La Cámara alta dio media sanción a tres proyectos impulsados por el oficialismo: la modificación de la Ley de Salud Mental, un régimen de beneficios fiscales para medianas empresas y la regulación del mercado voluntario de créditos de carbono. Aunque las iniciativas consiguieron amplios respaldos, la oposición cuestionó el desfinanciamiento sanitario, las desigualdades tributarias y las contradicciones del modelo económico de Javier Milei.
La reforma de la Ley de Salud Mental concentró las principales objeciones políticas de la jornada. El proyecto obtuvo 42 votos afirmativos y 21 negativos, y ahora deberá ser tratado por Diputados. Entre sus puntos más controvertidos, habilita las internaciones involuntarias a partir de la evaluación de un solo médico ante situaciones de riesgo grave para la vida o la integridad física del paciente o de terceros, con posterior comunicación a la Justicia.
El texto consensuado introdujo modificaciones para conseguir los votos de los bloques aliados. En las situaciones de emergencia, un solo médico podrá disponer la internación, pero la decisión deberá ser revisada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas. Además, se incorporó la participación obligatoria de un psicólogo en las evaluaciones y se mantuvo la prohibición de crear nuevos manicomios.
Sin embargo, el principal cuestionamiento opositor apuntó a una contradicción de fondo: el Gobierno pretende modificar los mecanismos de atención sin garantizar de manera concreta los recursos necesarios para sostenerlos. Aunque el oficialismo aceptó incorporar la cooperación técnica, económica y financiera de Nación con las provincias, la implementación dependerá de convenios entre las jurisdicciones y de la disponibilidad presupuestaria.
El senador Guillermo Andrada advirtió que la ley vigente no fracasó por sus principios, sino por la falta de recursos, mientras que Gerardo Zamora cuestionó que se avance con nuevas obligaciones sin discutir cómo se financiará la atención.
Las críticas también alcanzaron a los proyectos económicos. El Senado aprobó con 60 votos a favor y dos en contra el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), impulsado por el radicalismo, que establece beneficios impositivos para inversiones productivas desde los 12 millones de dólares. Entre las ventajas contempla amortizaciones aceleradas en el impuesto a las Ganancias, devolución anticipada de créditos fiscales del IVA y estabilidad tributaria por 30 años.
El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, cuestionó que los incentivos fiscales no alcanzan para revertir las dificultades que enfrenta el sector productivo bajo el esquema económico de Milei.
En tanto, el senador Jorge Capitanich advirtió sobre la proliferación de regímenes con beneficios asimétricos, su impacto sobre la recaudación y la ausencia de límites fiscales contemplados en los presupuestos. El planteo expuso otra de las contradicciones del modelo oficial: ofrecer ventajas tributarias de largo plazo mientras persisten las dificultades de la industria y el mercado interno.
Por último, la Cámara alta también dio media sanción al marco regulatorio del mercado voluntario de créditos de carbono, que establece reglas para registrar y comercializar certificados vinculados con proyectos de reducción o captura de emisiones. La iniciativa busca abrir oportunidades de inversión y exportación de servicios ambientales, aunque también generó cuestionamientos por los beneficios fiscales y las condiciones de estabilidad otorgadas a los proyectos registrados.
Con las tres iniciativas aprobadas, el oficialismo consiguió avanzar en su agenda legislativa con el respaldo de bloques aliados. Sin embargo, la reforma sanitaria dejó expuesta la discusión sobre el financiamiento de las políticas públicas, mientras que los incentivos económicos reabrieron el debate sobre el costo fiscal de las concesiones tributarias en un contexto de ajuste y dificultades para la producción nacional.
Los proyectos deberán ahora continuar su tratamiento en la Cámara de Diputados.
