A última hora de este lunes, y cinco días después de ejecutarse el desahucio de Maricarmen, sus representantes legales y los responsables de Urbagestión, el fondo de inversión que posee la vivienda, llegaron a un acuerdo para que la mujer regrese a su hogar. Una noticia que la pensionista conoció desde la habitación del hospital Gregorio Marañón, a la que fue trasladada después del desalojo.
Un acuerdo al que se llegó después de movilizaciones y acampadas por diferentes puntos de España, en señal de protesta y como gesto de apoyo a la pensionista de 87 años. Este martes, a última hora, el Consejo de Ministros ha aprobado el conocido como ‘decreto Maricarmen’, con el que se pretende una mayor protección frente a los desahucios.
Sin embargo, la situación de los últimos días ha causado indignación en diversos sectores de la población. Entre ellos, la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), que considera “intolerable” el desahucio de la mujer, especialmente por el hecho de que no tenía garantizada una alternativa “digna, estable, accesible y acorde con su voluntad”.
Edad avanzada y discapacidad
Desde este organismo recuerdan que Maricarmen tiene una discapacidad del 50% que, sumado a su edad, hace que este desalojo sea “un golpe devastador para su salud y su equilibrio emocional”. Entre las alternativas planteadas, explican, estaba la de una residencia privada con un coste superior a los 1.200 euros, “una cantidad inasumible para su pensión”.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas asegura que en estas edades avanzadas, y especialmente con una discapacidad, un desarraigo forzoso puede provocar estrés intenso, desorientación, angustia y miedo, además de agravar problemas de salud existentes. Jesús Norberto Fernández, presidente de la PMP, asegura que lo ocurrido con el desahucio de Maricarmen es intolerable. “Una sociedad democrática no puede permitir que una persona mayor y en situación de especial vulnerabilidad sea expulsada del hogar en el que ha desarrollado prácticamente toda su vida sin que exista antes una solución adecuada”.
La residencia, una decisión personal
Del mismo modo, rechazan que una residencia pueda verse como una alternativa al hogar para una persona mayor con discapacidad por el único criterio de su edad. Según afirman, es un recurso de atención y cuidados que, cuando sea necesario, debe responder a la libre decisión de la persona. “Nunca puede convertirse en la única salida ante un desahucio, ni en una fórmula de institucionalización forzosa provocada por la ausencia de políticas públicas de vivienda”, denuncian.
Ya antes de la aprobación del decreto, la PMP reclamaba una serie de mecanismos de detección temprana, coordinación institucional y acompañamiento individual para que no se vuelva a repetir un caso similar. “Si una persona mayor va a quedarse sin techo, los poderes públicos tienen la obligación de actuar antes, no después”, reclama Norberto Fernández.
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Entre otras cosas, piden la suspensión de los desahucios de personas mayores en situación de vulnerabilidad mientras no se garantice anteriormente una alternativa adecuada, el rechazo de la institucionalización forzosa como respuesta a la pérdida de la vivienda o que se tengan en cuenta aspectos como la edad o la discapacidad en los procedimientos judiciales, administrativos y sociales vinculados a los desahucios.
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