
Durante casi una década, turistas de distintas partes del mundo pagaron hasta 40 euros (unos USD 46) para visitar lo que se les presentaba como un antiguo sitio arqueológico en las colinas de Arcugnano, en la provincia italiana de Vicenza. El llamado Anfiteatro de Beric era, en realidad, una construcción moderna levantada con cemento, yeso, piedra tratada y poliestireno para simular el aspecto de una ruina romana. Su responsable, Franco Malosso, de 69 años, fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión.
El complejo ocupaba cerca de 5.000 metros cuadrados e incluía visitas guiadas, actividades recreativas y una narrativa que vinculaba el lugar con figuras históricas como Julio César, Cleopatra y Julieta Capuleto (el personaje literario de Shakespeare). Las investigaciones concluyeron que no existía ningún vestigio arqueológico real bajo sus estructuras, según confirmaron las autoridades culturales italianas citadas por el diario regional italiano Corriere del Veneto“.

Los materiales usados delataban la falsificación desde el inicio. Los escalones eran de piedra moderna sometida a tratamientos artificiales para imitar el desgaste del tiempo. Las columnas, de cemento; las esculturas, de yeso. El sitio también contaba con un lago excavado en el terreno, parte del cual empleaba poliestireno —conocido popularmente como telgopor o isopor— como material de contención.
La propia forma del edificio generaba contradicciones. Aunque se promocionaba como un anfiteatro, su planta era semicircular, una configuración propia de los teatros, no de las arenas. Las construcciones romanas de ese tipo, como el Coliseo de Roma, tienen planta oval. Esa diferencia estructural fue uno de los primeros elementos señalados por los expertos durante la investigación, según publicó el medio Corriere del Veneto.
La ubicación también atrajo la atención de las autoridades. Un supuesto sitio arqueológico romano emplazado en un área rural de las colinas de Vicenza, sin antecedentes documentados en la bibliografía especializada, no resistió el escrutinio técnico.

Las pesquisas comenzaron en 2016, cuando el caso llegó a los organismos encargados de la protección del patrimonio cultural italiano. Una inspección técnica descartó la presencia de restos arqueológicos y determinó que el complejo era de construcción reciente. Además, se constató que la obra afectaba una zona de protección paisajística, lo que agravó la situación legal de Malosso.
El proceso judicial se extendió por aproximadamente una década. A lo largo de ese período, Malosso modificó su versión de los hechos en más de una oportunidad: primero presentó el lugar como un hallazgo antiguo; luego afirmó que se trataba de la reconstrucción de un supuesto teatro preexistente en ese terreno. Las autoridades culturales rechazaron esa explicación.
El arqueólogo Jacopo Bonetto fue categórico respecto a las posibilidades de confusión. “Es totalmente absurdo pensar que un edificio antiguo pueda confundirse con uno moderno, aunque estén construidos de la misma manera”, declaró el especialista, citado en el expediente.
Los expertos señalaron que los materiales, las técnicas arquitectónicas, el contexto geográfico y las marcas del paso del tiempo permiten distinguir con claridad una construcción histórica de una contemporánea.

El tribunal confirmó la responsabilidad de Malosso por construcción ilegal y falsificación de obras de arte. Además de la pena privativa de libertad, el juez dispuso el pago de multas y ordenó la restitución del terreno a su estado original, lo que implica la demolición del complejo.
El fallo puso fin a una disputa que involucró tanto a organismos de patrimonio como a instancias judiciales durante casi diez años. En ese período, el sitio siguió recibiendo visitantes que pagaron hasta 40 euros, por recorridos guiados en torno a una narrativa sin sustento histórico.
Malosso cumple la condena de dos años y cuatro meses en la cárcel de Ventimiglia, cerca de la frontera con Francia, ciudad a la que se había mudado tras el inicio de sus problemas legales. Además, debe afrontar una multa de 3.000 euros y los costos de la restauración del predio en las colinas de Arcugnano. La orden de demolición del complejo, emitida por el municipio, aún no se ejecutó.







