Santo Domingo.- El conflicto de larga data entre el Distrito Municipal de Verón-Punta Cana y el Ayuntamiento de Higüey sobre la Autoridad de Uso de la Tierra dio un nuevo giro esta semana después de que la consultoría legal de la rama ejecutiva aclarara que los municipios, no los distritos, obtuvieron el control sobre las decisiones de uso de la tierra hasta las regulaciones de la ley 368-22.
Ramón Antonio Ramírez (Manolito), director del Consejo de Distrito de Verón-Punta Cana, ha sido encerrado en una disputa con el Ministerio de Vivienda y Edificios (MIVE), acusando a la institución de ignorar la ley 368-22 sobre la planificación territorial y el desarrollo urbano. Esta ley, efectiva desde diciembre de 2022, otorga a los distritos municipales a más de 15,000 residentes, como la Verón, que excede los 138,000, la autoridad para establecer su propia oficina de planificación urbana. Sin embargo, MIVE ha rechazado los certificados de uso de la tierra emitidos por el distrito, paralizando más de 20 proyectos de inversión.
Una reunión reciente que involucró a Ramírez, el ministro Carlos Bonilla, la alcaldesa de Higüey, Karina Aristy, y el senador Rafael Barón Duluc terminaron sin resolución. Desde entonces, la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodin) ha respaldado a Verón-Punta Cana y presentó una demanda contra MIVE, buscando RD $ 3 mil millones en daños por presuntos incumplimientos de la ley.
En respuesta a la disputa en curso, el organismo asesor legal de la rama ejecutiva emitió una opinión formal que indica que, si bien el artículo 24 de la ley 368-22 ofrece autonomía a los distritos calificados, su solicitud está a la espera de la emisión de regulaciones específicas. Hasta que sean liberados, esperados en los próximos días, la jurisdicción sobre el uso de la tierra permanece únicamente con los municipios, según lo establecido por la Ley 176-07 y reafirmada por el Tribunal Constitucional.
Los funcionarios locales en Verón-Punta Cana argumentan que la continua negativa del Ministerio a reconocer su autoridad ha creado incertidumbre legal y ha estancado millones de dólares en inversión turística en una de las zonas económicas más vitales del país.
