Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República instruyó a sus dependencias de toda la República Dominicana a que soliciten multas de entre 2,000 (US$34) y cien mil pesos (US$1,724) a las personas que sean arrestadas por violar el toque de queda impuesto por el Gobierno para tratar de controlar la pandemia de coronavirus.
Observó que en los casos de que los imputados estén imposibilitados de pagar esas multas, los fiscales deben solicitar al Juez competente la conversión de las mismas en trabajo comunitario de utilidad pública o interés comunitario en una institución estatal u organización sin fines de lucro.
La disposición en este sentido está contenida en una “Instrucción General” que la procuradora general Miriam Germán Brito remitió este lunes a los procuradores titulares de las fiscalías, generales de cortes de apelación titulares y generales de cortes titulares de procuradurías especializadas.
Esta comunicación, a la cual tuvo acceso ALMOMENTO.NET, ha sido enviada con copia a la Directora General de Persecución del Ministerio Público.
En su artículo primero, ordena a los agentes de la Policía Nacional que presenten ante el Ministerio Público “sin demora y sin falta, a todas aquellas personas que sean arrestados por violación al toque de queda y a las medidas relativas a las aglomeraciones de más de 10 personas en los espacios públicos y privados de uso público, impuestos en el decreto 7-21, de 8 de enero de 20 21, o cualquier otro decreto emitido por el Poder Ejecutivo”.
Señala que “en caso de verificar que el pago de una multa constituiría una imposibilidad para el imputado, deben solicitar al juez competente la conversión de la multa en trabajo comunitario de utilidad pública o interés comunitario en una institución estatal u organización sin fines de lucro y, fuera de sus horarios habituales”.
La Procuradora informa que, a partir de la fecha, para el registro y verificación de las multas correspondientes a las sanciones indicadas, se utilizará la plataforma tecnológica de la Procuraduría general de la República, conocida como Back Office.
Instruye a los procuradores fiscales titulares remitir los días lunes de cada semana la Dirección General Administrativa y Financiera la relación de las multas cobradas en la semana anterior.
