Aumentó a 41 el número de reclusas muertas quemadas durante un motín en el interior de la principal cárcel de mujeres de Honduras.
Además de víctimas quemadas, hubo informes de reclusas fallecidas con heridas de bala o apuñaladas dentro de la prisión de Tamara, a unos 50 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, dijo Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público hondureño.
“Los equipos forenses que se encuentran realizando los levantamientos cadavéricos confirman que son 41 muertas los que se contabilizan”, confirmó Mora a The Associated Press.
Al menos siete reclusas estaban siendo atendidas en un hospital de Tegucigalpa por heridas de bala y arma blanca, confirmaron autoridades del Hospital Escuela.
No se han dado a conocer hasta el momento oficialmente los detalles sobre el origen o motivos del enfrentamiento.
Pero, según explicaron a medios locales algunas de las lesionadas que llegaron al Hospital Escuela, el incidente comenzó cuando presas pertenecientes a la pandilla “Barrio 18” entraron en uno de los módulos y abrieron fuego contra las demás presas y les prendieron fuego.
El suceso ocurre casi tres meses después de que la presidenta hondureña, Xiomara Castro, anunciara la intervención en los 25 penales del país, debido a la violencia imperante y al autogobierno que tienen los reclusos en esos centros. Hace medio año se decretó también el estado de excepción en el país combatir la violencia de las pandillas y el crimen organizado.
Castro, en su cuenta oficial de Twitter, dijo que el “monstruoso asesinato de mujeres” fue “planificado por maras a vista y paciencia de autoridades de seguridad” y convocó a dichos altos funcionarios a “rendir cuentas”. “¡Tomaré medidas drásticas!”, advirtió.
Decenas de familiares nerviosos y furiosos se congregaron en las afueras de la prisión desde la mañana del martes, poco después de que se originara el motín de la prisión situada en una zona rural. Reclamaban información para saber qué mujeres estaban vivas y cuáles muertas.
“Estamos aquí muriéndonos del dolor, de la angustia… No tenemos información”, dijo Salomón García padre de una de las presas.
“Queremos justicia, es lo que queremos nosotros. Son muchos muertos”, señaló Azucena Martínez, cuya hija también estaba recluida en la prisión. “No sabemos si los de nosotros también están allí muertos”.
Por su parte, Julissa Villanueva, viceministra de Seguridad y responsable de las cárceles, sugirió que el motín comenzó en respuesta a las acciones del gobierno para liberar a las cárceles del poder del crimen organizado y aseguró que no van “a permitir bajo ningún punto el ataque o el sabotaje”.
“No nos vamos a doblegar”, subrayó en un mensaje televisado. “No vamos a negociar”.
Según explicó a AP Joaquín Mejía, académico del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de los jesuitas en Honduras, dos de los grandes problemas de las prisiones hondureñas son el abandono que sufren por parte de las autoridades y la capacidad de control interno que tienen los reclusos.
Aunque el gobierno de Castro anunció una intervención para cambiar esta situación, el motín de Tamara evidencia que se fracasó en el intento de depurar a la policía penitenciaria y de evitar que se puedan introducir en las prisiones “desde droga, granadas y armas de fuego”.
Apuntó también a “uno de los graves peligros de la Bukelización de la política de seguridad en el país, con todo lo que ello implica”, en referencia a las medidas tomadas en El Salvador por el presidente Nayib Bukele que han bajado la violencia en ese país a costa de elevar los casos de violaciones a los derechos humanos.
El peor desastre carcelario en un siglo también ocurrió en Honduras, en 2012 en la penitenciaría de Comayagua, donde 361 reclusos murieron en un incendio posiblemente causado por una cerilla, un cigarrillo o similar.
