Sánchez Ramírez, Cotuí.- En la madrugada del pasado miércoles, el Ejército dominicano realizó un contundente operativo en Arroyo Vuelta para facilitar el ingreso de maquinaria de la empresa minera Barrick Gold. Los vecinos calificaron la intervención como excesiva, citando el uso de balas de perdigones y gases lacrimógenos, lo que provocó caos y miedo en la comunidad.
La operación dejó ocho personas heridas, entre ellas Isidro Coronado, quien requirió cirugía en un pie, y Jhonny Durán, representante de la Conferencia Episcopal Dominicana, quien sufrió una lesión en el rostro. Tres mujeres, Apolonia Jiménez, Julia Mendoza y Yolanda Fabián, habrían sido arrastradas por personal militar, lo que generó acusaciones de violencia de género. Además, el miembro de la comunidad Geraldo Cuevas fue detenido sin explicación, lo que intensificó aún más las tensiones.
Los residentes han condenado el uso de la fuerza militar, citando agravios no resueltos, como el impago de compensaciones por propiedades dañadas, la falta de reasentamiento digno y una gestión inadecuada de residuos tóxicos. Los niños también se vieron afectados, y se informó de asfixia por los gases lacrimógenos. El incidente ha intensificado las críticas a la prioridad del gobierno de los intereses corporativos sobre los derechos de los ciudadanos y la estabilidad regional.
