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100 Acciones por el Bien Común — Acción 083
Una familia no debería vivir con miedo a que sus hijos enfermen por las condiciones ambientales de su comunidad. Sin embargo, para muchos hogares dominicanos, los mosquitos, las aguas estancadas y la acumulación de desperdicios representan una amenaza cotidiana. Cuando estas situaciones persisten sin una respuesta oportuna, dejan de ser simples problemas de limpieza para convertirse en asuntos de salud pública, dignidad humana y responsabilidad del Estado.
Durante uno de nuestros Diálogos en tu Comunidad por el Bien Común, en Santo Domingo Este, escuchamos a familias preocupadas por la proliferación de mosquitos y otras plagas, así como por el aumento de casos de dengue que percibían en sus sectores. Sus testimonios tenían un denominador común: el temor de que los niños enfermaran y la incertidumbre sobre cuándo recibirían una respuesta.
Aquellas preocupaciones nos recordaron que las grandes discusiones sobre políticas públicas adquieren su verdadero significado en la vida cotidiana. Para una madre que teme por la salud de sus hijos, la eficiencia institucional no es una estadística. Es saber que las autoridades actuarán antes de que una amenaza se convierta en una emergencia.
Registramos la situación en el Sistema M158 y promovimos las gestiones correspondientes para que las autoridades competentes desarrollaran acciones de control y prevención, incluyendo fumigación y eliminación de criaderos de mosquitos. Semanas después, los comunitarios nos confirmaron que se habían realizado jornadas de fumigación y manifestaron que los casos habían disminuido. Esa percepción comunitaria constituye un resultado relevante del seguimiento, aunque la evolución epidemiológica debe ser determinada mediante los registros oficiales de salud.
La experiencia permite abordar una cuestión de fondo: ¿por qué seguimos esperando a que los problemas de salud pública se agraven para activar respuestas que podrían comenzar mucho antes? El dengue no es únicamente un desafío sanitario. También revela la calidad de la gestión territorial, la capacidad de coordinación de las instituciones y las condiciones ambientales en las que viven las familias.
Su prevención exige mucho más que fumigaciones ocasionales. Requiere vigilancia epidemiológica, eliminación sostenida de criaderos, manejo adecuado de residuos, educación comunitaria y coordinación permanente entre las autoridades sanitarias, municipales y ambientales. La fumigación puede formar parte de una respuesta de control vectorial, pero no sustituye la eliminación de los lugares donde se reproduce el mosquito transmisor. Si los criaderos permanecen, el riesgo también permanece.
La Constitución dominicana ofrece fundamentos precisos para esta obligación. Su artículo 61 reconoce el derecho a la salud y compromete al Estado con su protección. El artículo 66 consagra los derechos colectivos y difusos vinculados al equilibrio ecológico y la preservación del medio ambiente. Y el artículo 147 establece principios de continuidad, eficiencia y calidad en la prestación de los servicios públicos.
Estos mandatos no pueden permanecer únicamente en los textos jurídicos: deben traducirse en mecanismos de prevención, supervisión y respuesta que funcionen en los barrios y comunidades. Y prevenir también significa administrar mejor los recursos, pues cada brote genera gastos médicos, ausencias laborales, interrupciones escolares y presión adicional sobre los servicios de salud.
Aquí aparece una de las principales debilidades de nuestra organización institucional: la fragmentación de responsabilidades. Una entidad atiende la salud, otra recoge los residuos, otra interviene los drenajes y otra desarrolla jornadas educativas. Pero las familias experimentan todas esas deficiencias como un mismo problema. El ciudadano no vive los problemas divididos por ministerios o ayuntamientos. Los vive en su casa, en su calle y en su comunidad.
Por eso necesitamos avanzar hacia un modelo de gestión territorial que conecte información, prevención y respuesta institucional: un sistema en el que las alertas comunitarias puedan registrarse, clasificarse según su nivel de riesgo, remitirse a las autoridades responsables y recibir seguimiento hasta verificar las actuaciones realizadas. Esa es una de las orientaciones que impulsamos mediante el Sistema de Alerta Temprana y Respuesta Territorial (SART): fortalecer la capacidad de anticipación y articulación institucional para que las necesidades de las comunidades no permanezcan invisibles hasta convertirse en crisis.
La experiencia de Santo Domingo Este forma parte de ese esfuerzo. El registro de la Acción 083 en el Sistema M158 consigna un impacto directo estimado de 9,200 personas y un alcance total de 37,700 ciudadanos, incluyendo los beneficiarios indirectos. Son estimaciones del alcance comunitario de la intervención, no cifras de casos de dengue prevenidos ni una medición epidemiológica de resultados. Más allá de las cifras, existe una enseñanza fundamental: escuchar a las comunidades permite identificar riesgos que muchas veces no aparecen con suficiente claridad en los informes administrativos. Un adulto mayor que denuncia la presencia de mosquitos, una madre preocupada por sus hijos o una comunidad que solicita la limpieza de un solar pueden estar ofreciendo información valiosa para activar mecanismos de prevención.
Después de recorrer los municipios dominicanos, estoy cada vez más convencido de que la fortaleza del Estado no se mide solamente por el tamaño de sus instituciones, sino por su capacidad para resolver los problemas concretos de las personas. Un Estado que funciona no es el que espera a que los hospitales se llenen para reconocer una amenaza sanitaria. Es el que identifica los riesgos, moviliza sus capacidades y actúa antes de que las familias sufran consecuencias evitables.
La salud comienza mucho antes de llegar a una consulta médica. Comienza con un entorno limpio, agua segura, servicios públicos eficientes y comunidades que pueden vivir sin amenazas ambientales que debieron prevenirse. Proteger a una comunidad del dengue no consiste solamente en combatir un mosquito. Consiste en defender el derecho de sus familias a vivir con salud, seguridad y dignidad. La prevención no es un gasto secundario ni una responsabilidad opcional: es un deber constitucional y una expresión concreta de buena gestión pública.
Por el bien común.
Por Pablo Ulloa
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