Caracas, 17 may (EFE).- La reducción de los casos de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela se debe, de acuerdo a la ONG Espacio Público, al cierre de medios de comunicación, así como a la ausencia de movilizaciones de calle, lo que no se traduce en un cambio de política, porque -dice- los problemas estructurales asociados a estos ataques se mantienen.
En 2023, Espacio Público documentó un total de 204 casos de violaciones a la libertad de expresión, lo cual representa una disminución del 11 % con relación al número de situaciones registradas en 2022, cuando computó 227 ataques.
Sin embargo, detalló que aunque hubo menos casos registrados, estos fueron «más violentos».
La principal violación documentada por la organización fue la de intimidación, con 121 casos, vinculada, principalmente, a los impedimentos de desplazamiento, detenciones arbitrarias o «asalto a periodistas durante el ejercicio de sus labores».
El director de la ONG, Carlos Correa, explicó a EFE que la reducción de casos se explica en el cierre de medios de comunicación de los últimos años que hace que haya menos periodistas o profesionales asociados a la información haciendo coberturas, así como a la disminución en las movilizaciones de calle.
«Quizás ha bajado un poco la intensidad. Primero que no ha habido procesos electorales o movilizaciones de calle y después porque también hay menos víctimas potenciales, pero no aseveraría que hay un cambio en la política ni que esas reducciones estén asociadas a que está mejorando la situación», sostuvo.
Correa añadió que esta reducción no es sostenible en el tiempo porque los «elementos estructurales» que dan pie a las violaciones a la libertad de expresión se mantienen.
«No solo eso, sino que aumentaron algunos niveles de violencia institucional mucho más fuertes. La aplicación de la Ley contra el Odio, por ejemplo (…) es una ley brutal en términos del tamaño de las sanciones que se le puede aplicar a la persona por expresarse en redes sociales», agregó.
Clima hostil
En el primer cuatrimestre de 2024, Espacio Público registró 68 violaciones al derecho a la libertad de expresión, un incremento del 22 % con relación al mismo periodo de 2023, lo que la ONG relaciona al contexto de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 28 de julio.
Como en 2023, el tipo de violación más frecuente en este período fue el de la intimidación, seguido de la censura, por lo cual -insistió- «no hay elementos para argumentar que hay una reducción sustancial o que eso es sostenible en el tiempo».
Para el activista, una política que dé mayores garantías al ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela pasa porque se sancione la violencia contra los periodistas, que no «haya discursos estigmatizantes o descalificadores» y que se facilite el acceso a las fuentes oficiales.
«Tienes elementos que mantienen una política, básicamente, de considerar a los periodistas, a los medios y a toda persona que haga crítica como enemigo y eso se traduce en un clima muy hostil para el trabajo», apuntó.
Los más vulnerables
El director de Espacio Público señaló que, a pesar del cierre de medios tradicionales, como emisoras de radio, existen «tejidos comunicativos», pues -dijo- la gente busca información en redes sociales, medios de comunicación internacionales o servicios de mensajería como Whatsapp.
Esto hace, prosiguió, que haya nuevos actores potencialmente víctimas de ataques a la libertad de expresión, como los usuarios de redes, «que no necesariamente son periodistas, pero que sí tienen información de interés público».
Añadió que han observado que, en algunos casos, el ataque no va dirigido a quien generó la noticia, sino a quien la distribuyó, es decir, «al intermediario, el que hace circular la información, y eso tiene que ver con esos cambios que hay en el ecosistema comunicacional».
Saraí Coscojuela
(c) Agencia EFE
