Oviedo. Decenas de empleados, familiares y residentes de este municipio marcharon en protesta por el cierre de BG Investment Group, medida que atribuyen a actuaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) y que, según denuncian, mantiene en riesgo unos 85 empleos directos y más de 250 indirectos.
Los manifestantes recorrieron varias calles de Oviedo para reclamar la reapertura de la empresa, dedicada al reciclaje y clasificación de textiles usados, y pedir una solución al conflicto que mantiene con Aduanas.
Empleados y comunitarios aseguraron que el cierre ha afectado los ingresos de numerosas familias que dependen de esos puestos de trabajo. También señalaron que la empresa ha colaborado con actividades deportivas, de salud y otras iniciativas comunitarias, por lo que consideran que su paralización tiene efectos más allá de sus trabajadores.
Impacto laboral y reclamo en Oviedo
Rafael Pérez Matos, presidente de la Asociación de Productores de Plátanos de Oviedo, afirmó que el cierre ha agravado las dificultades económicas de la comunidad.
El alcalde de Oviedo también expresó preocupación por la situación y pidió al Gobierno buscar una salida que permita a la empresa volver a operar.
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Tenemos hombres y mujeres con deseos de trabajo. Aquí hay personas que, con lo que ganan, mantienen a sus familias y otras que estudian”, manifestó el alcalde, quien hizo un llamado al director general de Aduanas, Nelson Arroyo, y al presidente de la República para que intervengan en la búsqueda de una solución.
BG Investment Group y conflicto con Aduanas
BG Investment Group sostiene que desde 2008 ha denunciado un supuesto trato desigual por parte de la Dirección General de Aduanas y que las actuaciones de esa institución han provocado la paralización de sus operaciones.
La compañía afirma que opera bajo el régimen de desarrollo fronterizo y que su certificación, identificada con el número 127-184-08, permanece vigente hasta 2028.
Según la empresa, ha pagado más de RD$48 millones en impuestos aduanales y las verificaciones realizadas a sus operaciones no habrían detectado contrabando ni otras irregularidades.
Sin embargo, denuncia la retención de nueve contenedores y cuestiona cambios en los criterios utilizados para valorar sus mercancías, al considerar que no se le ha ofrecido una explicación técnica que justifique esas modificaciones.
Caso llevado al Tribunal Constitucional
La empresa llevó el conflicto ante el Tribunal Constitucional, alegando una posible vulneración de derechos como la igualdad ante la ley, el debido proceso, la seguridad jurídica y la libertad de empresa.
BG Investment Group sostiene que no busca privilegios ni evadir el pago de impuestos, sino que se respeten las condiciones de su certificación, que las decisiones administrativas estén debidamente fundamentadas y que se le permita continuar sus operaciones mientras se resuelve la controversia.
Hasta el momento, las posiciones expuestas en esta nota corresponden a la empresa y a los participantes en la protesta; cualquier determinación sobre la legalidad de las actuaciones de Aduanas deberá establecerse conforme al proceso administrativo y judicial en curso.
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