Adolescentes recluidos viven entre deterioro, insalubridad y falta de servicios básicos

Santo Domingo.– Unos 38 adolescentes privados de libertad permanecen recluidos en el Centro Máximo Antonio Álvarez, en La Vega, una edificación construida en 1942 que, según denuncias de la Defensa Pública, presenta filtraciones, baños destruidos, aguas negras, falta de medicamentos y escasas oportunidades educativas.

La situación ha sido denunciada durante años. Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública de La Vega y miembro de la Comisión de Cárceles, asegura que desde 2007 esa institución viene reclamando el cierre definitivo del centro por considerar que sus condiciones vulneran derechos fundamentales de los adolescentes.

• Algunos adolescentes duermen sobre piletas de cemento cuando no tienen colchones.
• El centro no cuenta con un área odontológica funcional ni con medicamentos suficientes.

“En esas condiciones es imposible” hablar de reinserción

Rodríguez explicó que las condiciones del lugar no corresponden con el objetivo de rehabilitar y reinsertar a los adolescentes que cumplen sanciones.

“En esas condiciones es imposible que un adolescente salga realmente regenerado a la calle”, afirmó al describir filtraciones, paredes deterioradas y otras fallas estructurales.

Según la defensora pública, los jóvenes están distribuidos principalmente en dos áreas y algunos deben dormir sobre superficies de cemento. También denunció que los espacios utilizados como baños son piletas sin inodoros y que el fuerte olor permanece en las mismas zonas donde duermen.

A esto se suma que, según Rodríguez, los adolescentes permanecen encerrados gran parte del día, cuentan con pocas áreas de recreación y utilizan un comedor y una cocina afectados por problemas de tuberías y estancamiento de aguas negras.

Las imágenes incluidas en los informes de visitas al centro también muestran una zona odontológica oxidada e inoperante, camarotes deteriorados y espacios sanitarios tapados debido al fuerte hedor.

El director nacional de Atención Integral para la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, Carlos Guerrero Hernández, reconoció que existen problemas estructurales y sanitarios que requieren solución.

“Es un centro que necesita, eh primero. Removerse por completo, Ni siquiera una remodelación”, expresó.

Educación, salud y alimentación también preocupan

Las deficiencias no se limitan a la infraestructura. De acuerdo con la Defensa Pública, algunos adolescentes reciben clases a través de Radio Santa María, pero no existe una estructura educativa regular que garantice formación académica y técnica para todos.

Rodríguez cuestionó que jóvenes puedan salir del centro sin haber avanzado en su educación.

“La mayoría sale de ahí y no sale con un nivel educativo. ¿Entonces, de qué ha servido el tiempo de privación de libertad?”, sostuvo.

La situación sanitaria también genera preocupación. Aunque existe un médico asignado, la Defensa Pública reportó carencia de medicamentos, falta de seguimiento de salud y ausencia de servicios odontológicos funcionales.

El problema, además, no se limita a La Vega. La Defensa Pública informó que ha identificado situaciones en los cinco centros para adolescentes que operan en el país, donde permanecen 281 jóvenes privados de libertad. Sin embargo, Rodríguez calificó el caso de La Vega como el “más patético y más caótico”.

En Santiago también se reportan dificultades. La defensora pública Marcia Ángeles señaló problemas con la alimentación, infraestructura, baños, iluminación y programas de reinserción. Según explicó, durante parte de 2024, 2025 y principios de 2026 los adolescentes no recibían determinados víveres y predominaban alimentos ricos en carbohidratos.

Ángeles también alertó sobre problemas de salud mental y aseguró que, en algunos casos, son los familiares quienes deben costear los medicamentos psiquiátricos, pese a que muchas familias tienen pocos recursos económicos.

Mientras tanto, las autoridades aseguran que se han evaluado terrenos para trasladar el centro de La Vega y construir una nueva instalación.

La Defensa Pública considera que esa alternativa sería la más viable, debido al deterioro acumulado de una estructura que lleva más de ocho décadas en funcionamiento.