Tal como van las cosas en la política británica, desde Bruselas da la impresión de que si el Reino Unido no abandona la UE el 1 de noviembre, el Gobierno del conservador Boris Johnson podría incluso lograr que se el país tuviera que entrar en el espinoso capítulo del artículo 7 del Tratado, que castiga duramente las políticas que rompen con la legalidad constitucional. La determinación de Boris Johnson de hacer que el Reino Unido quede desconectado de Europa a cualquier precio podría obligar incluso a una insólita intervención de la Reina Isabel II ante la ruptura de los equilibrios institucionales.
El debate ha tenido lugar cuando se han filtrado las supuestas intenciones de Johnson de ignorar al Parlamento si la oposición y la facción antiBrexit de su propio partido le presentan una moción de no confianza para evitar un Brexit sin acuerdo. Después de la última elección parcial, la mayoría es de apenas un solo escaño, lo que revela el grado de división en la que se encuentra el Parlamento. La oposición está igualmente dividida y es probablemente esta situación la que ha impedido hasta ahora que la Camara de los Comunes se haya definido sobre ninguna de las opciones, excepto la de que no quieren un Brexit sin acuerdo.
Si esa moción de no confianza se produjese, sería en septiembre y aunque aparentemente sería muy complejo para Bruselas intervenir para facilitar una salida, la pespectiva de unas elecciones en el Reino Unido podría cambiar muchas cosas. Sin embargo, la respuesta de las filas de Johnson ha sido que, en tal caso, el primer ministro podría ignorar el voto de censura y seguir en el puesto para convocar elecciones anticipadas, pero después de que se haya producido la desconexión, el 1 de noviembre.
Fin al Interrail
Uno de los principales asesores de Johnson, Dominic Cummings, ha confirmado que manejan esta posibilidad, lo que ha desatado el escándalo de personalidades tan apegadas a la tradición como Malkom Rifkind, varias veces ministro con Margaret Thatcher y John Mayor, quien ha advertido que esta actitud «provocaría la mayor crisis constitucional desde las acciones de Carlos I que llevaron a la guerra civil» a mediados del siglo XVII.
Tambien el ex fiscal general Dominic Grieve ha declarado que la Reina tendrá una «responsabilidad» de actuar si Boris Johnson no renuncia después de perder un voto de confianza. La empresaria proeuropea Gina Miller ha amenazado además con llevar a Boris Johnson ante los tribunales si ignora la voluntad de la Cámara de los Comunes.
Mientras tanto, ayer se conoció uno de los primeros gestos prácticos de la retirada. Los ferrocarriles británicos anunciaron que a partir de enero de 2020 abandonarán la cooperación con los populares «Interrail» y «Eurorail», lo que perjudicará a los viajeros que compren este billete genérico en Europa y que ya no será válido en territorio británico. La cuestión parece meramente un símbolo y supone un perjuicio para miles de personas, lo que confirma la tesis del Gobierno británico según la cual los preparativos para un Brexit sin acuerdo «avanzan bien».
Fuente: www.abc.es
