El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo este martes que su Gobierno está evaluando un programa de libertad anticipada y condicional para cerca de la mitad de los presos del país que presuntamente colaboraron con pandillas, una medida que estaría sujeta a supervisión y dependería de una evaluación individual de cada caso.
“Tenemos un plan que beneficiaría más o menos a un 50%, más o menos, de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con pandillas”, dijo Bukele durante una sesión de preguntas y respuestas, tras anunciar un acuerdo de inversión en energía con el grupo español COx.
El mandatario explicó que la propuesta permitiría liberar anticipadamente a personas que seguirían siendo consideradas culpables, pero que podrían salir de prisión bajo ciertas condiciones y con monitoreo. “Una liberación anticipada, o sea, es culpable pero liberarlo condicionalmente. Liberarlo con monitoreo”, explicó.
Bukele dijo que, al evaluar los casos, su Gobierno tomaría en cuenta los años de violencia que vivió El Salvador y las distintas circunstancias en las que las personas se relacionaron con las pandillas.
“Tomando en cuenta que venimos de un país donde la violencia era parte del día a día y las pandillas eran el verdadero gobierno, la verdadera dictadura. Estas personas vivían bajo ese yugo, pero no es lo mismo formar parte de quienes lo aplicaban que simplemente sobrevivir a esa realidad”, dijo.
El presidente reiteró que su Gobierno está revisando los casos para determinar si las circunstancias en las que vivía el país justifican una excepción para algunos presos.
“Estamos evaluando los casos para ofrecer una liberación anticipada condicional a una gran cantidad de reos que sí son culpables, que sí merecen estar en la cárcel, pero en las condiciones especiales en las que vivía nuestro país tal vez se pueda hacer una excepción con una gran cantidad de ellos”, señaló.
Bukele no precisó cuándo podría comenzar el programa, cuántos presos representarían ese 50% que podría quedar en libertad ni cuáles serían los criterios específicos para acceder a la medida.
Desde que declaró un régimen de excepción en 2022, Bukele ha convertido la seguridad en el eje de su gobierno. Su estrategia de detenciones masivas contra las pandillas ha reducido drásticamente los índices de homicidios y le ha permitido mantener altos niveles de popularidad dentro de El Salvador.
Al mismo tiempo, organismos nacionales e internacionales han advertido sobre el deterioro del Estado de derecho, las denuncias de detenciones arbitrarias y las restricciones al debido proceso.
El anuncio se produjo el mismo día en que Bukele conversó con el secretario de Estado de EE.UU,, Marco Rubio, sobre cómo mantener la infraestructura crítica y los puertos de El Salvador “seguros y libres de influencias extranjeras malignas”, según informó este martes el Departamento de Estado.
Bukele es uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump en América Latina y forma parte del Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación regional en materia de seguridad impulsada por Washington y respaldada por varios mandatarios de derecha.
Ambos gobiernos mantienen una estrecha cooperación en materia de seguridad e inmigración. Como parte de esa colaboración, El Salvador aceptó recibir a cientos de personas deportadas desde Estados Unidos.
En el marco del polémico acuerdo, Washington envió a cientos de hombres —la mayoría venezolanos, señalados por las autoridades estadounidenses como presuntos integrantes de organizaciones criminales— al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel construida durante el Gobierno de Bukele.
