Bayamón – Elvin William Reyes Rosa, de 16 años, imputado de asesinar a puñaladas a su abuela y dejar herido a su hermano, fue trasladado este jueves a la Sala 404 del Tribunal de Bayamón para lo que sería el inicio de la vista preliminar en su contra, pero el proceso no comenzó.
En su lugar, su defensa adelantó que presentará una moción al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal por razón de incapacidad mental y/o funcional de su representado. Además, alertó al tribunal sobre el temor que siente el adolescente en el Centro Médico Correccional.
“No para de decir que siente miedo donde está, que teme, que está temblando, que los adultos le dicen cosas, lo molestan. Suplicamos al tribunal. Sé que no es fácil, pero para ver de qué forma el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) le brinda seguridad”, manifestó la abogada Lizette Meléndez Lozada.
Atendiendo la petición, el juez David G. Calderón Cordero, del Tribunal de Bayamón, determinó que ordenará que se hagan las gestiones pertinentes con el DCR. “Para el récord (hay que vertir que) él debe estar en jóvenes adultos, no con la población adulta, para empezar”, indicó.
No obstante, el fiscal Gabriel Redondo Miranda precisó que el DCR tiene un protocolo activo. “Él está en un área solo, pero hay más personas que están en el cuidado de esas personas que están en ese sitio en particular. Tengo información de que se han tomado las provisiones”, dijo.
Enfrenta tres cargos
Reyes Rosa es juzgado como adulto por tres cargos de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y violación a la Ley de Armas por presuntamente asesinar a su abuela Lourdes Pérez Mercado, de 67 años, y dejar herido a su hermano Jeremy Cabrera Rosa, de 22, con un arma blanca.
El incidente violento ocurrió en la tarde del sábado, 26 de septiembre, frente a la tienda Pepe Ganga, en el estacionamiento del centro comercial Santa María Shopping Center, en Guaynabo. La Policía de Puerto Rico confirmó que ocupó en la escena un cuchillo y un auto.
El imputado entró a sala a las 9:12 a.m. Esposado de pies y manos, vestido con el habitual uniforme amarillo mostaza de confinado y con el cabello casi rapado -una apariencia distinta a la que tenía el día de su arresto- Reyes Rosa tomó asiento en la parte posterior sin hacer expresiones.
Por momentos, dirigía la mirada hacia el suelo y, en otras ocasiones, hacia sus familiares, quienes permanecían sentados en los banquillos de madera ubicados al lado izquierdo de la sala. Desde allí, el imputado observó el inicio de los procedimientos judiciales en su contra.
Defensa por salud mental
La vista comenzó con un recordatorio del juez David G. Calderón Cordero a la defensa y a la Fiscalía, para que lleguen a tiempo a las audiencias y estén presentes a la hora citada, luego de que tuviera que decretar dos recesos debido a que las partes no estaban completas en sala.
Acto seguido, Meléndez Lozada informó que presentó varias mociones para obtener datos que considera cruciales para preparar adecuadamente su defensa. Además, adelantó que presentará una moción bajo la Regla 240 de Procedimiento Criminal, para lo cual tiene un término de un día.
“Para poder hacer los argumentos, la defensa necesita que Elvin nos brinde una información que por su estado de salud mental no nos la puede proveer. La defensa le adelanta al tribunal que va a radicar una solicitud de Regla 240 de Procedimiento Criminal″, aseveró.
Añadió que necesita copia tanto del expediente que pueda tener el Departamento de la Familia sobre su representado como de los récords médicos que haya manejado el DCR desde su ingreso en el sistema correccional. Ambas peticiones fueron concedidas por el juez a cargo.
“La conversación entre nosotros no es efectiva… Tiene problemas de comunicación con la defensa y vemos un rezago intelectual y de capacidad. No somos peritos, pero vemos una capacidad intelectual disminuida. Nos preocupa”, mencionó Meléndez Lozada.
“A este muchacho lo cogieron preso en un lugar, lo llevaron a un cuartel, está desamparado, no tiene familia, no tiene abogado y, ¿qué ha hecho el Departamento de la Familia? ¿Dónde está?”, abundó la abogada.
