo 155 de dicha norma, establece una sanción de uno a dos años de prisión menor y multa de tres a seis salarios mínimos del sector público para quien abandone a una persona adulta que no puede valerse por sí misma, teniendo a su cargo una obligación de vigilancia o cuidado.
La situación se agrava cuando el abandono ocasiona consecuencias sobre la integridad física o la vida de la víctima. Conforme al artículo 156, si produce una mutilación, lesión o incapacidad permanente, la pena será de dos a cinco años de prisión menor y multa de nueve a quince salarios mínimos del sector público. Cuando causa la muerte, la sanción aumenta de cinco a diez años de prisión mayor y multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público.
A estas consecuencias penales podría añadirse otra de considerable impacto para el ejercicio médico: la inhabilitación temporal o definitiva para ejercer la profesión, como pena complementaria, cuya imposición no es automática, sino que corresponde determinar al tribunal según las circunstancias del caso.
En ese contexto el artículo 12 de la referida norma, contempla la comisión por omisión. Esta disposición permite atribuir determinados resultados a quien, teniendo el deber jurídico y la posibilidad de evitarlos, no actúa, siempre que concurran los presupuestos exigidos por la ley. En la práctica médica, este análisis puede resultar relevante cuando el profesional ocupa una posición de garante respecto de la vida o la salud del paciente.
Esto no significa que cada vez que un médico se ausente estemos ante un delito, la medicina funciona mediante turnos, relevos y equipos de trabajo, y ningún profesional está obligado a permanecer indefinidamente junto a un paciente. El problema surge cuando se retira sin asegurarse de que alguien competente continúe la atención. Pensemos, por ejemplo, en un paciente que acaba de salir de una intervención quirúrgica, permanece sedado y necesita vigilancia permanente. ¿Sería razonable que el médico responsable se marchara sin garantizar la continuidad de esos cuidados?
Esta problemática también ha sido examinada por tribunales extranjeros. En España, el artículo 196 del Código Penal sanciona al profesional que, estando obligado a prestar asistencia sanitaria, la deniega o abandona los servicios sanitarios cuando de ello se deriva un riesgo grave para la salud de las personas.
Un caso ilustrativo fue examinado por el Tribunal Supremo español mediante la Sentencia núm. 648/2015, del 22 de octubre de 2015. Los hechos ocurrieron en febrero de 2008, cuando un hombre perdió el conocimiento mientras conducía hacia el Hospital Virgen de Altagracia, en Manzanares, Ciudad Real. Su vehículo terminó accidentado frente al centro hospitalario.
Ante la gravedad de la situación, agentes de la Guardia Civil acudieron al servicio de urgencias y solicitaron que un médico saliera a prestarle asistencia. Sin embargo, el facultativo de guardia se negó, alegando que no podía abandonar su puesto y que debía intervenir el servicio de emergencias.
Pese a los requerimientos, el médico mantuvo su negativa. Finalmente, una unidad móvil atendió al paciente, quien falleció después de que las maniobras de reanimación resultaran infructuosas.
El profesional fue condenado por violar el artículo 196 del Código Penal español y el Tribunal Supremo confirmó la condena, que incluía ocho meses de multa, inhabilitación especial para el ejercicio profesional durante seis meses y responsabilidad civil.
Lo interesante de esta decisión es que el tribunal examinó el deber de asistencia de un médico de urgencias respecto de una persona que se encontraba fuera del recinto hospitalario, pero en sus inmediaciones y en una situación de evidente necesidad.
La condena penal no se fundamentó en que la negativa hubiera causado la muerte, pues esa relación causal no quedó demostrada. Sin embargo, en el ámbito de la responsabilidad civil, el tribunal reconoció la pérdida de oportunidad de recibir una asistencia que pudo haber influido favorablemente en la evolución del paciente.
En nuestro ordenamiento, particularmente respecto del abandono agravado previsto en el artículo 156, no basta con demostrar que el paciente falleció después de quedar sin atención. Es necesario acreditar que se produjo una conducta constitutiva de abandono y que el resultado fue consecuencia jurídicamente atribuible a ella.
De ahí la importancia del expediente clínico, las notas de evolución, los registros de vigilancia, las entregas de guardia y el peritaje médico. Estos elementos pueden contribuir a esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias en que se produjo el desenlace.
También debe reconocerse que el médico no está obligado a mantener indefinidamente una relación asistencial. Pueden existir razones legítimas para interrumpirla, siempre que se respeten las obligaciones legales y profesionales aplicables, especialmente cuando el paciente necesita atención continua.
Por ello, tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas, resulta fundamental contar con mecanismos claros de entrega de pacientes, identificación de responsables y seguimiento de quienes requieren vigilancia permanente. No se trata únicamente de cumplir protocolos administrativos, sino de proteger al paciente y documentar adecuadamente la atención brindada.
Estas y otras situaciones relacionadas con la responsabilidad jurídica de los profesionales de la salud son abordadas en mi libro Entre la Medicina y el Derecho: la responsabilidad del acto médico, una obra que procura acercar el conocimiento jurídico a la práctica clínica y promover la prevención de riesgos legales.
La medicina exige tomar decisiones difíciles, muchas veces en condiciones de urgencia y con recursos limitados. Por ello, no sería correcto convertir cualquier deficiencia asistencial en un delito. Pero tampoco puede ignorarse que, en determinadas circunstancias, dejar a una persona sin el cuidado que necesita puede trascender el ámbito ético y comprometer la responsabilidad penal.
Nota editorial: El presente artículo corresponde a un análisis jurídico elaborado por la licenciada Darihana Linarez Corporan. Las opiniones, interpretaciones y conclusiones expresadas son responsabilidad de su autora y no representan necesariamente la posición editorial de DiarioSalud.

