La Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifestó su respaldo a la querella presentada por un grupo de abogados contra el director de la Policía Nacional, por presuntas ejecuciones extrajudiciales y alegadas violaciones de los derechos fundamentales de ciudadanos señalados como presuntos delincuentes.
La entidad informó que trabaja en la documentación de los expedientes relacionados con estos casos, con el propósito de constituirse como interviniente voluntaria en el proceso presentado ante la Procuraduría General de la República por los juristas Iván Cáceres y Cándido Simón.
El presidente de la Comisión afirmó que la organización dará seguimiento a las denuncias y colaborará con los familiares de las presuntas víctimas, a través de un comité que trabaja en la recopilación de información sobre las muertes atribuidas a actuaciones policiales.
Denuncian más de 100 presuntas ejecuciones
De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por el representante de la entidad, los registros de la Comisión contabilizan más de 100 casos que considera ejecuciones extrajudiciales durante los últimos dos meses, en el contexto de la actual gestión de la Policía Nacional.
El dirigente de derechos humanos sostuvo que existen indicios que, a su juicio, ameritan investigar posibles responsabilidades penales por las actuaciones denunciadas, al considerar que podrían vulnerar disposiciones constitucionales y legales.
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Estas afirmaciones forman parte de las denuncias de la organización y deberán ser examinadas por las autoridades competentes en el marco de las investigaciones correspondientes.
Piden a la Procuraduría investigar la querella
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó a la procuradora general de la República a cumplir con su responsabilidad de investigar los hechos denunciados y dar curso a la querella dentro de los plazos establecidos por la Constitución y las leyes.
Asimismo, advirtió que, si considera que no se está dando el debido seguimiento al caso, iniciará otros procedimientos para exigir que el Ministerio Público investigue y procese a los funcionarios que pudieran tener responsabilidad en los hechos.
La organización reiteró que su participación como interviniente voluntaria busca contribuir a la documentación de los casos, respaldar a los familiares de las víctimas y promover que las denuncias sean conocidas por las instancias judiciales correspondientes.
El caso vuelve a colocar en el centro del debate público las denuncias sobre presuntos abusos policiales, el respeto al derecho a la vida y la necesidad de que las actuaciones de los organismos de seguridad se desarrollen conforme al marco legal dominicano.
