El grito de un hijo puede convertirse en la memoria de todo un país. El 12 de octubre de 2021, en una celda de El Helicoide, en Caracas, Josnars Adolfo Baduel vio morir a su padre, el general Raúl Isaías Baduel. No estaba en un hospital, rodeado de médicos y familiares. Estaba preso, como él, en una dependencia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
De acuerdo con los testimonios familiares y cercanos, el general murió en brazos de Josnars. Su hijo había pedido ayuda. La atención médica que, según las denuncias, necesitaba el militar nunca llegó.
Afuera, la noticia terminaría convertida en un titular, una declaración oficial y contradicciones sobre las causas del fallecimiento. Dentro de aquella celda, sin embargo, había ocurrido algo que ninguna cronología política puede explicar por completo: un hijo había perdido a su padre sin poder llevarlo a un hospital ni garantizarle la atención que reclamaba.
La voz de Josnars, las denuncias de sus hermanas y el testimonio de otros detenidos han mantenido viva la pregunta sobre las circunstancias de aquella muerte.
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, atribuyó entonces el fallecimiento a complicaciones cardiorrespiratorias asociadas a la COVID-19. La familia cuestionó esa explicación y denunció que el general había sufrido un deterioro progresivo de su salud sin recibir la asistencia necesaria.
En 2022, Provea publicó una investigación que documentó las denuncias familiares y las condiciones de reclusión de los últimos años de Baduel. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU también examinó el caso y señaló motivos razonables para considerar que no se habían tomado todas las medidas adecuadas para proteger su salud.
Pero la historia de aquel 12 de octubre no puede comenzar y terminar con un parte médico. Para comprender lo que significó la muerte de Baduel, hay que conocer al hombre que existió antes de la celda y a la familia que, cinco años después, seguía pronunciando su nombre como una promesa de justicia.
De general a prisionero, de aliado a disidente: la vida de Baduel atravesó las fracturas
de una Venezuela marcada por la confrontación política. Baduel conoció el poder desde dentro, pero también el precio de enfrentarse a él.
El soldado que creyó en la Constitución
Raúl Isaías Baduel fue un militar formado en la disciplina castrense, un hombre cuya carrera quedó ligada a uno de los episodios más determinantes de la historia contemporánea de Venezuela.
En abril de 2002, cuando Hugo Chávez había sido apartado temporalmente de la Presidencia en medio de una crisis política y militar, Baduel desempeñó un papel decisivo en la operación que permitió el regreso del mandatario a Miraflores: desde Maracay, el general participó en la movilización que se conoció como Operación Restitución de la Dignidad. Su actuación contribuyó a restablecer el mandato de Chávez y lo convirtió en una figura central dentro de la historia del chavismo.
Sin duda, era uno de los hombres de mayor confianza de Chávez y habían compartido una trayectoria militar y una cercanía política que parecía difícil de quebrar. Fueron compañeros de promoción en el ejército en 1971, y en los años 80 el exministro de Defensa formó parte del grupo de 4 militares que creó el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, que posteriormente daría vida al Movimiento Quinta República (MVR), partido con el que Chávez logró la presidencia.
Además, estuvo al frente de las Fuerzas Armadas durante 15 años y en 2001 llegó a desempeñarse como secretario del presidente. Posteriormente, comandó la División de Paracaidistas y la IV División de Infantería, hasta que en 2006 asumió el Ministerio de Defensa, cargo que ocupó hasta 2007. Sin embargo, su concepción del deber militar no se limitaba a la lealtad personal.
Un año después, Baduel escribió el prólogo del libro Hugo Chávez y el Socialismo del Siglo XXI, de Heinz Dieterich, publicado en junio de 2007 por Monte Ávila Editores y el Fondo Editorial Por los Caminos de América, en el que habla del modelo socialista como el camino para la estabilidad del país. Por esas fechas, la frase «Patria, socialismo o muerte» se instaló en las Fuerzas Armadas, cuyos cuerpos debían usarlo obligatoriamente en los actos de servicio, y se incorporó por primera vez al juramento de una nueva promoción de oficiales, en un acto encabezado por Chávez.
