Santo Domingo.- La escena se repite cada vez con más frecuencia. Una persona entra en crisis en plena vía pública. Una familia busca ayuda para un pariente con un trastorno mental grave y descubre que el especialista más cercano está a varias horas de distancia. Un joven deja de trabajar porque la ansiedad limita su vida cotidiana.
Mientras estos casos llegan a los titulares y aumentan las consultas médicas, otra realidad permanece menos visible: miles de dominicanos viven con trastornos mentales mientras el sistema de salud intenta responder a una demanda creciente en medio de una transformación que todavía no termina de consolidarse.
Durante décadas, la atención psiquiátrica estuvo concentrada en el antiguo Hospital Psiquiátrico Padre Billini, conocido popularmente como «el 28″. Ese modelo comenzó a cambiar en 2016 con la creación de las primeras Unidades de Intervención en Crisis (UIC), la incorporación progresiva de servicios de salud mental en hospitales generales y el impulso de una red orientada a la atención comunitaria.
La reforma buscaba sustituir un modelo basado principalmente en la hospitalización por otro donde la prevención, la atención primaria, la rehabilitación psicosocial y el acompañamiento comunitario tuvieran un papel central.
Sin embargo, documentos oficiales, estadísticas y entrevistas realizadas para esta investigación muestran que, aunque República Dominicana ha avanzado en la reorganización del sistema, todavía enfrenta desafíos relacionados con financiamiento, recursos humanos especializados, acceso territorial y capacidad de prevención.
El Plan Nacional de Salud Mental 2019-2022 estimó que alrededor del 20 % de la población dominicana presenta algún trastorno mental, principalmente ansiedad y depresión. Esa referencia fue retomada posteriormente por el Ministerio de Salud Pública en el Plan Estratégico Nacional de Salud Mental 2026-2030.
No obstante, especialistas advierten que el país aún no cuenta con estudios epidemiológicos nacionales que permitan conocer con precisión la magnitud actual del problema.
«Nosotros seguimos trabajando con estimaciones internacionales adaptadas a nuestra realidad. Necesitamos investigaciones epidemiológicas propias que permitan planificar con mayor precisión las políticas públicas», explica el psiquiatra y exdirector nacional de Salud Mental, Ángel Almanzar.
Según el Plan Estratégico Nacional de Salud Mental 2026-2030, durante 2024 el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) notificó 65,088 episodios relacionados con trastornos mentales y de la conducta.
El 42.1 % correspondió a crisis de ansiedad; el 33.3 %, a crisis depresivas; el 19.8 %, a consumo problemático de alcohol; el 3.4 %, a intentos suicidas; y el 1.5 %, a situaciones relacionadas con drogodependencia.
La ansiedad se convirtió en el principal motivo de atención registrado, al pasar de representar aproximadamente un tercio de los casos reportados en 2021 a superar el 42 % en 2024.
Uno de los cambios más visibles de la reforma ocurrió en el antiguo Hospital Psiquiátrico Padre Billini. Según el Plan Estratégico Nacional de Salud Mental 2026-2030, el centro pasó de albergar, en ese entonces, cerca de 600 personas internadas hace una década a contar con alrededor de 99 residentes, mientras opera actualmente como un Centro de Rehabilitación Psicosocial orientado a la reintegración familiar y comunitaria.
Para la directora nacional de Salud Mental, Marisol Taveras, estos cambios reflejan un fortalecimiento de la red pública.
«Hemos avanzado significativamente en el fortalecimiento de la red de servicios de salud mental. Actualmente contamos con alrededor de 300 camas destinadas a la atención de personas con trastornos mentales y la meta es alcanzar las 500 antes de finalizar 2026″, afirma.
Pero para especialistas consultados, la reforma no puede medirse únicamente por la cantidad de camas disponibles.
«La reforma no consiste solamente en aumentar camas. El verdadero cambio ocurre cuando los servicios comunitarios logran intervenir antes de que la persona llegue a una crisis que requiera hospitalización», señala Almánzar.
Esa transformación requiere fortalecer la atención primaria. La Organización Panamericana de la Salud ha promovido modelos integrados donde la salud mental forme parte de los servicios generales y no permanezca aislada en centros especializados. Sin embargo, especialistas advierten que el primer nivel todavía carece de capacidad para detectar oportunamente los trastornos mentales.
«El primer nivel de atención no funciona. Y sin primer nivel de atención, ni salud mental ni nada va a funcionar. Necesitamos un primer nivel de atención de calidad», afirma Almánzar.
Las limitaciones del sistema también recaen sobre familias que asumen gran parte del cuidado desde sus hogares. Una madre, cuya identidad se reserva para proteger su privacidad, resume esa carga con una frase que refleja la incertidumbre de muchos cuidadores:
«Yo no quisiera que un día yo me muera y se quede él solo, no se qué pasaría».
Su preocupación refleja uno de los retos pendientes: fortalecer las redes de apoyo para pacientes y cuidadores.
El financiamiento aparece como otra de las piezas pendientes de la reforma. El Plan Estratégico Nacional de Salud Mental 2026-2030 plantea elevar la inversión en salud mental hasta alcanzar el 5 % del presupuesto nacional de salud, una meta que evidencia la distancia respecto al punto de partida identificado por el Plan Nacional de Salud Mental 2019-2022: en 2017, el gasto público destinado al área representaba apenas 0.73 % del gasto público en salud.
En octubre de 2024, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, aseguró que los recursos destinados a salud mental habían aumentado 300 %, como parte del fortalecimiento de la red nacional de atención.
El incremento supone un cambio importante frente a los niveles históricos de inversión, pero no significa que la brecha de financiamiento haya desaparecido: el propio plan vigente mantiene como objetivo multiplicar la participación de salud mental dentro del presupuesto sanitario hasta llegar al 5 %.
Para el psiquiatra Ángel Almánzar, el problema no se resuelve únicamente con aumentar el presupuesto, sino con hacia dónde se dirige ese dinero.
A su juicio, una mayor inversión debe traducirse en servicios comunitarios, prevención y equipos multidisciplinarios capaces de acompañar a las personas antes de que lleguen a una crisis.
“La salud mental no puede depender solamente del psiquiatra. Necesitamos psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, personal de enfermería especializado y equipos comunitarios que acompañen al paciente antes, durante y después del tratamiento”, sostiene.
Por otro lado, los especialistas también llaman a evitar la estigmatización.
«La mayor parte de los actos agresivos y violentos, e incluso muchos feminicidios, son cometidos por personas que nunca han tenido un trastorno mental ni han recibido tratamiento psiquiátrico», explica presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría (SDP), Julio Ravelo Astacio.
Para el galeno, muchos de estos hechos responden también a factores sociales como la intolerancia, el deterioro de la convivencia y la pérdida de habilidades para resolver conflictos.
República Dominicana ha ampliado su infraestructura, reorganizado parte de su red hospitalaria y colocado la salud mental en un lugar más visible de la agenda pública.
Pero la transición hacia un modelo preventivo y comunitario todavía no termina de consolidarse. Persisten desafíos en la disponibilidad de especialistas, el financiamiento y la capacidad de la atención primaria para detectar y atender los casos antes de que se conviertan en crisis.
El debate, por tanto, ya no gira solo en torno a cuántas camas necesita el país, sino a qué tan preparada está la red para acompañar a una persona antes, durante y después de una crisis.
En la próxima entrega: el costo económico de enfrentar un trastorno mental en República Dominicana, el papel de las ARS y la carga que asumen miles de familias.
