El Tribunal Constitucional informó que no existe ningún precedente jurisprudencial que permita las ofensas a funcionarios públicos o cualquier otra persona.
Esta información surge luego del inconveniente que se originó en un juego de beisbol entre el presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho y un fanático, quien fue apresado por presuntamente haberle dicho “corrupto”.
El TC se refirió a l tema a través de un comunicado en espacio pagado, donde dice que en varias ocasiones se ha referido al derecho fundamental de todas las personas de expresarse libremente, pero que este puede estar sujeto a limitaciones, siempre que las mismas encuentren su fundamento en la propia Constitución. Indicó que entre otros aspectos, se solicitó al Tribunal Constitucional decidir si las disposiciones en cuestión violaban la Constitución al establecer ciertas sanciones penales de privación de libertad y multa especialmente agravadas cuando se trate de afirmaciones contra funcionarios públicos.