En noviembre de ese año, cuando Venezuela debatía una reforma constitucional impulsada por Chávez, la historia dio un giro: Baduel se pronunció en contra. Sostuvo que el proyecto se apartaba de principios constitucionales que consideraba fundamentales. Su posición sorprendió al país: el general que había contribuido al regreso del presidente se convertía ahora en uno de los críticos más visibles de su proyecto político.
En esa ruptura se encuentra una de las claves de su biografía, puesto que Baduel había actuado como soldado para defender la Constitución, no para defender a Chávez. En otra ocasión lo expresó de manera aún más directa: «Como soldado, tuve que defender la Constitución, no a Chávez».
En esa distinción estaba, quizá, la clave de su trayectoria y de la ruptura que vendría después. Baduel sostenía que la lealtad de un militar debía estar por encima de la fidelidad a un gobernante: debía responder a la Constitución y a las instituciones, incluso cuando eso significara enfrentarse a quien alguna vez había sido su aliado.
«Aun a riesgo de mi propia vida, continuaré en el empeño, aun a riesgo de mi propia vida y aunque eso ocurra, Raúl Baduel dará siempre su contribución como ciudadano que ama a su país».
Su historia quedó atravesada por una paradoja difícil de ignorar: el militar que afirmó haber defendido la Constitución antes que a Chávez terminó preso bajo el poder de Chávez.
Tras esta ruptura, en 2009 fue detenido por acusaciones relacionadas con su gestión como ministro de Defensa y posteriormente condenado por delitos vinculados al manejo de fondos públicos y al abuso de autoridad, aunque siempre sostuvo que su encarcelamiento tenía motivaciones políticas.
En 2010 fue condenado a siete años y once meses de prisión. El 12 de agosto de 2015 recibió la libertad condicional y el 12 de enero de 2017 volvió a ser encarcelado, a menos de dos meses de cumplir la condena.
Baduel fue un militar que alcanzó la cúspide del poder y terminó enfrentado a quienes lo ejercían. Su vida quedó atravesada por esa contradicción. En su trayectoria convivieron la disciplina del militar, la determinación del hombre de principios y las contradicciones de una época que dividió profundamente a Venezuela.
Josnars y el grito que no encontró respuesta
Entre los testimonios sobre la muerte del general está el del activista y profesor universitario Javier Tarazona, quien afirmó haber presenciado el fallecimiento junto con su hermano Rafael Tarazona y Omar de Dios García.
«Yo vi morir junto a mi hermano Rafael Tarazona y Omar de Dios García al general Baduel. Gritábamos auxilio y nunca llegó la ayuda para él. Lo dejaron morir», declaró Tarazona en una entrevista con Vladimir Villegas.
Sobre ese momento, el periodista Roland Carreño, quien se encontraba también preso en El Helicoide, relata:
«Ese 12 de octubre, por supuesto, ha quedado marcado en mi vida, no solamente porque es mi cumpleaños, sino porque estaba en ese lugar terrible, ese lugar de oscuridad. Ese día estaba con mi madre, mis dos hijos y mi hermana, que me visitaban. De pronto, nos dicen: ‘por favor, recojan todo’. Sacaron a mi familia corriendo y pregunto: ‘¿qué pasó?. El general Baduel murió. Y esa frase estuvo acompañada por un grito estentóreo, duro, de su hijo Josnars Adolfo, mi hermano».
La familia ha insistido en que Baduel presentaba problemas de salud que requerían atención. En diciembre de 2020 había sido sometido a una intervención quirúrgica para tratar una hernia inguinal. Sus allegados denunciaron que el procedimiento se realizó en condiciones inadecuadas y que después su salud empeoró.
