Las negociaciones y conversaciones que el gobierno del expresidente Gustavo Petro puso en marcha como parte de su frustrada política de ‘paz total’, y que ahora el presidente Abelardo De La Espriella desmonta como parte de su giro en materia de seguridad, costaron 125.174 millones de pesos que fueron ejecutados entre agosto de 2022 y junio de 2026.
La cifra corresponde a un consolidado elaborado por el Grupo de Planeación y Finanzas de la Consejería Comisionada de Paz, con corte al 30 de junio de 2026 a partir de la ejecución de contratos y convenios del Fondo Paz y de la información del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), al que EL TIEMPO tuvo acceso mediante un derecho de petición.
Ese valor se divide en 107.572.982.241,84 millones ejecutados en negociaciones con grupos armados al margen de la ley -que al finalizar estos cuatro años aumentaron sus integrantes- y otros 17.601.847.219,90 millones destinados a los acercamientos y conversaciones con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, mejor conocidas como bandas urbanas.
Otty Patiño, exconsejero comisionado de paz. Foto:Sergio Acero Yate. EL TIEMPO
La piedra angular de la fallida ‘paz total’ fueron las negociaciones de carácter político —así quedaron definidas formalmente—. Durante la pasada administración se llegaron a entablar seis procesos de negociación: con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el Estado Mayor Central (Emc) y la Segunda Marquetalia, y posteriormente con tres estructuras que se desprendieron de estas organizaciones: Comuneros del Sur, al mando de Gabriel Yepes, alias HH; el Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf), comandado por Alexander Díaz, alias Calarcá; y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), liderada por José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, y Geovany Andrés Rojas, alias Araña.
La fragmentación de las estructuras armadas y su disputa por las economías ilícitas terminó modificando el mapa de las negociaciones que se había trazado inicialmente. Y son, en su mayoría, los cabecillas de estos grupos quienes hoy vuelven a estar bajo la justicia: durante el nuevo gobierno se reactivaron órdenes de captura en su contra y varios de ellos serán extraditados a Estados Unidos.
De los 107.572 millones ejecutados en estos procesos, la mayor parte correspondió al transporte aéreo, con 21.979 millones, y a medidas de protección, con 21.200 millones, recursos destinados a la seguridad de los negociadores, tanto del Gobierno como de los delegados de los grupos. En conjunto, estos dos rubros suman cerca de 43.180 millones, equivalentes a alrededor del 40 por ciento de todo lo ejecutado en esas negociaciones específicas.
El presidente Gustavo Petro y Antonio García del Eln. Foto:EFE
Los tiquetes aéreos comprados durante estos procesos implicaron la ejecución de 1.884 millones, mientras que los viáticos y gastos de desplazamiento representaron otros 1.735 millones.
Cabe recordar que hubo desplazamientos internacionales. Al menos dos viajes tuvieron como destino La Habana, dos Ciudad de México y tres Caracas, ciudades que albergaron distintas rondas de diálogo con el Eln.
A los honorarios se destinaron 18.378 millones, mientras que la logística para el desarrollo de las negociaciones y la participación de la sociedad civil representaron 12.712 millones y 12.146 millones, respectivamente. El Comité Nacional de Participación ejecutó 9.164 millones, mientras que el mecanismo de monitoreo y verificación requirió 3.245 millones.
Pese a toda esta inversión, no se llegó a ningún acuerdo de paz. “Hay que reconocer que la expectativa no correspondió con la realidad. Se requería una táctica mucho más flexible y allí se presentaron insuficiencias”, dijo el exnegociador con las disidencias de las Farc y actual presidente de Indepaz, Camilo González Posso.
Entrega de armas antes del ingreso a la ZUT de la CNEB. Foto:AFP
La destrucción de material de guerra, una de las acciones contempladas dentro de estos procesos, requirió 4.080 millones. En este frente, los únicos grupos que avanzaron en la destrucción de material fueron Comuneros del Sur, con más de 500 artefactos explosivos, y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, con más de 14 toneladas.
Por su parte, 1.043 millones se ejecutaron en Zonas de Ubicación Temporal. La apuesta era concentrar a integrantes de los grupos armados en cinco puntos: Tierralta, en Córdoba; Belén de Bajirá, en Chocó; Roberto Payán y Mallama, en Nariño; Valle del Guamuez, en Putumayo; y Tibú, en Norte de Santander.
Sin embargo, solo la zona de Putumayo fue adecuada y entró en funcionamiento. Allí permanecen todavía 99 integrantes de la Coordinadora Nacional, mientras el Gobierno mantiene alquilado el terreno en el que funciona la zona hasta diciembre de este año. “Hoy se encuentran en situación de indefensión. El Gobierno nacional tiene oportunidad de concretar su oferta de sometimiento a la justicia”, señaló el exnegociador Armando Novoa.
Las bandas urbanas
Isabel Cristina Zuleta en el ‘tarimazo’ en Medellín. Foto:Jaiver Nieto.
En el otro frente de la ‘paz total’ estuvieron los 17.601 millones ejecutados en los espacios de conversación sociojurídica, diseñados para avanzar hacia el sometimiento a la justicia. En este caso, el rubro más alto fueron los honorarios, con 6.677 millones, seguido de la participación de la sociedad civil, con 4.204 millones, y las medidas de protección, con 2.221 millones.
En total, fueron seis espacios de conversación: con los Shottas y los Espartanos, en Buenaventura; los Mexicanos y los Locos Yam, en Quibdó; las estructuras del Valle de Aburrá, en Antioquia; Los Pepes y Costeños, en Barranquilla; y con el clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra, en el Caribe. En este último grupo estaba Naín Andrés Pérez Toncel, uno de sus cabecillas, quien fue abatido esta semana.
Estos procesos estuvieron rodeados de cuestionamientos por ‘gabelas’ que recibieron los integrantes de las estructuras y terminaron estancados ante la falta de una ley de sometimiento que permitiera establecer un marco jurídico para su desmantelamiento.
En transporte aéreo se ejecutaron 1.683 millones, que incluyen dos viajes a Catar para rondas de conversación con el clan del Golfo. A esto se suman 1.570 millones destinados a logística, dentro de la cual estuvo el polémico evento conocido como el ‘tarimazo’ en Medellín; 680 millones en tiquetes aéreos y 520 millones en viáticos y gastos de desplazamiento. El rubro de menor cuantía fue el mecanismo de monitoreo y verificación: 42,7 millones.
Luego de cuatro años, la política bandera del primer gobierno de izquierda no solo dejó un balance más preocupante de seguridad en los territorios, sino que representó un enorme costo económico.
JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ
Redacción Política
