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Gasto de bolsillo, captura corporativa, sesgo cultural en el sistema de salud

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El debate público suscitado en los últimos días en la República Dominicana a raíz de una serie de publicaciones periodísticas sobre copagos en el sector privado de salud ha puesto al descubierto, una vez más, una de las contradicciones más lacerantes del Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS). Lejos de cumplir con el principio constitucional de universalidad y equidad en el acceso, el modelo operativo vigente ha normalizado el denominado «descuadre» o copago ilegal, transformando en un mecanismo informal de financiamiento complementario.

Desde la perspectiva de la teoría contractual y del diseño original de la Ley No. 87-01, el copago fue concebido como una «cuota moderadora»: un desincentivo económico marginal cuyo propósito técnico era mitigar el riesgo moral y evitar el sobreuso innecesario de los servicios de salud de alta complejidad. No obstante, en la praxis del mercado sanitario dominicano, esta figura ha sufrido una mutación regresiva. Hoy en día, el copago no modera demanda por razones clínicas, sino que actúa como una barrera económica que penaliza al afiliado y compensa las tarifas de honorarios y procedimientos que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) mantienen desactualizadas frente a los Prestadores de Servicios de Salud (PSS).

Este fenómeno plantea una interrogante fundamental para la sostenibilidad: ¿Es posible solucionar la crisis de los copagos y dignificación de los honorarios profesionales sin recurrir al incremento de la cápita (el costo por afiliado)? La respuesta desde la economía de la salud es afirmativa, pero requiere desmontar un entramado de intereses corporativos, inercia política y distorsiones culturales que han secuestrado la gobernanza del sector.

Para entender por qué las ARS mantienen una postura de deliberada indiferencia ante el cobro de excedentes a sus afiliados, es necesario analizar la estructura de incentivos financieros del seguro privado. Las administradoras operan bajo la lógica mercantil de contención de costos. Dado que la cápita que reciben a través de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) es fija, maximización del excedente operativo o ganancias de la ARS depende estrictamente de la capacidad para minimizar el gasto en siniestralidad.

Esto se logra mediante tres mecanismos recurrentes: la congelación plurianual de los honorarios médicos, la aplicación discrecional de glosas (rechazo de facturas por tecnicismo administrativo) y la dilación en los tiempos de pago a las clínicas. Al mantener las tarifas médicas en niveles que no guardan relación con la inflación acumulada ni los costos operativos reales de los consultorios modernos, las ARS trasladan la presión financiera al eslabón más débil de la cadena: el médico. Este último, ante la insostenibilidad de su práctica, transfiere el costo directamente al paciente mediante el copago en la consulta y procedimiento.

El órgano rector en la materia, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), posee las facultades legales para intervenir el este circuito. La solución no estriba en inyectar más recursos públicos o privados aumentando cápita, lo cual solo incrementa el volumen de masa monetaria gestionada por las ARS sin alterar su comportamiento distributivo. La intervención debe enfocarse de los márgenes de intermediación y la auditoría de las cuantiosas reservas técnicas que las ARS acumulan y colocan en los mercados financieros. Indexar los honorarios médicos conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), financiado mediante la optimización de los gastos administrativos de las aseguradoras (cuyo tope legal ronda el 10%), es técnicamente viable si existiera una fiscalización rigurosa del contrato tripartito.

El pilar estructural que viabiliza y profundiza esta crisis es la ausencia sistémica de la Estrategia de Atención Primaria como «puerta de entrada» obligatoria al SDSS. La República Dominicana padece de grave déficit en educación básica en salud y prevención de enfermedades. La población carece de las herramientas conceptuales para adoptar estilos de vida saludables, lo que se traduce en una alta prevalencia de patologías crónicas no transmisibles (hipertensión, diabetes, obesidad) que son detectadas tardíamente, cuando ya requieren intervenciones de tercer nivel o cuidados intensivos.

A este vacío educativo se suma un sesgo cultural profundamente arraigado: el ciudadano dominicano asocia la calidad de la atención médica con la hiper-especializacion. Ante cualquier sintomatología difusa, la tendencia conductual es acudir de primera intención a un médico especialista (un neurólogo para una cefalea tensional, o un cardiólogo para una palpitación por ansiedad). Esta conducta satura las consultas especializadas y encarece exponencialmente el costo del sistema.