“Puede presentar cuadro de esquizofrenia”
Asimismo, solicitó la regrabación de la vista de determinación de causa para arresto (Regla 6), celebrada ante la jueza Nadja G. Banuchi Ramos, porque ordenó que el imputado “sea evaluado y tratado en el (hospital) psiquiátrico por posible condición de esquizofrenia”.
“¿Cómo el tribunal adviene en conocimiento de que este joven de 16 años, este niño, puede presentar un cuadro de esquizofrenia? Aquí tenemos 19 testigos, sin contar dos más que incluyeron en la moción ayer y alguno de ellos tiene que haber dicho la condición mental del joven para que el juez ordenara esto», dijo la abogada.
Meléndez Lozada indicó que se supone que el menor esté recibiendo medicamentos y que necesita conocer qué tratamiento ha recibido y quién era el médico que lo atendía.
La abogada también destacó que la defensa desconoce información básica sobre el imputado, como dónde estudiaba, así como detalles sobre una presunta expresión que habría hecho ante el testigo Félix Juan Meléndez Benítez, quien no es policía y cuya relación con el lugar donde ocurrieron los hechos no ha sido precisada.
“No tenemos escuela. No tenemos información sobre medicamentos, sobre tratamientos. Me da la impresión de que este es uno de los casos más donde hay un menor y lo esconden en un cuarto. Un menor que está siendo maltratado por el sistema”, enfatizó a la prensa.
Meléndez Lozada, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), también solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la tienda Pepe Ganga, al considerar que podrían contener prueba exculpatoria. Empero, el juez refirió la solicitud a la togada Ethel G. Ruiz, quien, luego de examinar entre cinco y seis tomas de video y escuchar los argumentos de las partes, declaró “no ha lugar”.
En cuanto a las grabaciones de las cámaras de seguridad del estacionamiento del centro comercial, Ruiz remitió el asunto nuevamente ante el juez que preside el caso para que proceda como entienda. “Se ordena que no se entreguen los mismos en esta etapa”, subrayó.
Al esbozar los planteamientos en contra de esta petición, la fiscal Glorimar García Ríos, quien junto a Rosalyn García Pastrana, Carmen Iris Ortiz Rodríguez y Redondo Miranda, representa al Ministerio Público, citó la jurisprudencia.
“Ella está solicitando unos videos que están bajo el poder y custodia del Ministerio Público… En una etapa tan temprana como la vista preliminar, todos sabemos que no hay derecho a descubrimiento de prueba. Hay unas excepciones, como que se trate de evidencia exculpatoria. En este caso, en esos videos, no hay nada, absolutamente nada, que puede beneficiar en lo más mínimo al imputado”, dijo la fiscal.
Familia se distancia
Por otra parte, Meléndez Lozada reveló que, hasta el momento, ningún familiar ha visitado al menor mientras permanece bajo custodia en la institución correccional y que se encuentra en un estado de indefensión ante los delitos que le fueron imputados por la Fiscalía de Bayamón.
“Al día de hoy, que estamos a 8 de octubre, ningún familiar se nos ha acercado con relación al caso de este joven. Al día de hoy ningún familiar ha ido a buscar a este niño a la institución penal. Al día de hoy la defensa está en un estado de indefensión con relación a los planteamientos en derecho del delito que alegadamente se le imputa”, subrayó.
Añadió que la defensa incluso tiene serias dudas de que se trate de un caso de asesinato en primer grado.
“No es un caso usual. Este joven está solo y desamparado. La defensa necesita llevar a cabo una defensa adecuada. No es mucho lo que estamos pidiendo. Esto no es un descubrimiento de prueba. Esto es un debido proceso de ley, un derecho constitucional, es la libertad de un niño de 16 años que está ingresado en una institución de adultos”, mencionó la abogada.
“No es mi sobrino”
En la audiencia estuvo presente Meraliz Rosa, hija de la víctima, quien hizo una fuerte declaración mientras abordaba el elevador del tribunal. “Ese no es mi sobrino después de lo que hizo”, comentó Rosa a la prensa.
Ante todo lo acontecido, el tribunal determinó que Reyes Rosa será sometido a una evaluación el 15 de octubre. Además, pautó para el 19 de octubre, a las 9:00 a.m., una vista de estatus y para el 27 de octubre una audiencia al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal.
