La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) reanudará la persecución penal en contra de un empresario productor de carne de cerdo y dueño de una granja en Jamao, de esta provincia, por incumplimiento de acta compromiso para corregir y descontinuar prácticas contaminantes.
Debido al incumplimiento de Luis Manuel Brache Guzmán y de su empresa Granja Proyecto LB, el Ministerio Público procederá a presentar la acusación formal ante el juez y a notificar a los responsables.
“Acorde a como establece el artículo 37 del Código Procesal Penal, una vez haya el acuerdo y no se haya cumplido, el proceso va a continuar como si no se hubiera pactado nada”, explicó Milagros García Grullón, procuradora fiscal de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Espaillat, entrevistada en su despacho por representantes de medios de comunicación locales, que se han hecho eco de las referidas prácticas contaminantes.
La representante del órgano de la acusación indicó que, aunque la empresa ha procurado dar la apariencia de acatar las medidas de saneamiento establecidas, se han producido denuncias con evidencias de lo contrario. Indicó, además, que la violación de los requisitos establecidos ha sido documentada por un nuevo informe técnico, emitido por el Ministerio de Medio Ambiente, que ratifica las indicaciones de origen.
La Proedemaren especificó que luego de denuncias comunitarias y de organizaciones que luchan por la preservación del medio ambiente, además de tres allanamientos al lugar y los correspondientes informes técnicos, el Ministerio Público conminó a Brache Guzmán a la firma de un acta compromiso, a fin de que acatara las indicaciones de detener la contaminación de las fuentes de agua del lugar y de las laderas de la montaña donde se ubica su Proyecto LB, una extensión de cuatro mil tareas de tierra.
De manera específica, en el acta de fecha 17 de mayo de 2019, el empresario se comprometía a la eliminación de todas las tuberías que drenan agua por debajo de la laguna de descarga, además de realizar operativos de limpieza y recogidas de plásticos y materiales peligrosos. Asimismo, construir una cámara de descomposición de material orgánico, que incluye restos de cerdos sacrificados y placentas de hembras paridoras.
Durante las inspecciones de entonces, esta área especializada del Ministerio Público también detectó manejo inadecuado de materiales como jeringas y frascos de productos.
Debido al alto impacto de estas prácticas en el entorno y en las comunidades circundantes, parte del acuerdo incluía que la granja gestionara ante el Ministerio de Medio Ambiente la asignación de una empresa prestadora de servicios de medición de la calidad de aguas residuales salientes del proceso biodigestor hacia la cañada.