Paradójicamente, tanto los médicos especialistas como los propietarios de clínicas privadas han convergido históricamente en una tenaz resistencia a la implementación del Primer Nivel de Atención. Existe un temor generalizado de base económica: se percibe a la Atención Primaria como un «filtro» que confiscaría el flujo masivo de pacientes de los que dependen sus ingresos actuales. Este diagnóstico es erróneo. En los sistemas de salud de alta eficiencia, la Atención Primaria es capaz de resolver de forma integral desde el 70% al 80% de los motivos de consulta cotidiana. Al derivar de manera ordenada únicamente a los casos de real complejidad hacia el segundo y tercer nivel, se produce un ahorro sistémico masivo, (a mediano y largo plazo, porque para que funcionen adecuadamente se debe invertir grandes sumas de dinero en infraestructura, equipos, insumos y medicamentos, recursos humanos para que posean la capacidad resolutiva en este primer nivel), al evitar emergencias e internamientos evitables. Es precisamente ese capital ahorrado, conjuntamente con las medidas antes citadas, lo que permite a las ARS duplicar o triplicar legítimamente las tarifas de los especialistas, eliminando de golpe la justificación material del copago sin encarecer la prima general.

¿Por qué, si las soluciones técnicas y los modelos comparados regionales (como el costarricense o el colombiano) demuestran la viabilidad de esta reforma, el sistema dominicano permanece inalterado tras casi un cuarto de siglo de vigencia de la Ley No. 87 01? La respuesta se halla en la economía política del país y en la naturaleza de su sistema de partidos.

El Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) opera bajo un esquema institucional de veto cruzado que otorga un poder desproporcionado a los sectores corporativos y financieros. Los sucesivos gobiernos y los partidos políticos, incluyendo las plataformas de oposición que ensayan discursos de cambio, muestran una evidente falta de voluntad política para abordar la raíz estructural del problema. El financiamiento de las campañas electorales y los vínculos orgánicos entre las élites políticas y los conglomerados económicos que controlan las principales ARS privadas neutralizan cualquier iniciativa de reforma legislativa o de aplicación estricta de las normativas de la SISALRIL. La salud pública se subordina, de este modo, a la preservación de los márgenes de rentabilidad financiera del oligopolio asegurador.

Finalmente, el pegamento sociológico que mantiene cohesionado este statu quo es la fragmentación e indiferencia de la propia sociedad civil. El ciudadano dominicano experimenta el abuso del copago de manera atomizada y efímera: se queja individualmente en la caja de la clínica, manifiesta su frustración en redes sociales o en interacciones cotidianas, pero carece de un pensamiento crítico colectivo y de canales institucionales expeditos para aglutinarse en un grupo de presión cohesionado.

La población se encuentra en un estado de entretenimiento y anestesia social que inhibe su capacidad de respuesta organizada. El sistema es consciente de esta laxitud; sabe que el usuario, ante la urgencia de la enfermedad de un ser querido, preferirá recurrir a endeudamiento familiar o al gasto de bolsillo directo antes que articular una resistencia civil sostenida que exija el cumplimiento de sus derechos de filiación.

La erradicación del copago abusivo en el sistema de salud privado no es un problema de insuficiencia de los recursos, sino de distribución del poder y de diseño institucional. Resolver la crisis sin aumentar la cápita exige una intervención decidida del Estado dominicano para romper el círculo vicioso del rentismo corporativo y la distorsión cultural. Implica imponer penalidades cruzadas a las ARS que incumplan la garantía de su red de prestadores, descentralizar el gasto mediante compras corporativas y, fundamentalmente, declarar de alta prioridad nacional la implementación de la Atención Primaria y la educación preventiva. Hasta tanto la ciudadanía no despierte de su letargo y se configure como un aparato de presión política ineludible, la salud continuará siendo una mercancía de lujo disfrazada de derecho social, y el copago, el precio del silencio.



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