El gobierno dominicano mantiene numerosos programas sociales.Ld
Santo Domingo – El miércoles, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) pidió al gobierno dominicano continuar desarrollando programas alimentarios para reducir el hambre.
Esto a pesar de haber retirado el proyecto de ley de “Transformación Fiscal”, con el que el Poder Ejecutivo pretendía recaudar más ingresos para invertir en importantes sistemas sociales.
Según explicó, el representante de la FAO en República Dominicana, Rodrigo Castañeda, espera que la administración pública siga trabajando para reducir los índices que miden la falta de alimentos del pueblo.
“No veo falta de recursos (en el país). Hasta el momento no se ha aprobado la reforma tributaria. Entonces esperemos que se mantengan todos los programas sociales porque darle comida a dos millones de niños ayuda mucho…” dijo Castañeda.
Castañeda también recordó los avances recientes del país, al registrar una caída en las estadísticas del marco de desnutrición del 8,3% en 2020 al 4,6% en 2023.
Según el comunicado presidencial publicado el 24 de julio, este logro liberó a 500.000 familias del flagelo alimentario.
El informe indica que los avances son resultado del fortalecimiento de los programas de alimentación escolar, la ayuda social a través del programa Supérate y la ampliación de los comedores económicos.
Según detalló, el Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre) estableció mercados más abiertos, permitiendo una mejor distribución a más de 1,5 millones de ciudadanos vulnerables.
Castañeda emitió estas declaraciones al participar en el primer foro nacional sobre alimentación escolar, que se realizó en la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Además, varias comisiones legislativas estudiaron proyectos de ley relacionados con el desarrollo de las familias dominicanas.
Reforma fiscal
El proyecto de reforma tributaria fue retirado de la Cámara Baja el martes pasado. El presidente Luis Abinader tomó esa decisión en respuesta a su rechazo generalizado en la sociedad, lo que provocó protestas aisladas en varias provincias del territorio nacional.
