República Dominicana y Haití mantienen enquistadas sus posiciones sobre la construcción del polémico canal en el limítrofe río Masacre, cuando este viernes se cumple una semana de que Santo Domingo cerrase todas las fronteras con el vecino país, lo que está generando importantes daños económicos a ambas partes.
Mientras tanto, a lo largo de la línea divisoria reina la calma, incluido el principal punto limítrofe, Dajabón (noroeste de República Dominicana), donde, en declaraciones a los medios, el comandante general del Ejército dominicano, mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre, aseguró este viernes que la frontera está tranquila y controlada y que no hay amenazas.
Desde que a las 06:00 hora local del 15 de septiembre (10:00 GMT) República Dominicana clausurara las fronteras terrestres, marítimas y aéreas con Haití, con el consiguiente bloqueo del comercio bilateral, no ha habido avances e, incluso, las posturas se han distanciado más.
Si bien al inicio de esta crisis el Gobierno de Haití se desmarcaba del proyecto, una iniciativa privada sin apoyo oficial, ahora el Ejecutivo afirma que hay que seguir adelante con las obras del polémico canal y ha decidido apoyarlas.
“Sí, el canal debe construirse. Sí, hay que esforzarse para que el agua llegue a los canales como es debido. Sí, es a través de la solidaridad y la unidad como puede regarse la tierra de (la llanura de) Maribahoux”, afirmó el jueves el Ministerio de Agricultura en nombre del gabinete, que defiende el derecho de “Haití a beneficiarse de forma equilibrada de los recursos que comparte con su vecino dominicano”.
Por todo ello y ante la exigencia del Gobierno dominicano de que las obras deben paralizarse antes de sentarse a hablar, la reanudación de las conversaciones bilaterales no parece próxima.
Un diálogo que se interrumpió el jueves 14 de septiembre cuando el presidente dominicano, Luis Abinader, comunicó que definitivamente se cerrarían las fronteras al día siguiente, justo cuando tenía lugar en Santo Domingo una reunión de la Comisión Binacional con el objetivo de resolver la situación a través del diálogo.
El Ejecutivo dominicano, que considera que el canal viola los tratados bilaterales, pone como condición para ese diálogo que cese el “trasvase ilegal” de aguas a cargo de “un pequeño grupo de particulares haitianos (…), una reducida elite económico-política para lucrarse” con la venta de agua a pequeños productores de la zona, como reiteró Abinader el miércoles pasado en su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Al tiempo que no hay acercamiento, avanzan las obras del canal y miles de haitianos abandonan cada día República Dominicana y retornan a su país, a pesar de la aguda crisis y la extrema violencia que se vive allí a manos de las bandas armadas que controlan gran parte de Puerto Príncipe y otras zonas de Haití.
Aunque no hay cifras oficiales, a diario se repite la escena de numerosas personas esperando con sus pertenencias la apertura temporal de los puestos fronterizos, en especial Dajabón, para salir de territorio dominicano. A ellas se suman los haitianos en situación irregular que son deportados.
El otro gran afectado por el cierre de fronteras es el dinámico comercio entre ambos países, sobre todo en lugares próximos a la frontera donde, hasta ahora, tenían lugar varios días por semana mercados bilaterales en los que haitianos y dominicanos intercambiaban todo tipo de productos.
Ello supone pérdidas muy abultadas para los comerciantes y los productores de la zona, ante lo cual el Gobierno dominicano ha adoptado medidas para intentar minimizar las consecuencias, como la reestructuración de deudas, la concesión de préstamos a tasa cero, la comercialización por organismos oficiales de productos que no se están vendiendo o el reparto de raciones en comedores económicos para aprovechar los alimentos y evitar que se estropeen.
Unos impactos negativos para ambas partes de los que alertó en su momento el experto de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Haití, William O’Neill, quien pidió a República Dominicana reconsiderar el cierre de fronteras, una medida que Abinader anunció que se mantendrá “el tiempo que sea necesario”.
Pero sobre todo la gran afectada será la población haitiana, que en un 43 % sufre de inseguridad alimentaria y que en casi un 50 % precisa de ayuda humanitaria.
