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Permisos ambientales sin participación comunitaria

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Anualmente se otorgan se otorgan sin participación comunitaria, 6,500 permisos ambientales del ministerio de medio ambiente y 11,850 autorizaciones de no objeción del uso del suelo en 158 ayuntamientos dominicanos. Igualmente, en 20 años el presupuesto participativo de los ayuntamientos basado en la ley 170-07, movilizó 35 mil millones de pesos en varilla y cemento, más miles de millones en servicios públicos de salud y educación, que no mejoraron la calidad de la participación y gestión ciudadana en el Estado.

Varias investigaciones de las escuelas de postgrado de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), PUCMM, la Universidad Católica de Santo Domingo (UCDS) y otras universidades, indican que médicos, profesores, chefs de gastronomía, municipalistas o ambientalistas, aunque sean buenos en la ciencia que le corresponde, tienen bajo conocimiento en gerencia y gobernanza.

Una investigación apoyada por GTZ que hicimos para PUCMM, en los años 90 del siglo pasado, que luego presentamos en Ginebra, Suiza, evidenció que cientos de chef y cocineros de los centros hoteleros turísticos de las costas norte y sureste, eran excelentes en gastronomía, pero sabían menos de inocuidad de alimentos, que una muestra de niños de quinto grado de primaria.

Hemos llegado al momento de impulsar una nueva etapa de participación social en República Dominicana, mediante el fortalecimiento de la representación comunitaria en cientos de organismos, instituciones y espacios de gestión pública de las diferentes provincias. Consideramos que la democracia debe avanzar hacia un modelo donde ciudadanía no sea únicamente receptora de los servicios públicos, sino también protagonista de su mejoramiento, seguimiento, vigilancia social y evaluación.

En tal virtud, proponemos fortalecer lo que se denomina un nuevo poder ciudadano, sustentado en la participación organizada, corresponsabilidad social, transparencia y control democrático de la gestión pública. Esta propuesta no plantea crear un cuarto poder constitucional, ni sustituir las atribuciones de las autoridades electas o designadas. Se refiere a consolidar una fuerza ciudadana organizada, institucionalizada y con capacidad de mejorar decisiones y los resultados de las instituciones.

República Dominicana dispone de decisivos instrumentos legales que respaldan este modelo de participación. La Ley de Salud 42-01 establece, en su artículo 12, que la participación social constituye un derecho y un deber de la comunidad en la planificación, estructuración, financiación, gestión, evaluación y control del sistema y los servicios de salud. Lo mismo hace el Reglamento General de Hospitales instituido por el decreto 351-99. Estos mandatos proporcionan una base para fortalecer la representación comunitaria en hospitales, centros de atención primaria y otros establecimientos sanitarios.

SENASA demostró que dejar solos a funcionarios del Estado, sin participación social, para que administren miles de millones de pesos en atención médica, es como amarrar gatos con tiras de longaniza.

Por su parte, la Ley General de Educación 66-97 contempla las juntas escolares como organismos representativos de participación, con responsabilidades relacionadas con la vinculación entre escuela y comunidad, calidad educativa y supervisión de asuntos de interés económico y administrativo de los centros. Asimismo, la Ley General sobre Medio Ambiente 64-00 dispone, en su artículo 28, que la planificación del desarrollo provincial incorpore la dimensión ambiental mediante procesos permanentes, participativos y concertados entre entidades involucradas.

Sin embargo, la comunidad está ausente de las decisiones que otorgan permisos ambientales. La República Dominicana experimentó crecimiento extraordinario en la emisión de autorizaciones ambientales. Los datos publicados por el Ministerio de Medio Ambiente muestran que se pasó de 658 autorizaciones en 2019 a más de 6,500 en 2025.

A estas disposiciones se suma la Ley 176-07 de los Municipios, particularmente los artículos 226, 252 y 253 más la ley de presupuesto participativo 170-07 que ha sido desvirtuada sólo para comprar y construir, con varillas y cemento en los barrios.

Estas legislaciones reconocen la colaboración ciudadana en la gestión municipal, los consejos económicos y sociales municipales y el derecho de las comunidades a constituir comités de seguimiento para vigilar el funcionamiento de servicios públicos, realización de obras, procedimientos de compras y correcta utilización de los fondos municipales. Estos instrumentos demuestran que la participación ciudadana no es una concesión graciosa de los funcionarios públicos, sino una dimensión reconocida por el ordenamiento jurídico dominicano que debe traducirse en mecanismos concretos de representación y actuación.

Se entiende que estas metodologías pueden aplicarse progresivamente en la República Dominicana, creando sistemas comunitarios de observación y seguimiento que complementen, sin sustituir, las funciones de los organismos oficiales de fiscalización y control.

Asimismo, subrayamos que Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también documenta la importancia de fortalecer la participación ciudadana en el control fiscal y la vigilancia del gasto público. En una publicación de julio de 2024, el organismo examinó más de 60 experiencias internacionales de participación ciudadana en procesos de control fiscal, destacando cómo las organizaciones sociales pueden contribuir a identificar posibles ineficiencias, irregularidades y riesgos de corrupción en el manejo de los recursos públicos. El BID reconoce valor de incorporar sociedad civil en diferentes etapas del ciclo de fiscalización: planificación, ejecución, difusión de resultados y seguimiento.

Finalmente, establecemos como desafío de la democracia contemporánea, superar la separación tradicional entre quienes administran instituciones públicas y quienes reciben sus servicios. La participación social debe dejar de ser una actividad ocasional, protocolar o exclusivamente consultiva para convertirse en un componente permanente de la gobernanza democrática.

Consideramos que los representantes comunitarios no deben ser convocados solamente para inauguraciones, actividades conmemorativas o reuniones ocasionales. Deben disponer de espacios institucionales para aportar, preguntar, observar, evaluar, proponer y dar seguimiento a los compromisos de las autoridades. El propósito no es debilitar el Estado, sino fortalecerlo mediante una ciudadanía organizada que contribuya a prevenir deficiencias, mejorar la calidad de los servicios, proteger los recursos públicos y generar mayor confianza entre las instituciones y la población.

La democracia no debe reducirse a votar cada cuatro años. También debe ejercerse diariamente desde hospitales, escuelas, ayuntamientos, comunidades y todos los espacios donde se administran recursos públicos y se toman decisiones que afectan la vida de las personas.






Reynaldo Peguero

Epidemiólogo y urbanista

Maestro en Administración y epidemiología, especialista en Planificación Estratégica del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), Barcelona.

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