Diez días antes de su muerte, el 2 de octubre de 2021, una de sus hijas, Nayesca, enfermera, pudo visitarlo. Según el informe de Provea, observó un deterioro físico importante y manifestó preocupación por su estado.
El 12 de octubre, el general ya no estaba vivo.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU examinó las circunstancias del caso y concluyó que existían motivos razonables para creer que no se adoptaron todas las medidas apropiadas para proteger su salud. También señaló que la negativa de asistencia médica solicitada por su hijo planteaba graves cuestiones sobre el cumplimiento del deber de cuidado del Estado.
Ese señalamiento es especialmente relevante porque Baduel no era un ciudadano libre que pudiera decidir adónde acudir en busca de atención. Estaba detenido. Su acceso a la asistencia médica dependía de quienes tenían la responsabilidad de custodiarlo. Cuando una persona está bajo custodia, el Estado asume obligaciones específicas respecto de su vida y su integridad. Investigar lo sucedido no es una concesión a la familia: es una exigencia de rendición de cuentas con el país.
Raúl Emilio y el dolor de la pérdida en el exilio
El peso de un apellido y la lealtad a los principios familiares han signado la vida de Raúl Emilio Baduel, hijo del primer matrimonio del general con Herin Cafarelli. De esta unión, nacieron también Rayrin María Baduel Cafarelli y Heysa Mercedes Baduel Cafarelli.
El primogénito, tras haber sufrido la prisión política por parte del régimen venezolano como mecanismo de persecución contra su padre, se vio forzado a tomar el camino del exilio. Lejos de su patria y buscando rehacer su vida en Europa trabajaba como repartidor de Glovo en plena pandemia, sosteniendo en la distancia los valores de dignidad e integridad que le fueron inculcados desde la infancia.
Fue precisamente en medio de la pandemia y del exilio cuando lo alcanzó la noticia devastadora:
«En aquel momento, aquel 12 de octubre del 2021, recuerdo claramente que estaba llegando a mi casa luego de trabajar de Glovo como repartidor, porque era todavía tiempos de pandemia y el único trabajo que existía aquí en Europa en aquel momento era este, el de repartidor.
Eran las 5:11 en Venezuela, lo recuerdo clarito.
Y me llama mi amigo Alberto Federico Ravell y me dice: «¿Esto es verdad?». Yo todavía no había visto su mensaje. En ese momento, entro en el Twitter de Tareck William Saab, a ver el tweet desalmado de este personaje, de este personajillo llamado Tareck William Saab, que informa que mi padre ha fallecido. Mediante una mentira dice que es por COVID o y otras falacias.
Y por supuesto, se me cayó el mundo. Recuerdo dar vueltas en esa habitación y enfrentarme a la terrible situación de tener que ser el mensajero de la muerte a mi familia.
Luego de hablar con Andreina, me llamó María Corina Machado, quien fue la primera persona pública que me habló para darme el pésame y preguntarme si era verdad. Nadie creía que eso fuera verdad».
«Más allá de sentir este enorme dolor, también es sentir esta carga, esta responsabilidad, este aliento… de llevar la sempiterna herencia de dignidad de mi padre y que la dignidad no se negocia», afirma Raúl Emilio, en entrevista con El Nacional, al evocar la figura de su padre.
Para él, esa postura ante la vida es el resultado de un legado sembrado desde la infancia: «Tengo cartas de mi padre desde que yo era un bebé de tres años y tengo cuadros del Libertador Simón Bolívar dedicados por mi padre cuando yo era un niño, que era su forma de enseñarme e inspirarme, me guiaba a ser un buen ciudadano».
Cuando el apellido comenzó a pesar sobre los hijos
La prisión convirtió su historia política en una tragedia familiar: mientras él permanecía
encarcelado, dos de sus hijos también conocieron el encierro. No fue una experiencia confinada a su propia vida. Con el paso de los años, el encarcelamiento se extendió a sus hijos y convirtió el apellido familiar en una presencia constante en los tribunales, los centros de detención y las denuncias públicas.
