SANTO DOMINGO.- La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), mediante la sentencia SCJ-TS-26-1978, del 30 de septiembre de 2026, casó la sentencia de la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que había rechazado una demanda en responsabilidad patrimonial interpuesta por Inteligencia Legal, SRL, contra la Cámara de Cuentas (CCRD). El expediente vuelve ahora a la Tercera Sala del TSA para un nuevo juicio.
El origen de la controversia se remonta al 25 de marzo de 2021, fecha en la que la referida firma de abogados y el órgano de control suscribieron un contrato de servicios, aprobado por el Pleno de este último mediante la Decisión núm. DEC-X-2021-001.
En agosto de 2021, la CCRD dictó dos resoluciones: la ADM-2021-006, que inició de oficio un procedimiento de declaratoria de lesividad contra la decisión que aprobó el contrato, y la ADM-2021-007, que suspendió provisionalmente sus efectos.
Entre noviembre y diciembre de 2022, Inteligencia Legal interpuso varias demandas contra la CCRD por distintos hechos generadores, incluida la suspensión del contrato. En relación con este caso, la Tercera Sala del TSA se declaró incompetente en 2024, pero la SCJ casó ese fallo mediante la sentencia SCJ-TS-25-4336, del 18 de diciembre de 2025, y remitió el expediente a la Quinta Sala del TSA, que rechazó la demanda el 22 de abril de 2026 mediante la sentencia que acaba de ser anulada.
La SCJ sostuvo que dicha sala del TSA circunscribió su examen a las resoluciones de la CCRD, sin ponderar los aspectos esenciales planteados por Inteligencia Legal, en particular los argumentos que, a partir de los derechos y obligaciones derivados del contrato, cuestionaban la legalidad de la suspensión y los daños sufridos a causa de esta.
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Para la SCJ, el control judicial realizado por la Quinta Sala del TSA resultó tan “defectuoso” que tampoco ofreció respuesta, siquiera implícita, a otros planteamientos formulados por la empresa demandante, que estuvo representada por los abogados Julio Cury y José Alberto Cruceta hijo.
Se recuerda que la CCRD había demandado ante el TSA la declaratoria de lesividad de la decisión que aprobó el contrato. La acción fue rechazada por la Cuarta Sala del TSA, cuya decisión quedó firme el 23 de julio de 2026 mediante la sentencia SCJ-SR-26-00319, de las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia. Así, la suspensión dispuesta por la CCRD mantuvo paralizado durante años un acto administrativo que, en definitiva, resultó válido.
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