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Exigen certificaciones y cumplimiento normativo para blindar el turismo médico y dental en el país

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El Nacional

El fortalecimiento del turismo médico y dental en la República Dominicana requiere el cumplimiento estricto de las regulaciones nacionales, la habilitación ante el Ministerio de Salud Pública y la adopción de acreditaciones internacionales como la norma Nordom ISO 22525:2020.

Así lo advirtieron representantes del sector, quienes señalaron que la viabilidad de la industria depende de la seguridad del paciente, la transparencia y la gestión de riesgos, aspectos vinculados además a las implicaciones de la responsabilidad profesional ante el nuevo Código Penal.

Para sostener este modelo, los prestadores de salud deben estructurar departamentos internacionales capacitados en atención bilingüe y comunicación intercultural. 

Estas áreas abarcan desde la evaluación previa al viaje y la firma de consentimientos informados hasta el manejo de complicaciones y el seguimiento posterior al retorno del usuario a su país de origen.

Las exigencias del sector fueron analizadas durante el panel «Turismo de Salud», celebrado en el marco del XXVI Congreso Nacional e Internacional de Odontología (CONAOD XXVI) y el centenario del Colegio Dominicano de Odontólogos. 

En la actividad participaron Virginia Laureano, presidenta de la entidad gremial; Alejandro Cambiaso y Amelia Reyes Mora, presidente y vicepresidenta de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud (ADTS); y Gerardo Mesa, director de Habilitación y Acreditación de Salud Pública.

Durante la jornada se planteó que el desarrollo del turismo sanitario genera un efecto multiplicador en la economía local, impulsando contrataciones en la hotelería, el transporte y los servicios complementarios. 

La captación de pacientes internacionales fomenta la inversión en infraestructura y tecnología, al tiempo que eleva la capacidad de equipamiento en beneficio de los usuarios locales.

La articulación entre las autoridades sanitarias, el gremio de odontólogos y la ADTS busca consolidar un esquema de cooperación público-privada. 

La meta institucional es utilizar la demanda de servicios de salud por parte de extranjeros para dinamizar el empleo especializado y actualizar las competencias del personal médico del país.

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