El general vivió uno de los dolores más profundos que puede sufrir un padre: estar privado de libertad y saber que sus propios hijos también estaban presos. Su historia quedó marcada por la persecución, la separación familiar y el sufrimiento de ver a sus seres queridos atravesar circunstancias igualmente dolorosas.
Su hijo mayor, Raúl Emilio Baduel fue detenido en marzo de 2014, durante las protestas que sacudieron Venezuela. Pasó cuatro años privado de libertad y fue excarcelado en 2018. Las denuncias de tortura que marcaron sus años de prisión en Venezuela. Golpizas, torturas, aislamiento y condiciones degradantes de reclusión forman parte de las denuncias que rodearon su encarcelamiento.
Para una familia, cuatro años no son una cifra administrativa. Son cumpleaños que transcurren con una silla vacía, conversaciones que dependen de permisos, preocupaciones que no desaparecen al terminar una visita y la incertidumbre de no saber cuándo podrá recuperarse una vida cotidiana. La historia familiar quedó así dividida entre distintos lugares de reclusión, procesos judiciales y esperas.
Sus familiares llevaron el caso a la opinión pública, mientras organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales recogieron y documentaron las alegaciones.
La historia de Raúl Emilio es una de las que reflejan el impacto de la represión política y del sistema penitenciario venezolano sobre los detenidos y sus familias. Su encarcelamiento estuvo acompañado de reiteradas denuncias de agresiones que suscitaron preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos humanos. Existen denuncias públicas y documentación de organismos de derechos humanos sobre las torturas y los malos tratos que habría sufrido durante su encarcelamiento en Venezuela. No se trata únicamente de declaraciones de su familia: Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también lo documentaron.
Después llegó el encarcelamiento de Josnars Adolfo Baduel Oyoque, abogado e hijo del segundo matrimonio del general con Cruz María Oyoque. De esta unión, también nacieron Raúl Iván y sus hermanas Nayeska, Andreína y Margareth, todos en Venezuela.
Su detención, ocurrida en 2020, no respondió a su ejercicio profesional, sino al implacable peso de portar el apellido y a la persecución sistemática contra su entorno. Fue acusado por las autoridades venezolanas de delitos relacionados con la llamada Operación Gedeón, pero su familia ha rechazado que existan pruebas de su participación además del maltrato que ha recibido en prisión, las torturas, el deterioro físico y la falta de atención médica.
El caso de Josnars, de 38 años, añade una dimensión especialmente dolorosa a la historia de Baduel: el hijo que estuvo junto a su padre en sus últimos momentos continúa siendo objeto de denuncias sobre sus condiciones de detención y su estado de salud.
Hoy, Andreína Baduel continúa levantando la voz por los presos políticos y reclamando justicia y libertad para su hermano Josnars. Ha denunciado públicamente las condiciones de su encarcelamiento, las secuelas de las presuntas torturas y la falta de atención médica que necesita. Su lucha es también la de una hermana que se niega a guardar silencio ante el sufrimiento de su familia.
En octubre de 2026, Andreína y Margareth Baduel lograron visitar a Josnars en El Rodeo I y volvieron a denunciar las precarias condiciones del recinto penitenciario.
«Ser Baduel no es un delito», escribió Andreína al recordar a su padre, recientemente.
La historia de la familia Baduel es la historia de un padre que sufrió la prisión, de dos hijos que también conocieron el encierro y de una hija que sigue luchando para que la injusticia no se convierta en olvido. Detrás de cada preso político hay una familia que sufre, que espera y que no renuncia a la esperanza de volver a abrazar a los suyos.
Andreína: una hija que convirtió el duelo en defensa de los demás
En Venezuela, mientras otros miembros de la familia afrontaban la prisión y sus consecuencias, Andreína Baduel fue convirtiendo el dolor privado en una labor pública de denuncia y defensa de los derechos humanos.
