El tema eléctrico se ha convertido en el talón de Aquiles y el mayor punto de cuestionamiento al gobierno del Partido Revolucionario Moderno, PRM, y a la gestión de gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader. En las ultimas semanas se suman desaciertos unos tras otro en dicho sector y, en buen dominicano, se podria decir que no logran pegar una, pasando de un desacierto al otro y enervando el animo de la población hasta llevar cuestionamientos a la posibilidad de ser reelectos.
A pesar de ser una decision establecida en el Pacto Eléctrico y, por tanto, acordada por todos los partidos políticos en su momento, plantearse la ejecución del desmonte del subsidio eléctrico en medio de una crisis económica como la actual, matizada por una inflación que no ha dejado producto alguno sin subir de precio y con alzas de la factura eléctrica precediéndole, convocó los demonios y trajo consigo las quejas y protestas de comerciantes, empresarios y la población en sentido general.
Plantearse un desmonte trimestral del subsidio eléctrico, estableciendo un 9% de incremento por trimestre, cuando ya antes de iniciarse esto la factura eléctrica acusaba aumentos para gruesos sectores de la población, en el marco de serios cuestionamientos al desempeño gerencial de las administradoras Edesur, Edenorte y Edeeste, por la mostrada incapacidad de reducir las perdidas estimadas en un 31%, 34% y 58% respectivamente, amen de un incremento sostenido de sus nóminas, ante esto se hacia cuesta arriba justificar el alza de la tarifa eléctrica sobre la base del desmonte del subisidio para buscar recursos para las propias Edes.
Cómo entender la población que ante la incapacidad de las Edes de generar y administrar sus propios recursos se les facilitarían las cosas, cargando la búsqueda de recursos para seguir sosteniéndoles en su incapacidad y derroche, con incrementos de la factura eléctrica para que sea la población que pague el desaguisado?
El propio gobierno, por vía de los datos recopilados y publicados en su portal por el Monitor Energético del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD), conviene en que, bajo la premisa de que toda la energía eléctrica producida para ser vendida se factura, pero no se cobra y que, por tanto, se deriva de esto que las empresas distribuidoras del servicio eléctrico generan pérdidas que, técnicas o comerciales, perdidas al fin, muestran un cuadro de incapacidad gerencial para bien administrar, reordenar la plataforma técnica, siendo el propio órgano estatal el cual concluye en que “la gestión comercial de las EDE no ha logrado sumar valor a los activos bajo su administración”.
De forma enfática el MEPyD ha referido que el desempeño de distribución energética del país desde 2016 a 2019, indica que República Dominicana lidera con 28.4 % los porcentajes de mayores pérdidas, tras comparar datos sobre porcentajes anuales de pérdida de energía de las empresas distribuidoras de electricidad de Kenia (19.6 %), Uganda (17.5 %), Panamá (13.6 %) y Costa Rica (10.5 %).
Advirtiendo el mantenimiento de esa misma situación hasta la fecha, a pesar de referir una cierta mejoría al indicar que el esfuerzo comercial de las EDE ha permitido aumentar el número de clientes facturados, es visible sin embargo que un desplome del sistema en los últimos meses, los continuos apagones sin explicación, han impactado negativamente y retrotraído esas mejoras.
Peor aun, una nomina supernumeraria (estudios técnicos indican que las Edes deberían trabajar de forma optima con 1,800 empleados todas y sin embargo su personal supera los 7 mil 600 empleados en la actualidad), que acusa además un incremento salarial en los estamentos gerenciales inusuales, inexplicables en estos momentos, y queriendo explicar estos de forma burlesca aludiendo un reajuste por inflación que no ha recibido el resto de la población, irrita aun mas a la ciudadanía.
Solo la Superintendencia de Electricidad ha registrado incrementos salariales para sus 500 empleados, dos veces desde septiembre del pasado año. Medios relatan como, por ejemplo, «…el máximo representante de la SIE, Rafael Anibal Velazco Espaillat inició su periodo como superintendente, el 20 de agosto de 2020, con una remuneración salarial de 596,546 pesos para luego ganar RD$ 653,219, hasta alcanzar finalmente RD$ 751,201.… pero también el presidente del consejo administrativo de la referida entidad, tuvo un aumento salarial de 154,655 pesos en un periodo de 11 meses, en el mismo lapso se acrecentaron en 115,733 pesos los sueldos de los miembros del consejo, Diógenes Rodríguez Grullón y Aura Mireya Caraballo Castillo.
«En ambos casos de los aumentos, tanto Rodríguez Grullón como Caraballo Castillo pasaron de RD$ 446,412 a RD$ 488,822 y posteriormente a 562,145 pesos.«
Agregando la SIE a la gravedad de esta denuncia una explicación que, en lugar de generar confianza, provocó irritación mayor al argumentar que el aumento en los salarios que devengan los servidores públicos de la Superintendencia de Electricidad (SIE), se aplicó a raíz de la “la inflación acumulada registrada en estos últimos años”.
…ignorando que el resto de la población, superior numerariamente al reducido numero de 500 servidores públicos con que cuenta la SIE, no ha recibido ajuste por inflación adecuadamente.
Actuando bajo el entendido de que, al ser una entidad descentralizada, la SIE es un mundo aparte, y que según comunicado emitido por sus autoridades: «En la Superintendencia de Electricidad (SIE) siempre hemos actuado con transparencia. Somos un órgano regulador descentralizado, autónomo, no financiero, con personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y capacidad para adquirir, ejercer derechos y contraer obligaciones de acuerdo con la Ley General de Electricidad 125-01.» Le pone la tapa al pomo declarándose libre y soberana para decidir como manejar los recursos públicos puestos bajo su control.
Es decir, mientras se plantea el desmonte del subsidio eléctrico, con el consabido aumento de la factura eléctrica para la población, los recursos generados por el sector se disuelven en aumentos salariales y nominas abultadas, entre otros gastos.
Y como si esto fuera poco, el administrador de Edesur decide «aportar» RD$1,420,000.00 pesos a la contratación de un servicio de asesoría por prevención de genero, que si bien tanto se necesita en todas las entidades publicas y privadas, en todo el pais, no es correspondiente que una institución con problemas gerenciales, económicos, destine recursos a tales fines, obviando que existen instituciones propias para esto como la Procuraduría General de la Republica y el Ministerio de la Mujer, con presupuestos incluidos para tales fines.
A todo esto las quejas por los apagones y las alzas de la factura eléctrica no han cesado ni siquiera con el anuncio del gobierno de que serian acreditados los aumentos sucedidos en el mes de julio, mes donde se iniciaría el segundo desmonte del subsidio correspondiente al trimestre Julio-Septiembre.
