Santo Domingo. – El Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva contra Ángel Luis Guzmán Vásquez, imputado por su presunta vinculado a red de corrupción investigada, que, según el Ministerio Público, habría sustraído miles de millones de pesos del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La decisión fue adoptada por el juez Raymundo Mejía, quien acogió la solicitud del Ministerio Público al considerar que no han cambiado las circunstancias que motivaron la imposición de la medida de coerción. La próxima revisión obligatoria fue fijada para dentro de tres meses.
El fiscal litigante Emmanuel Ramírez, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, explicó que el tribunal tomó en cuenta la gravedad de los hechos atribuidos al imputado y la permanencia de las condiciones que justificaron su encarcelamiento.
«Esta decisión es importante porque se considera que el caso todavía guarda una gravedad y todavía se mantienen las condiciones que dieron lugar a que este imputado se encuentre en prisión preventiva”, declaró Ramírez a los periodistas tras la audiencia celebrada el viernes.
¿De qué se acusa a Ángel Luis Guzmán Vásquez?
De acuerdo con el Ministerio Público, Guzmán Vásquez trabajó como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de Senasa desde el 8 de marzo de 2021 hasta el 1 de noviembre de 2022.
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El imputado fue arrestado a finales de abril de 2026 por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), cuando intentaba viajar a Boston, Estados Unidos, sin contar con boleto de regreso a República Dominicana.
Posteriormente, un tribunal le impuso 18 meses de prisión preventiva, medida que fue ratificada en julio y confirmada nuevamente en la más reciente audiencia.
Según la investigación, Guzmán Vásquez estaría relacionado con autorizaciones irregulares de consultas y procedimientos médicos, utilizadas presuntamente para obtener pagos fuera de los parámetros establecidos legalmente.
Como parte de la Operación Cobra, el Ministerio Público investiga 4,363 autorizaciones de servicios médicos, solicitadas entre el 28 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025, correspondientes a cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas.
Estas operaciones representan un monto investigado de al menos RD$41,125,551.02, según el órgano acusador.
Operación involucra a decenas de imputados
La investigación se amplió en septiembre, mediante el cual fueron procesadas otras personas, incluido personal médico, por su presunta participación en el esquema de corrupción.
En esa fase, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó distintas medidas de coerción, entre ellas, prisión preventiva, arresto domiciliario, garantías económicas, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Entre los imputados enviados a prisión preventiva figuran Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet, quienes deben cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en San Antonio de Guerra.
También recibieron prisión preventiva Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista, quienes fueron enviadas al centro penitenciario Najayo Mujeres.
En estos casos, el tribunal impuso 18 meses de prisión preventiva y fijó la revisión obligatoria para el 22 de diciembre de 2026.
Otros procesados recibieron arresto domiciliario, garantías económicas de entre uno y tres millones de pesos y distintas restricciones judiciales.
Ministerio Público atribuye al grupo múltiples delitos
La red de corrupción también incluye al exdirector de Senasa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, y otros exfuncionarios y particulares sometidos a la justicia por su presunta participación en el entramado.
El Ministerio Público atribuye a los investigados delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación de documentos y lavado de activos.
Según el órgano persecutor, durante la investigación se han recopilado evidencias de presuntos sobornos, alteraciones de estados financieros y programas especiales sin sustento jurídico, utilizados supuestamente para desviar fondos de la aseguradora estatal.
La acusación sostiene que el esquema involucró a funcionarios de SeNaSa y prestadores de servicios médicos, mediante operaciones fraudulentas que habrían ocasionado pérdidas millonarias al Estado dominicano.
Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público arrestó en junio a tres personas por presuntas irregularidades que afectaron al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, al Instituto Oncológico Regional del Cibao y a SeNaSa.
Por este último caso, Héctor Antonio Lora Cruceta y Luisa Yasiris Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Dilcia Isabel Vargas Sánchez permanece bajo arresto domiciliario.
El Ministerio Público busca obtener sanciones penales contra los responsables y recuperar los recursos presuntamente sustraídos al Estado.
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