Vive en su país y ha continuado reclamando información sobre su hermano, denunciando las condiciones de los presos políticos y acompañando a otras familias que buscan conocer el estado de sus seres queridos.
Su activismo no puede comprenderse sin la historia que lleva consigo. Perdió a su padre mientras estaba bajo custodia del Estado y, desde entonces, ha denunciado que la persecución contra la familia no terminó con su muerte.
«Te lo juré en vida y lo ratifiqué el día de tu doloroso asesinato en cautiverio: Habrá justiica», escribió al recordarlo.
En otra de sus declaraciones, reivindicó una idea que se ha convertido en parte de su mensaje público: «La verdad no se mata».
Son palabras que significan la lucha que Andreína ha mantenido mientras su hermano continúa encarcelado y ella denuncia que no recibe la atención médica necesaria.
Su trabajo consiste en dar nombre a quienes podrían quedar reducidos a un número dentro de una prisión. Consiste en comunicar diagnósticos, hacer públicas las denuncias, pedir respuestas, acompañar a familiares y recordar que detrás de cada persona detenida hay vínculos, responsabilidades y una vida que no queda suspendida por el hecho de estar encarcelada.
El 12 de octubre de 2026, al cumplirse cinco años de la muerte de su padre, Andreína alertó que 34 presos políticos se encontraban en condiciones críticas de salud y podían morir si no recibían atención médica oportuna. También afirmó que 27 presos políticos habían muerto bajo custodia estatal y denunció la falta de investigaciones independientes sobre esos fallecimientos.
Al referirse a su hermano, advirtió: «Josnars hoy pudiese correr la misma suerte que mi papá, si no es atendido oportunamente, si no recibe atención médica».
Y recordó la experiencia que, según sus palabras, marcó su vida: «Ver morir a mi papá en sus brazos sin que siquiera le brindaran auxilio, sin que siquiera prestaran atención médica debida».
La frase expresa el dolor de una hija y el temor de una hermana. Pero también explica por qué su denuncia no se limita a la memoria familiar. Andreína intenta evitar que otra familia reciba una noticia semejante.
«Esto nos recuerda también la importancia de seguir luchando para que no haya ni un muerto más en las cárceles», afirmó.
Treinta y cuatro nombres detrás de una alerta
La denuncia de Andreína sobre los 34 presos políticos en condiciones críticas de salud devuelve el relato a su punto de partida. El caso de Baduel plantea preguntas sobre las condiciones de reclusión, el acceso a la atención médica y los mecanismos de investigación cuando una persona muere bajo custodia.
Cada cifra necesita convertirse en una investigación concreta. ¿Quiénes son esas personas? ¿Cuáles son sus diagnósticos? ¿Qué tratamiento requieren? ¿Qué solicitudes médicas han presentado sus familiares y abogados? ¿Qué respuestas han recibido de las autoridades penitenciarias?
Son preguntas que no deben quedar sepultadas por el ruido político ni por la repetición de comunicados.
La denuncia de Andreína es una advertencia sobre un riesgo que, según afirma, puede prevenirse mediante atención médica oportuna. También es una invitación a documentar las condiciones de los detenidos y a exigir que los organismos responsables cumplan sus obligaciones.
Al recordar a su padre, la activista ha insistido en que no quiere que haya más muertes en las cárceles. Esa demanda conecta su historia personal con la de otras familias, más allá de sus posiciones políticas o de las acusaciones que pesen sobre sus parientes.
Raúl Emilio, por su parte, pasó aproximadamente cuatro años en prisión. Josnars continúa detenido, según las denuncias familiares, con problemas de salud que requieren atención especializada. Andreína permanece en Venezuela, denunciando las condiciones de los presos y reclamando respuestas sobre la muerte de su padre.
Los tres representan experiencias diferentes de una misma historia familiar: la prisión, la pérdida y la decisión de seguir hablando.
El tiempo podrá discutir su legado político, pero la memoria de su encarcelamiento y de las denuncias de su familia exige ser examinada con rigor y sin olvido.
