La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad, en primera discusión, la reforma parcial de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Se trata de un paso legislativo inscrito dentro de los acuerdos del diálogo político que adelantan en Caracas delegaciones del Gobierno y la oposición y bajo tutela del Gobierno de Estados Unidos. Este proceso debería desembocar en la conformación de una nueva alta corte, un paso que la oposición juzga primordial para reinstitucionalizar el país y fundamentar una hoja de ruta electoral.
Esta es la segunda iniciativa de reforma del Supremo que impulsa en lo que va de año el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo. El pasado mayo, la Cámara modificó el número de magistrados del TSJ y removió a varios de los jueces más comprometidos con los intereses de Nicolás Maduro y Cilia Flores, algunos de los cuales ocupaban cargos directivos y afrontaban serias acusaciones de corrupción.
La nueva modificación persigue una reforma más exigente en la composición del máximo tribunal, una demanda cardinal de la mediación estadounidense. Todos estos cambios son consecuencia directa del ataque militar de Estados Unidos que se saldó con el arresto de Maduro y Flores el pasado 3 de enero, un hecho que no fue aludido una sola vez durante el debate legislativo, como tampoco en muchos anteriores.
En la sesión parlamentaria se acordó modificar el artículo 65 de la ley, relativo a los mecanismos de elección. El objetivo es ejecutar un “ajuste estructural de número de representantes y proporcionalidad de la Comisión Preliminar, elevando su conformación de 21 a 23 miembros, asignando 12 puestos a representantes de la sociedad civil y 11 a una representación legislativa”, según reza la exposición de motivos de la Secretaría de la Cámara. Del trabajo de este órgano emergerá un Comité de Postulaciones que presentará la propuesta final con los nuevos magistrados ante la plenaria del TSJ. Durante la segunda discusión se debatirá el articulado de manera individual, donde se esperan modificaciones de mayor calado.
“Hace tiempo creamos un frente de lucha contra la corrupción que hay en el sistema de justicia”, sostuvo Pedro Infante, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y miembro de la mesa de diálogo, al presentar los motivos de la iniciativa. Infante destacó las medidas de apertura política, amnistía y reforma institucional adelantadas por Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, desde que asumió el poder: “Este año hemos producido cambios en la Fiscalía, en la Defensoría del Pueblo. Hemos avanzado a ritmo firme, con mucha conciencia de la necesidad de una reforma del sistema de justicia que esté a la altura del momento político que vive Venezuela”, dijo. Los anteriores fiscal general y defensor del pueblo, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, respectivamente, no habían concluido su periodo constitucional.
Infante se esforzó en proyectar la idea de que el oficialismo ya trabajaba en estos temas y que ahora se trata de incorporar a la oposición. “El pasado 12 de agosto, el Gobierno y un sector de la oposición acordaron continuar con las reformas, y uno de los puntos era aunar esfuerzos para transformar el sistema de justicia en Venezuela”, agregó.
Por su parte, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y cuadro directivo del PSUV, tomó la palabra para subrayar que estas iniciativas de distensión política y ajuste institucional las ha impulsado “esta Asamblea Nacional”, en respuesta a los sectores que cuestionan su legitimidad por el origen fraudulento de su elección. “Si algo ha caracterizado a los gobiernos que ha tenido el país desde 1999, desde los tiempos del comandante Hugo Chávez hasta la fecha, ha sido su vocación por el diálogo constructivo. Estas jornadas las estamos haciendo de manera soberana, sin que ninguna mediación extranjera nos las esté imponiendo”, afirmó, eludiendo la espinosa cuestión de la presencia estadounidense en el país.
Rodríguez rememoró asimismo la mediación del Gobierno de Noruega —que ejerció como facilitador en una de las diversas etapas de diálogo frustradas durante los últimos años— para calificar su papel de “desastre”. “Gracias a Dios salimos de esa gente”, apostilló, al tiempo que arremetió contra algunas ONG dedicadas a la defensa de los presos políticos, a las que acusó de “cobrar a los reos por aparecer en las listas que publican”.
Desde la bancada minoritaria de la oposición, Luis Florido, parlamentario de Un Nuevo Tiempo (UNT), saludó el proyecto en trámite y enfatizó que debe dar lugar a un Supremo “calificado, probo e independientemente comprobado”. “Si no hay cambios de fondo, este proceso habrá fracasado. Que se acaben los jueces con color político. Que el único color de los jueces sea el de la bandera de Venezuela”, dijo.
